Constitución Nacional del Paraguay
PREÁMBULO
El
pueblo paraguayo, por medio de sus legítimos representantes reunidos en
Convención Nacional Constituyente, invocando a Dios, reconociendo la dignidad
humana con el fin de asegurar la libertad, la igualdad y la justicia,
reafirmando los principios de la democracia republicana, representativa,
participativa y pluralista, ratificando la soberanía e independencia
nacionales, e integrado a la comunidad internacional, SANCIONA Y PROMULGA esta
Constitución.
Asunción,
20 de junio de 1992
PARTE I.
DE LAS DECLARACIONES FUNDAMENTALES, DE LOS DERECHOS, DE LOS DEBERES Y DE LAS GARANTÍAS
DE LAS DECLARACIONES FUNDAMENTALES, DE LOS DERECHOS, DE LOS DEBERES Y DE LAS GARANTÍAS
TÍTULO
I.
DE LAS DECLARACIONES FUNDAMENTALES
DE LAS DECLARACIONES FUNDAMENTALES
Artículo
1 - DE LA FORMA DEL ESTADO Y DE GOBIERNO
La
República del Paraguay es para siempre libre e independiente. Se constituye en
Estado social de derecho, unitario, indivisible, y descentralizado en la forma
que se establecen esta Constitución y las leyes.
La
República del Paraguay adopta para su gobierno la democracia representativa,
participativa y pluralista, fundada en el reconocimiento de la dignidad humana.
Artículo
2 - DE LA SOBERANÍA
En la
República del Paraguay y la soberanía reside en el pueblo, que la ejerce,
conforme con lo dispuesto en esta Constitución.
Artículo
3 - DEL PODER PUBLICO
El
pueblo ejerce el Poder Público por medio del sufragio. El gobierno es ejercido
por los poderes legislativo, Ejecutivo y Judicial en un sistema de separación,
equilibrio, coordinación y recíproco control. Ninguno de estos poderes puede
atribuirse, ni otorgar a otro ni a persona alguna, individual o colectiva,
facultades extraordinarias o la suma del Poder Público.
La
dictadura está fuera de ley.
TÍTULO
II.
DE LOS DERECHOS, DE LOS DEBERES Y DE LAS GARANTÍAS
DE LOS DERECHOS, DE LOS DEBERES Y DE LAS GARANTÍAS
CAPÍTULO
I.
DE LA VIDA Y DEL AMBIENTE
DE LA VIDA Y DEL AMBIENTE
SECCIÓN
I.
DE LA VIDA
DE LA VIDA
Artículo
4 - DEL DERECHO A LA VIDA
El
derecho a la vida es inherente a la persona humana. Se garantiza su protección,
en general, desde la concepción. Queda abolida la pena de muerte. Toda persona
será protegida por el Estado en su integridad física y psíquica, así como en su
honor y en su reputación. La ley reglamentará la liberta de las personas para
disponer de su propio cuerpo, sólo con fines científicos o médicos.
Artículo
5 - DE LA TORTURA Y DE OTROS DELITOS
Nadie
será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
El
genocidio y la tortura, así como la desaparición forzosa de personas, el
secuestro y el homicidio por razones políticas son imprescriptibles.
Artículo
6 - DE LA CALIDAD DE VIDA
La calidad
de vida será promovida por el Estado mediante planes y políticas que reconozcan
factores condicionantes, tales como la extrema pobreza y los impedimentos de la
discapacidad o de la edad.
El
Estado también fomentará la investigación sobre los factores de población y sus
vínculos con el desarrollo económico social, con la preservación del ambiente y
con la calidad de vida de los habitantes.
SECCIÓN
II.
DEL AMBIENTE
DEL AMBIENTE
Artículo
7 - DEL DERECHO A UN AMBIENTE SALUDABLE
Toda
persona tiene derecho a habitar en un ambiente saludable y ecológicamente
equilibrado.
Constituyen
objetivos prioritarios de interés social la preservación, la conservación, la
recomposición y el mejoramiento del ambiente, así como su conciliación con el
desarrollo humano integral. Estos propósitos orientarán la legislación y la
política gubernamental pertinente.
Artículo
8 - DE LA PROTECCIÓN AMBIENTAL
Las
actividades susceptibles de producir alteración ambiental serán reguladas por
la ley. Asimismo, ésta podrá restringir o prohibir aquellas que califique
peligrosas.
Se
prohibe la fabricación, el montaje, la importación, la comercialización, la
posesión o el uso de armas nucleares, químicas y biológicas, así como la
introducción al país de residuos tóxicos. La ley podrá extender ésta prohibición
a otros elementos peligrosos; asimismo, regulará el tráfico de recursos
genéticos y de su tecnología, precautelando los intereses nacionales.
El
delito ecológico será definido y sancionado por la ley. Todo daño al ambiente
importará la obligación de recomponer e indemnizar.
CAPÍTULO
II
DE LA LIBERTAD
DE LA LIBERTAD
Artículo
9 - DE LA LIBERTAD Y DE LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS
Toda
persona tiene el derecho a ser protegida en su libertad y en su seguridad.
Nadie
está obligado a hacer lo que la ley no ordena ni privado de lo que ella no
prohibe.
Artículo
10 - DE LA PROSCRIPCIÓN DE LA ESCLAVITUD Y OTRAS SERVIDUMBRES
Están
proscritas la esclavitud, las servidumbres personales y la trata de personas.
La ley podrá establecer cargas sociales en favor del Estado.
Artículo
11 - DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD
Nadie
será privado de su libertad física o procesado, sino mediando las causas y en
las condiciones fijadas por esta Constitución y las leyes.
Artículo
12 - DE LA DETENCIÓN Y DEL ARRESTO
Nadie
será detenido ni arrestado sin orden escrita de autoridad competente, salvo
caso de ser sorprendido en flagrante comisión de delito que mereciese pena
corporal. Toda persona detenida tiene derecho a:
que se
le informe, en el momento del hecho, de la causa que lo motiva, de su derecho a
guardar silencio y a ser asistida por un defensor de su confianza. En el acto
de la detención, la autoridad está obligada a exhibir la orden escrita que la
dispuso;
que la detención sea inmediatamente comunicada a sus familiares o personas que el detenido indique;
que se le mantenga en libre comunicación, salvo que, excepcionalmente, se halle establecida en su incomunicación por mandato judicial competente, la incomunicación no regirá respecto a su defensor, y en ningún caso podrá exceder del término que prescribe la ley;
que disponga de un intérprete, si fuere necesario, y a
que sea puesta, en un plazo no mayor de veinticuatro horas, a disposición del magistrado judicial competente, para que éste disponga cuanto corresponda en derecho.
Artículo 13 - DE LA NO PRIVACIÓN DE LIBERTAD POR DEUDAS
que la detención sea inmediatamente comunicada a sus familiares o personas que el detenido indique;
que se le mantenga en libre comunicación, salvo que, excepcionalmente, se halle establecida en su incomunicación por mandato judicial competente, la incomunicación no regirá respecto a su defensor, y en ningún caso podrá exceder del término que prescribe la ley;
que disponga de un intérprete, si fuere necesario, y a
que sea puesta, en un plazo no mayor de veinticuatro horas, a disposición del magistrado judicial competente, para que éste disponga cuanto corresponda en derecho.
Artículo 13 - DE LA NO PRIVACIÓN DE LIBERTAD POR DEUDAS
No se
admite la privación de la libertad por deuda, salvo mandato de autoridad
judicial competente dictado por incumplimiento de deberes alimentarios o como
sustitución de multas o fianzas judiciales.
Artículo
14 - DE LA IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY
Ninguna
ley tendrá efecto retroactivo, salvo que sea más favorable al encausado o al
condenado.
Artículo
15 - DE LA PROHIBICIÓN DE HACERSE JUSTICIA POR SI MISMO
Nadie
podrá hacerse justicia por sí mismo ni reclamar sus derecho con violencia.
Pero, se garantiza la legítima defensa.
Artículo
16 - DE LA DEFENSA EN JUICIO
La
defensa en juicio de las personas y de sus derechos es inviolable. Toda persona
tiene derecho a ser juzgada por tribunales y jueces competentes, independientes
e imparciales.
Artículo
17 - DE LOS DERECHOS PROCESALES
En el
proceso penal, o en cualquier otro del cual pudiera derivarse pena o sanción,
toda persona tiene derecho a:
que sea
presumida su inocencia;
que se le juzgue en juicio público, salvo los casos contemplados por el magistrado para salvaguardar otros derechos;
que no se le condene sin juicio previo fundado en una ley anterior al hecho del proceso, ni que se le juzgue por tribunales especiales;
que no se le juzgue más de una vez por el mismo hecho. No se pueden reabrir procesos fenecidos, salvo la revisión favorable de sentencias penales establecidas en los casos previstos por la ley procesal;
que se defienda por sí misma o sea asistida por defensores de su elección;
que el Estado le provea de un defensor gratuito, en caso de no disponer de medios económicos para solventarlo;
la comunicación previa y detallada de la imputación, así como a disponer de copias, medios y plazos indispensables para la preparación de su defensa en libre comunicación;
que ofrezca, practique, controle e impugne pruebas;
que no se le opongan pruebas obtenidas o actuaciones producidas en violación de las normas jurídicas;
el acceso, por sí o por intermedio de su defensor, a las actuaciones procesales, las cuales en ningún caso podrán ser secretas para ellos. El sumario no se prolongará más allá del plazo establecido por la ley, y a
la indemnización por el Estado en caso de condena por error judicial.
Artículo 18 - DE LAS RESTRICCIONES DE LA DECLARACIÓN
que se le juzgue en juicio público, salvo los casos contemplados por el magistrado para salvaguardar otros derechos;
que no se le condene sin juicio previo fundado en una ley anterior al hecho del proceso, ni que se le juzgue por tribunales especiales;
que no se le juzgue más de una vez por el mismo hecho. No se pueden reabrir procesos fenecidos, salvo la revisión favorable de sentencias penales establecidas en los casos previstos por la ley procesal;
que se defienda por sí misma o sea asistida por defensores de su elección;
que el Estado le provea de un defensor gratuito, en caso de no disponer de medios económicos para solventarlo;
la comunicación previa y detallada de la imputación, así como a disponer de copias, medios y plazos indispensables para la preparación de su defensa en libre comunicación;
que ofrezca, practique, controle e impugne pruebas;
que no se le opongan pruebas obtenidas o actuaciones producidas en violación de las normas jurídicas;
el acceso, por sí o por intermedio de su defensor, a las actuaciones procesales, las cuales en ningún caso podrán ser secretas para ellos. El sumario no se prolongará más allá del plazo establecido por la ley, y a
la indemnización por el Estado en caso de condena por error judicial.
Artículo 18 - DE LAS RESTRICCIONES DE LA DECLARACIÓN
Nadie
puede ser obligado a declarar contra sí mismo, contra su cónyuge o contra la
persona con quien está unida ni contra sus parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad inclusive.
Los
actos ilícitos o la deshonra de los imputados no afectan a sus parientes o
allegados.
Artículo
19 - DE LA PRISIÓN PREVENTIVA
La
prisión preventiva solo será dictada cuando fuese indispensable en las
diligencias del juicio. En ningún caso la misma se prolongará por un tiempo mayor
al de la pena mínima establecida para igual delito, de acuerdo con la
calificación del hecho efectuada en el auto respectivo.
Artículo
20 - DEL OBJETO DE LAS PENAS
Las
penas privativas de libertad tendrán por objeto la readaptación de los
condenados y la protección de la sociedad.
Quedan
proscritas la pena de confiscación de bienes y la de destierro.
Artículo
21 - DE LA RECLUSIÓN DE LAS PERSONAS
Las
personas privadas de su libertad serán recluidas en establecimientos adecuados,
evitando la promiscuidad de sexos. Los menores no serán recluidos con personas
mayores de edad.
La
reclusión de personas detenidas se hará en lugares diferentes a los destinados
para los que purguen condena.
Artículo
22 - DE LA PUBLICACIÓN SOBRE PROCESOS
La
publicación sobre procesos judiciales en curso debe realizarse sin
prejuzgamiento.
El
procesado no deberá ser presentado como culpable antes de la sentencia
ejecutoriada.
Artículo
23 - DE LA PRUEBA DE LA VERDAD
La
prueba de la verdad y de la notoriedad no serán admisibles en los procesos que
se promoviesen con motivo de publicaciones de cualquier carácter que afecten al
honor, a la reputación o a la dignidad de las personas, y que se refieran a
delitos de acción penal privada o a conductas privadas que esta Constitución o
la ley declaran exentas de la autoridad pública.
Dichas
pruebas serán admitidas cuando el proceso fuera promovido por la publicación de
censuras a la conducta pública de los funcionarios del Estado, y en los demás
casos establecidos expresamente por la ley.
Artículo
24 - DE LA LIBERTAD RELIGIOSA Y LA IDEOLÓGICA
Quedan
reconocidas la libertad religiosa, la de culto y la ideológica, sin más
limitaciones que las establecidas en esta Constitución y en la ley. Ninguna
confesión tendrá carácter oficial.
Las
relaciones del Estado con la iglesia católica se basan en la independencia,
cooperación y autonomía.
Se
garantizan la independencia y la autonomía de las iglesias y confesiones
religiosas, sin más limitaciones que las impuestas en esta Constitución y las
leyes.
Nadie
puede ser molestado, indagado u obligado a declarar por causa de sus creencias
o de su ideología.
Artículo
25 - DE LA EXPRESIÓN DE LA PERSONALIDAD
Toda
persona tiene el derecho a la libre expresión de su personalidad, a la
creatividad y a la formación de su propia identidad e imagen.
Se
garantiza el pluralismo ideológico.
Artículo
26 - DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DE PRENSA
Se
garantizan la libre expresión y la libertad de prensa, así como la difusión del
pensamiento y de la opinión, sin censura alguna, sin más limitaciones que las
dispuestas en esta Constitución; en consecuencia, no se dictará ninguna ley que
las imposibilite o las restrinja. No habrá delitos de prensa, sino delitos
comunes cometidos por medio de la prensa.
Toda
persona tiene derecho a generar, procesar o difundir información, como
igualmente a la utilización de cualquier instrumento lícito y apto para tales
fines.
Artículo
27 - DEL EMPLEO DE LOS MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL
El
empleo de los medios de comunicación es de interés público; en consecuencia, no
se los podrá clausurar ni suspender su funcionamiento.
No se
admitirá la prensa carente de dirección responsable.
Se
prohibe toda práctica discriminatoria en la provisión de insumos para la
prensa, así como interferir las frecuencias radioeléctricas y obstruir, de la
manera que fuese, la libre circulación, la distribución y la venta de
periódicos, libros, revistas o demás publicaciones con dirección o autoría
responsable.
Se
garantiza el pluralismo informativo.
La ley
regulará la publicidad a los efectos de la mejor protección de los derechos del
niño, del joven, del analfabeto, del consumidor y de la mujer.
Artículo
28 - DEL DERECHO A INFORMARSE
Se
reconoce el derecho de las personas a recibir información veraz, responsable y
ecuánime.
Las
fuentes públicas de información son libres para todos. La ley regulará las
modalidades, plazos y sanciones correspondientes a las mismas, a fin de que
este derecho sea efectivo.
Toda
persona afectada por la difusión de una información falsa, distorsionada o
ambigua tiene derecho a exigir su rectificación o su aclaración por el mismo
medio y en las mismas condiciones que haya sido divulgada, sin perjuicio de los
demás derechos compensatorios.
Artículo
29 - DE LA LIBERTAD DE EJERCICIO DEL PERIODISMO
El
ejercicio del periodismo, en cualquiera de sus formas, es libre y no está
sujeto a autorización previa. Los periodistas de los medios masivos de
comunicación social en cumplimiento de sus funciones, no serán obligados a
actuar contra los dictados de su conciencia ni a revelar sus fuentes de
información.
El
periodista columnista tiene derecho a publicar sus opiniones firmadas, sin
censura, en el medio en el cual trabaje. La dirección podrá dejar a salvo su
responsabilidad haciendo constar su disenso.
Se
reconoce al periodista el derecho de autoría sobre el producto de su trabajo
intelectual, artístico o fotográfico, cualquiera sea su técnica, conforme con
la ley.
Artículo
30 - DE LAS SEÑALES DE COMUNICACIÓN ELECTROMAGNÉTICA
La
emisión y la propagación de las señales de comunicación electromagnética son
del dominio público del Estado, el cual, en ejercicio de la soberanía nacional,
promoverá el pleno empleo de las mismas según los derechos propios de la
República y conforme con los convenios internacionales ratificados sobre la
materia.
La ley
asegurará, en igualdad de oportunidades, el libre acceso al aprovechamiento del
espectro electromagnético, así como al de los instrumentos electrónicos de
acumulación y procesamiento de información pública, sin más límites que los
impuestos por las regulaciones internacionales y las normas técnicas. Las
autoridades asegurarán que estos elementos no sean utilizados para vulnerar la
intimidad personal o familiar y los demás derechos establecidos en esta
Constitución.
Artículo
31 - DE LOS MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL ESTADO
Los
medios de comunicación dependientes del Estado serán regulados por ley en su
organización y en su funcionamiento, debiendo garantizarse el acceso democrático
y pluralista a los mismos de todos los sectores sociales y políticos, en
igualdad de oportunidades.
Artículo
32 - DE LA LIBERTAD DE REUNIÓN Y DE MANIFESTACIÓN
Las
personas tienen derecho a reunirse y a manifestarse pacíficamente, sin armas y con
fines lícitos, sin necesidad de permiso, así como el derecho a no ser obligadas
a participar de tales actos. La ley sólo podrá reglamentar su ejercicio en
lugares de tránsito público, en horarios determinados, preservando derechos de
terceros y el orden público establecido en la ley.
Artículo
33 - DEL DERECHO A LA INTIMIDAD
La
intimidad personal y familiar, así como el respeto a la vida privada, son
inviolables. La conducta de las personas, en tanto no afecte al orden público
establecido en la ley o a los derechos de terceros, está exenta de la autoridad
pública.
Se
garantizan el derecho a la protección de la intimidad, de la dignidad y de la
imagen privada de las personas.
Artículo
34 - DEL DERECHO A LA INVIOLABILIDAD DE LOS RECINTOS PRIVADOS
Todo recinto
privado es inviolable. Sólo podrá ser allanado o clausurado por orden judicial
y con sujeción a la ley. Excepcionalmente podrá serlo, además, en caso de
flagrante delito o para impedir su inminente perpetración, o para evitar daños
a la persona o a la propiedad.
Artículo
35 - DE LOS DOCUMENTOS IDENTIFICATORIOS
Los
documentos identificatorios, licencias o constancias de las personas no podrán
ser incautados ni retenidos por las autoridades. Estas no podrán privarlas de
ellos, salvo los casos previstos en la ley.
Artículo
36 - DEL DERECHO A LA INVIOLABILIDAD DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL Y LA
COMUNICACIÓN PRIVADA
El
patrimonio documental de las personas es inviolable. Los registros, cualquiera
sea su técnica, los impresos, la correspondencia, los escritos, las
comunicaciones telefónicas, telegráficas o de cualquier otra especie, las
colecciones o reproducciones, los testimonios y los objetos de valor
testimonial, así como sus respectivas copias, no podrán ser examinados,
reproducidos, interceptados o secuestrados sino por orden judicial para casos
específicamente previstos en la ley, y siempre que fuesen indispensables para
el esclarecimiento de los asuntos de competencia de las correspondientes
autoridades. La ley determinará modalidades especiales para el examen de la
contabilidad comercial y de los registros legales obligatorios.
Las
pruebas documentales obtenidas en violación o lo precripto anteriormente
carecen de valor en juicio.
En todos
los casos se guardará estricta reserva sobre aquello que no haga relación con
lo investigado.
Artículo
37 - DEL DERECHO A LA OBJECIÓN DE LA CONCIENCIA
Se
reconoce la objeción de conciencia por razones éticas o religiosas para los
casos en que esta Constitución y la ley la admitan.
Artículo
38 - DEL DERECHO A LA DEFENSA DE LOS INTERESES DIFUSOS
Toda
persona tiene derecho, individual o colectivamente, a reclamar a las
autoridades públicas medidas para la defensa del ambiente, de la integridad del
hábitat, de la salubridad pública, del acervo cultural nacional, de los
intereses del consumidor y de otros que, por su naturaleza jurídica,
pertenezcan a la comunidad y hagan relación con la calidad de vida y con el
patrimonio colectivo.
Artículo
39 - DEL DERECHO A LA INDEMNIZACIÓN JUSTA Y ADECUADA
Toda
persona tienen derecho a ser indemnizada justa y adecuadamente por los daños o
perjuicios de que fuere objeto por parte del Estado. La ley reglamentará este
derecho.
Artículo
40 - DEL DERECHO A PETICIONAR A LAS AUTORIDADES
Toda
persona, individual o colectivamente y sin requisitos especiales, tienen
derecho a peticionar a las autoridades, por escrito, quienes deberán responder
dentro del plazo y según las modalidades que la ley determine. Se reputará
denegada toda petición que no obtuviese respuesta en dicho plazo.
Artículo
41 - DEL DERECHO AL TRANSITO Y A LA RESIDENCIA
Todo
paraguayo tienen derecho a residir en su Patria. Los habitantes pueden
transitar libremente por el territorio nacional, cambiar de domicilio o de
residencia, ausentarse de la República o volver a ella y, de acuerdo con la
ley, incorporar sus bienes al país o sacarlos de él. Las migraciones serán
reglamentadas por la ley, con observancia de estos derechos.
El
ingreso de los extranjeros sin radicación definitiva en el país será regulado
por la ley, considerando los convenios internacionales sobre la materia.
Los
extranjeros con radicación definitiva en el país no serán obligados a
abandonarlo sino en virtud de sentencia judicial.
Artículo
42 - DE LA LIBERTAD DE ASOCIACIÓN
Toda
persona es libre de asociarse o agremiarse con fines lícitos, así como nadie
está obligado a pertenecer a determinada asociación. La forma de colegiación
profesional será reglamentada por ley. Están prohibidas las asociaciones
secretas y las de carácter paramilitar.
Artículo
43 - DEL DERECHO DE ASILO
El
Paraguay reconoce el derecho de asilo territorial y diplomático a toda persona
perseguida por motivos o delitos políticos o por delitos comunes conexos, así
como por sus opiniones o por sus creencias. Las autoridades deberán otorgar de
inmediato la documentación personal y el correspondiente salvo conducto.
Ningún
asilado político será trasladado compulsivamente al país cuyas autoridades lo
persigan.
Artículo
44 - DE LOS TRIBUTOS
Nadie
estará obligado al pago de tributos ni a la prestación de servicios personales
que no hayan sido establecidos por la ley. No se exigirán fianzas excesivas ni
se impondrán multas desmedidas.
Artículo
45 - DE LOS DERECHOS Y GARANTÍAS NO ENUNCIADOS
La
enunciación de los derechos y garantías contenidos en esta Constitución no debe
entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la personalidad
humana, no figuren expresamente en ella. La falta de ley reglamentaria no podrá
ser invocada para negar ni para menoscabar algún derecho o garantía.
CAPÍTULO
III
DE LA IGUALDAD
DE LA IGUALDAD
Artículo
46 - DE LA IGUALDAD DE LAS PERSONAS
Todos
los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos. No se
admiten discriminaciones. El Estado removerá los obstáculos e impedirá los
factores que las mantengan o las propicien.
Las
protecciones que se establezcan sobre desigualdades injustas no serán
consideradas como factores discriminatorios sino igualitarios.
Artículo
47 - DE LAS GARANTÍAS DE LA IGUALDAD
El
Estado garantizará a todos los habitantes de la República:
la
igualdad para el acceso a la justicia, a cuyo efecto allanará los obstáculos
que la impidiesen;
la igualdad ante las leyes;
la igualdad para el acceso a las funciones públicas no electivas, sin más requisitos que la idoneidad, y
la igualdad de oportunidades en la participación de los beneficios de la naturaleza, de los bienes materiales y de la cultura.
Artículo 48 - DE LA IGUALDAD DE DERECHOS DEL HOMBRE Y DE LA MUJER
la igualdad ante las leyes;
la igualdad para el acceso a las funciones públicas no electivas, sin más requisitos que la idoneidad, y
la igualdad de oportunidades en la participación de los beneficios de la naturaleza, de los bienes materiales y de la cultura.
Artículo 48 - DE LA IGUALDAD DE DERECHOS DEL HOMBRE Y DE LA MUJER
El
hombre y la mujer tienen iguales derechos civiles, políticos, sociales,
económicos y culturales. El Estado promoverá las condiciones y creará los
mecanismos adecuados para que la igualdad sea real y efectiva, allanando los
obstáculos que impidan o dificulten su ejercicio y facilitando la participación
de la mujer en todos los ámbitos de la vida nacional.
CAPÍTULO
IV
DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA
DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA
Artículo
49 - DE LA PROTECCIÓN A LA FAMILIA
La
familia es el fundamento de la sociedad. Se promoverá y se garantizará su
protección integral. Esta incluye a la unión estable del hombre y de la mujer,
a los hijos y a la comunidad que se constituya con cualquiera de sus
progenitores y sus descendientes.
Artículo
50 - DEL DERECHO A CONSTITUIR FAMILIA
Toda
persona tiene derecho a constituir familia, en cuya formación y desenvolvimiento
la mujer y el hombre tendrán los mismos derechos y obligaciones.
Artículo
51 - DEL MATRIMONIO Y DE LOS EFECTOS DE LAS UNIONES DE HECHO
La ley
establecerá las formalidades para la celebración del matrimonio entre el hombre
y la mujer, los requisitos para contraerlo, las causas de separación, de
disolución y sus efectos, así como el régimen de administración de bienes y
otros derechos y obligaciones entre cónyuges.
Las
uniones de hecho entre el hombre y la mujer, sin impedimentos legales para contraer
matrimonio, que reúnan las condiciones de estabilidad y singularidad, producen
efectos similares al matrimonio, dentro de las condiciones que establezca la
ley.
Artículo
52 - DE LA UNIÓN EN MATRIMONIO
La unión
en matrimonio del hombre y la mujer es uno de los componentes fundamentales en
la formación de la familia.
Artículo
53 - DE LOS HIJOS
Los
padres tienen el derecho y la obligación de asistir, de alimentar, de educar y
de amparar a sus hijos menores de edad. Serán penados por la ley en caso de
incumplimiento de sus deberes de asistencia alimentaria.
Los
hijos mayores de edad están obligados a prestar asistencia a sus padres en caso
de necesidad.
La ley
reglamentará la ayuda que se debe prestar a la familia de prole numerosa y a
las mujeres cabeza de familia.
Todos
los hijos son iguales ante la ley. Esta posibilitará la investigación de la
paternidad. Se prohibe cualquier calificación sobre la filiación en los
documentos personales.
Artículo
54 - DE LA PROTECCIÓN AL NIÑO
La
familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de garantizar al niño su
desarrollo armónico e integral, así como el ejercicio pleno de sus derechos
protegiéndolo contra el abandono, la desnutrición, la violencia, el abuso, el
tráfico y la explotación. Cualquier persona puede exigir a la autoridad
competente el cumplimiento de tales garantías y la sanción de los infractores.
Los
derechos del niño, en caso de conflicto, tienen carácter prevaleciente.
Artículo
55 - DE LA MATERNIDAD Y DE LA PATERNIDAD
La
maternidad y la paternidad responsables serán protegidas por el Estado, el cual
fomentará la creación de instituciones necesarias para dichos fines.
Artículo
56 - DE LA JUVENTUD
Se
promoverán las condiciones para la activa participación de la juventud en el
desarrollo político, social, económico y cultural del país.
Artículo
57 - DE LA TERCERA EDAD
Toda
persona en la tercera edad tiene derecho a una protección integral. La familia,
la sociedad y los poderes públicos promoverán su bienestar mediante servicios
sociales que se ocupen de sus necesidades de alimentación, salud, vivienda,
cultura y ocio.
Artículo
58 - DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS EXCEPCIONALES
Se
garantizará a las personas excepcionales la atención de su salud, de su
educación, de su recreación y de su formación profesional para una plena
integración social.
El
Estado organizará una política de prevención, tratamiento, rehabilitación e
integración de los discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales, a quienes
prestará el cuidado especializado que requieran.
Se les
reconocerá el disfrute de los derechos que esta Constitución otorga a todos los
habitantes de la República, en igualdad de oportunidades, a fin de compensar
sus desventajas.
Artículo
59 - DEL BIEN DE LA FAMILIA
Se
reconoce como institución de interés social el bien de familia, cuyo régimen
será determinado por ley. El mismo estará constituido por la vivienda o el
fundo familiar, y por sus muebles y elementos de trabajo, los cuales serán
inembargables.
Artículo
60 - DE LA PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA
El
Estado promoverá políticas que tengan por objeto evitar la violencia en el
ámbito familiar y otras causas destructoras de su solidaridad.
Artículo
61 - DE LA PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y DE LA SALUD MATERNO INFANTIL
El
Estado reconoce el derecho de las personas a decidir libre y responsablemente
el número y la frecuencia del nacimiento de sus hijos, así como a recibir, en
coordinación con los organismos pertinentes educación, orientación científica y
servicios adecuados, en la materia.
Se
establecerán planes especiales de salud reproductiva y salud materno infantil
para la población de escasos recursos.
CAPÍTULO
V
DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
Artículo
62 - DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y GRUPOS ÉTNICOS
Esta
Constitución reconoce la existencia de los pueblos indígenas, definidos como
grupos de cultura anteriores a la formación y organización del Estado
paraguayo.
Artículo
63 - DE LA IDENTIDAD ÉTNICA
Queda
reconocido y garantizado el derecho de los pueblos indígenas a preservar y a
desarrollar su identidad étnica en el respectivo hábitat. Tienen derecho,
asimismo, a aplicar libremente sus sistemas de organización política, social,
económica, cultural y religiosa, al igual que la voluntaria sujeción a sus
normas consuetudinarias para la regulación de la convivencia interior siempre
que ellas no atenten contra los derechos fundamentales establecidos en esta
Constitución. En los conflictos jurisdiccionales se tendrá en cuenta el derecho
consuetudinario indígena.
Artículo
64 - DE LA PROPIEDAD COMUNITARIA
Los
pueblos indígenas tienen derecho a la propiedad comunitaria de la tierra, en
extensión y calidad suficientes para la conservación y el desarrollo de sus
formas peculiares de vida. El Estado les proveerá gratuitamente de estas
tierras, las cuales serán inembargables, indivisibles, intransferibles,
imprescriptibles, no susceptibles, no susceptibles de garantizar obligaciones
contractuales ni de ser arrendadas; asimismo, estarán exentas de tributo.
Se
prohibe la remoción o traslado de su hábitat sin el expreso consentimiento de
los mismos.
Artículo
65 - DEL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN
Se
garantiza a los pueblos indígenas el derecho a participar en la vida económica,
social, política y cultural del país, de acuerdo con sus usos consuetudinarios,
ésta Constitución y las leyes nacionales.
Artículo
66 - DE LA EDUCACIÓN Y LA ASISTENCIA
El
Estado respetará las peculiaridades culturales de los pueblos indígenas
especialmente en lo relativo a la educación formal. Se atenderá, además, a su
defensa contra la regresión demográfica, la depredación de su hábitat, la
contaminación ambiental, la explotación económica y la alienación cultural.
Artículo
67 - DE LA EXONERACIÓN
Los
miembros de los pueblos indígenas están exonerados de prestar servicios
sociales, civiles o militares, así como de las cargas públicas que establezca
la ley.
CAPÍTULO
VI
DE LA SALUD
DE LA SALUD
Artículo
68 - DEL DERECHO A LA SALUD
El
Estado protegerá y promoverá la salud como derecho fundamental de la persona y
en interés de la comunidad.
Nadie será
privado de asistencia pública para prevenir o tratar enfermedades, pestes o
plagas, y de socorro en los casos de catástrofes y de accidentes.
Toda
persona está obligada a someterse a las medidas sanitarias que establezca la
ley, dentro del respeto a la dignidad humana.
Artículo
69 - DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD
Se
promoverá un sistema nacional de salud que ejecute acciones sanitarias
integradas, con políticas que posibiliten la concertación, la coordinación y la
complementación de programas y recursos del sector público y privado.
Artículo
70 - DEL RÉGIMEN DE BIENESTAR SOCIAL
La ley
establecerá programas de bienestar social mediante estrategias basadas en la
educación sanitaria y en la participación comunitaria.
Artículo
71 - DEL NARCOTRÁFICO, DE LA DROGADICCIÓN Y DE LA REHABILITACIÓN
El
Estado reprimirá la producción, y el tráfico ilícitos de las sustancias
estupefacientes y demás drogas peligrosas, así como los actos destinados a la
legitimación del dinero proveniente de tales actividades. Igualmente combatirá
el consumo ilícito de dichas drogas. La ley reglamentará la producción y el uso
medicinal de las mismas.
Se
establecerán programas de educación preventiva y de rehabilitación de los
adictos, con la participación de organizaciones privadas.
Artículo
72 - DEL CONTROL DE CALIDAD
El
Estado velará por el control de la calidad de los productos alimenticios,
químicos, farmacéuticos y biológicos, en las etapas de producción, importación
y comercialización. Asimismo facilitará el acceso de factores de escasos
recursos a los medicamentos considerados esenciales.
CAPÍTULO
VII
DE LA EDUCACIÓN Y DE LA CULTURA
DE LA EDUCACIÓN Y DE LA CULTURA
Artículo
73 - DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN Y DE SUS FINES
Toda
persona tiene derecho a la educación integral y permanente, que como sistema y
proceso se realiza en el contexto de la cultura de la comunidad. Sus fines son
el desarrollo pleno de la personalidad humana y la promoción de la libertad y
la paz, la justicia social, la solidaridad, la cooperación y la integración de
los pueblos; el respeto a los derechos humanos y los principios democráticos;
la afirmación del compromiso con la Patria, de la identidad cultural y la
formación intelectual, moral y cívica, así como la eliminación de los
contenidos educativos de carácter discriminatorio.
La erradicación
del analfabetismo y la capacitación para el trabajo son objetivos permanentes
del sistema educativo.
Artículo
74 - DEL DERECHO DE APRENDER Y DE LA LIBERTAD DE ENSEÑAR
Se
garantizan el derecho de aprender y la igualdad de oportunidades al acceso a
los beneficios de la cultura humanística, de la ciencia y de la tecnología, sin
discriminación alguna.
Se
garantiza igualmente la libertad de enseñar, sin más requisitos que la
idoneidad y la integridad ética, así como el derecho a la educación religiosa y
al pluralismo ideológico.
Artículo
75 - DE LA RESPONSABILIDAD EDUCATIVA
La
educación es responsabilidad de la sociedad y recae en particular en la
familia, en el Municipio y en el Estado.
El
Estado promoverá programas de complemento nutricional y suministro de útiles
escolares para los alumnos de escasos recursos.
Artículo
76 - DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO
La
educación escolar básica es obligatoria. En las escuelas públicas tendrá
carácter gratuito. El Estado fomentará la enseñanza media, técnica,
agropecuaria, industrial y la superior o universitaria, así como la
investigación científica y tecnológica.
La
organización del sistema educativo es responsabilidad esencial del Estado, con
la participación de las distintas comunidades educativas. Este sistema abarcará
a los sectores públicos y privados, así como al ámbito escolar y extraescolar.
Artículo
77 - DE LA ENSEÑANZA EN LENGUA MATERNA
La
enseñanza en los comienzos del proceso escolar se realizará en la lengua
oficial materna del educando. Se instruirá asimismo en el conocimiento y en el
empleo de ambos idiomas oficiales de la República
En el
caso de las minorías étnicas cuya lengua materna no sea el guaraní, se podrá
elegir uno de los dos idiomas oficiales.
Artículo
78 - DE LA EDUCACIÓN TECNICA
El
Estado fomentará la capacitación para el trabajo por medio de la enseñanza
técnica, a fin de formar los recursos humanos requeridos para el desarrollo
nacional.
Artículo
79 - DE LAS UNIVERSIDADES E INSTITUTOS SUPERIORES
La
finalidad principal de las universidades y de los institutos superiores será la
formación profesional superior, la investigación científica y la tecnológica,
así como la extensión universitaria.
Las
universidades son autónomas. Establecerán sus estatutos y formas de gobierno y
elaborarán sus planes de estudio de acuerdo con la política educativa y los
planes de desarrollo nacional. Se garantiza la libertad de enseñanza y la de la
cátedra. Las universidades, tanto públicas como privadas, serán creadas por
ley, la cual determinará las profesiones que necesiten títulos universitarios
para su ejercicio.
Artículo
80 - DE LOS FONDOS PARA BECAS Y AYUDAS
La ley
preverá la constitución de fondos para becas y otras ayudas, con el objeto de
facilitar la formación intelectual, científica, técnica o artística de las
personas con preferencia de las que carezcan de recursos.
Artículo
81 - DEL PATRIMONIO CULTURAL
Se
arbitrarán los medios necesarios para la conservación, el rescate y la
restauración de los objetos, documentos y espacios de valor histórico,
arqueológico, paleontológico, artístico o científico, así como de sus
respectivos entornos físicos, que hacen parte del patrimonio cultural de la
Nación.
El
Estado definirá y registrará aquellos que se encuentren en el país y, en su
caso, gestionará la recuperación de los que se hallen en el extranjero. Los
organismos competentes se encargarán de la salvaguarda y del rescate de las
diversas expresiones de la cultura oral y de la memoria colectiva de la Nación,
cooperando con los particulares que persigan el mismo objetivo. Quedan
prohibidos el uso inapropiado y el empleo desnaturalizante de dichos bienes, su
destrucción, su alteración dolosa, la remoción de sus lugares originarios y su
enajenación con fines de exportación.
Artículo
82 - DEL RECONOCIMIENTO A LA IGLESIA CATOLICA
Se
reconoce el protagonismo de la Iglesia Católica en la formación histórica y
cultural de la Nación.
Artículo
83 - DE LA DIFUSIÓN CULTURAL Y DE LA EXONERACION DE LOS IMPUESTOS
Los
objetos, las publicaciones y las actividades que posean valor significativo
para la difusión cultural y para la educación, no se gravarán con impuestos
fiscales ni municipales. La ley reglamentará estas exoneraciones y establecerá
un régimen de estímulo para introducción e incorporación al país de los
elementos necesarios para el ejercicio de las artes y de la investigación
científica y tecnológica, así como para su difusión en el país y en el
extranjero.
Artículo
84 - DE LA PROMOCIÓN DE LOS DEPORTES
El
Estado promoverá los deportes, en especial los de carácter no profesional, que
estimulen la educación física, brindando apoyo económico y exenciones
impositivas a establecerse en la ley. Igualmente, estimulará la participación
nacional en competencias internacionales.
Artículo
85 - DEL MINIMO PRESUPUESTARIO
Los
recursos destinados a la educación en el Presupuesto General de la Nación no
serán inferiores al veinte por ciento del total asignado a la Administración
Central, excluidos los préstamos y las donaciones.
CAPÍTULO
VIII
DEL TRABAJO
DEL TRABAJO
SECCIÓN
I
DE LOS DERECHOS LABORALES
DE LOS DERECHOS LABORALES
Artículo
86 - DEL DERECHO AL TRABAJO
Todos
los habitantes de la República tienen derecho a un trabajo lícito, libremente
escogido y a realizarse en condiciones dignas y justas.
La ley
protegerá el trabajo en todas sus formas y los derechos que ella otorga al
trabajador son irrenunciables.
Artículo
87 - DEL PLENO EMPLEO
El
Estado promoverá políticas que tiendas al plano empleo y a la formación
profesional de recursos humanos, dando preferencia al trabajador nacional.
Artículo
88 - DE LA NO DISCRIMINACION
No se
admitirá discriminación alguna entre los trabajadores por motivos étnicos, de
sexo, edad, religión, condición social y preferencias políticas o sindicales.
El
trabajo de las personas con limitaciones o incapacidades físicas o mentales
será especialmente amparado.
Artículo
89 - DEL TRABAJO DE LAS MUJERES
Los
trabajadores de uno y otro sexo tienen los mismos derechos y obligaciones
laborales, pero la maternidad será objeto de especial protección, que comprenderá
los servicios asistenciales y los descansos correspondientes, los cuales no
serán inferiores a doce semanas. La mujer no será despedida durante el
embarazo, y tampoco mientras duren los descansos por maternidad.
La ley
establecerá el régimen de licencias por paternidad.
Artículo
90 - DEL TRABAJO DE LOS MENORES
Se dará
prioridad a los derechos del menor trabajador para garantizar su normal
desarrollo físico, intelectual y moral.
Artículo
91 - DE LAS JORNADAS DE TRABAJO Y DE DESCANSO
La
duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo no excederá de ocho horas
diarias y cuarenta y ocho horas semanales, diurnas, salvo las legalmente
establecidas por motivos especiales. La ley fijará jornadas más favorables para
las tareas insalubres, peligrosas, penosas, nocturnas o las que se desarrollen
en turnos continuos rotativos.
Los
descansos y las vacaciones anuales serán remunerados conforme con la ley.
Artículo
92 - DE LA RETRIBUCIÓN DEL TRABAJO
El
trabajador tienen derechos a disfrutar de una remuneración que le asegure, a él
y a su familia, una existencia libre y digna.
La ley
consagrará el salario vital mínimo, el aguinaldo anual, la bonificación
familiar, el reconocimiento de un salario superior al básico por horas de
trabajo insalubre o riesgoso, y las horas extraordinarias, nocturnas y en días
feriados. Corresponde, básicamente, igual salario por igual trabajo.
Artículo
93 - DE LOS BENEFICIOS ADICIONALES AL TRABAJADOR
El
Estado establecerá un régimen de estímulo a las empresas que incentiven con beneficios
adicionales a sus trabajadores. Tales emolumentos serán independientes de los
respectivos salarios y de otros beneficios legales.
Artículo
94 - DE LA ESTABILIDAD Y DE LA INDEMNIZACION
El
derecho a la estabilidad del trabajador queda garantizado dentro de los límites
que la ley establezca, así como su derecho a la indemnización en caso de
despido injustificado.
Artículo
95 - DE LA SEGURIDAD SOCIAL
El
sistema obligatorio e integral de seguridad social para el trabajador
dependiente y su familia será establecido por la ley. Se promoverá su extensión
a todos los sectores de la población.
Los
servicios del sistema de seguridad social podrán ser públicos, privados o
mixtos, y en todos los casos estarán supervisados por el Estado.
Los
recursos financieros de los seguros sociales no serán desviados de sus fines
específicos y; estarán disponibles para este objetivo, sin perjuicio de las
inversiones lucrativas que puedan acrecentar su patrimonio.
Artículo
96 - DE LA LIBERTAD SINDICAL
Todos
los trabajadores públicos y privados tienen derecho a organizarse en sindicatos
sin necesidad de autorización previa. Quedan exceptuados de este derecho los
miembros de las Fuerzas Armadas y de las Policiales. Los empleadores gozan de
igual libertad de organización. Nadie puede ser obligado a pertenecer a un
sindicato.
Para el
reconocimiento de un sindicato, bastará con la inscripción del mismo en el
órgano administrativo competente.
En la
elección de las autoridades y en el funcionamiento de los sindicatos se observarán
las prácticas democráticas establecidas en la ley, la cual garantizará también
la estabilidad del dirigente sindical.
Artículo
97 - DE LOS CONVENIOS COLECTIVOS
Los
sindicatos tienen el derechos a promover acciones colectivas y a concertar
convenios sobre las condiciones de trabajo.
El
Estado favorecerá las soluciones conciliatorias de los conflictos de trabajo y
la concertación social. El arbitraje será optativo.
Artículo
98 - DEL DERECHO DE HUELGA Y DE PARO
Todos
los trabajadores de los sectores públicos y privados tienen el derecho a
recurrir a la huelga en caso de conflicto de intereses. Los empleadores gozan
del derecho de paro en las mismas condiciones.
Los
derechos de huelga y de paro no alcanzan a los miembros de las Fuerzas Armadas
de la Nación, ni a los de las policiales.
La ley
regulará el ejercicio de estos derechos, de tal manera que no afecten servicios
públicos imprescindibles para la comunidad.
Artículo
99 - DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS LABORALES
El
cumplimiento de las normas laborales y el de las de seguridad e higiene en el
trabajo quedarán sujetos a la fiscalización de las autoridades creadas por la
ley, la cual establecerá las sanciones en caso de su violación.
Artículo
100 - DEL DERECHO A LA VIVIENDA
Todos
los habitantes de la República tienen derecho a una vivienda digna.
El
Estado establecerá las condiciones para hacer efectivo este derecho, y
promoverá planes de vivienda de interés social, especialmente las destinadas a
familias de escasos recursos, mediante sistemas de financiamiento adecuados.
SECCIÓN
II
DE LA FUNCIÓN PUBLICA
DE LA FUNCIÓN PUBLICA
Artículo
101 - DE LOS FUNCIONARIOS Y DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS
Los
funcionarios y los empleados públicos están al servicio del país. Todos los
paraguayos tienen el derecho a ocupar funciones y empleos públicos.
La ley
reglamentará las distintas carreras en las cuales dichos funcionarios y
empleados presten servicios, las que, sin perjuicio de otras, son la judicial,
la docente, la diplomática y consular, la de investigación científica y tecnológica,
la de servicio civil, la militar y la policial.
Artículo
102 - DE LOS DERECHOS LABORALES DE LOS FUNCIONARIOS Y DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS
Los
funcionarios y los empleados públicos gozan de los derechos establecidos en
esta Constitución en la sección de derechos laborales, en un régimen uniforme
para las distintas carreras dentro de los límites establecidos por la ley y con
resguardo de los derechos adquiridos.
Artículo
103 - DEL REGIMEN DE JUBILACIONES
Dentro
del sistema nacional de seguridad social, la ley regulará el régimen de
jubilaciones de los funcionarios y los empleados públicos, atendiendo a que los
organismos autárquicos creados con ese propósito acuerden a los aportantes y
jubilados la administración de dichos entes bajo control estatal. Participarán
del mismo régimen todos los que, bajo cualquier título, presten servicios al
Estado.
La ley
garantizará la actualización de los haberes jubilatorios en igualdad de
tratamiento dispensado al funcionario público en actividad.
Artículo
104 - DE LA DECLARACIÓN OBLIGATORIA DE BIENES Y RENTAS
Los
funcionarios y los empleados públicos, incluyendo a los de elección popular,
los de entidades estatales, binacionales, autárquicas, descentralizadas y, en
general, quienes perciban remuneraciones permanentes del Estado, estarán
obligados a prestar declaración jurada de bienes y rentas dentro de los quince
días de haber tomado posesión de su cargo, y en igual término al cesar en el
mismo.
Artículo
105 - DE LA PROHIBICIÓN DE DOBLE REMUNERACION
Ninguna
persona podrá percibir como funcionario o empleado público, más de un sueldo o
remuneración simultáneamente, con excepción de los que provengan del ejercicio
de la docencia.
Artículo
106 - DE LA RESPONSABILIDAD DEL FUNCIONARIO Y DEL EMPLEADO PUBLICO
Ningún
funcionario o empleado público está exento de responsabilidad. En los casos de
transgresiones, delitos o faltas que cometiesen en el desempeño de sus
funciones, son personalmente responsables, sin perjuicio de la responsabilidad
subsidiaria del Estado, con derecho de éste a repetir el pago de lo que llegase
a abandonar en tal concepto.
CAPÍTULO
IX
DE LOS DERECHOS ECONOMICOS Y DE LA REFORMA AGRARIA
DE LOS DERECHOS ECONOMICOS Y DE LA REFORMA AGRARIA
SECCIÓN
I
DE LOS DERECHOS ECONOMICOS
DE LOS DERECHOS ECONOMICOS
Artículo
107 - DE LA LIBERTAD DE CONCURRENCIA
Toda
persona tiene derecho a dedicarse a la actividad económica lícita de su
preferencia, dentro de un régimen de igualdad de oportunidades.
Se
garantiza la competencia en el mercado. No serán permitidas la creación de
monopolios y el alza o la baja artificiales de precios que traben la libre
concurrencia. La usura y el comercio no autorizado de artículos nocivos serán
sancionados por la Ley Penal.
Artículo
108 - DE LA LIBRE CIRCULACIÓN DE PRODUCTOS
Los
bienes de producción o fabricación nacional, y los de procedencia extranjera
introducidos legalmente, circularán libremente dentro del territorio de la
República.
Artículo
109 - DE LA PROPIEDAD PRIVADA
Se
garantiza la propiedad privada, cuyo contenido y límites serán establecidos por
la ley, atendiendo a su función económica y social, a fin de hacerla accesible
para todos.
La
propiedad privada es inviolable.
Nadie
puede ser privado de su propiedad sino en virtud de sentencia judicial, pero se
admite la expropiación por causa de utilidad pública o de interés social, que
será determinada en cada caso por ley. Esta garantizará el previo pago de una
justa indemnización, establecida convencionalmente o por sentencia judicial,
salvo los latifundios improductivos destinados a la reforma agraria, conforme
con el procedimiento para las expropiaciones a establecerse por ley.
Artículo
110 - DE LOS DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL
Todo
autor, inventor, productor o comerciante gozará de la propiedad exclusiva de su
obra, invención, marca o nombre comercial, con arreglo a la ley.
Artículo
111 - DE LAS TRANSFERENCIAS DE LAS EMPRESAS PUBLICAS
Siempre
que el Estado resuelva transferir empresas públicas o su participación en las
mismas al sector privado, dará opción preferencial de compra a los trabajadores
y sectores involucrados directamente con la empresa. La ley regulará la forma
en que se establecerá dicha opción.
Artículo
112 - DEL DOMINIO DEL ESTADO
Corresponde
al Estado el dominio de los hidrocarburos, minerales sólidos, líquidos y
gaseosos que se encuentre en estado natural en el territorio de la República,
con excepción de las sustancias pétreas, terrosas y calcáreas.
El
Estado podrá otorgar concesiones a personas o empresas públicas o privadas,
mixtas, nacionales o extranjeras, para la prospección, la exploración, la investigación,
el cateo o la explotación de yacimientos, por tiempo limitado.
La ley
regulará el régimen económico que contemple los intereses del Estado, los de
los concesionarios y los de los propietarios que pudieran resultar afectados.
Artículo
113 - DEL FOMENTO DE LAS COOPERATIVAS
El
Estado fomentará la empresa cooperativa y otras formas asociativas de
producción de bienes y de servicios, basadas en la solidaridad y la
rentabilidad social, a las cuales garantizará su libre organización y su
autonomía.
Los
principios del cooperativismo como instrumento del desarrollo económico
nacional, serán difundidos a través del sistema educativo.
SECCIÓN
II
DE LA REFORMA AGRARIA
DE LA REFORMA AGRARIA
Artículo
114 - DE LOS OBJETIVOS DE LA REFORMA AGRARIA
La
reforma agraria es uno de los factores fundamentales para lograr el bienestar
rural. ella consiste en la incorporación efectiva de la población campesina al
desarrollo económico y social de la Nación. Se adoptarán sistemas equitativos
de distribución, propiedad y tenencia de la tierra; se organizarán el crédito y
la asistencia técnica, educacional y sanitaria; se fomentará la creación de
cooperativas agrícolas y de otras asociaciones similares, y se promoverá la
producción, la industrialización y la racionalización del mercado para el
desarrollo integral del agro.
Artículo
115 - DE LAS BASES DE LA REFORMA AGRARIA Y DEL DESARROLLO RURAL
La
reforma agraria y el desarrollo rural se efectuarán de acuerdo con las
siguientes bases:
La
adopción de un sistema tributario y de otras medidas que estimulen la
producción, desalienten el latifundio y garanticen el desarrollo de la pequeña
y la mediana propiedad rural, según las peculiaridades de cada zona;
la racionalización y la regularización del uso de la tierra y de las prácticas de cultivo para impedir su degradación, así como el fomento de la producción agropecuaria intensiva y diversificada;
la promoción de la pequeña y de la mediana empresa agrícola;
la programación de asentamientos campesinos; la adjudicación de parcelas de tierras en propiedad a los beneficiarios de la reforma agraria, previendo la infraestructura necesaria para su asentamiento y arraigo, con énfasis en la vialidad, la educación y la salud;
el establecimiento de sistemas y organizaciones que aseguren precios justos al productor primario;
el otorgamiento de créditos agropecuarios, a bajo costo y sin intermediarios;
la defensa y la preservación del ambiente;
la creación del seguro agrícola;
el apoyo a la mujer campesina, en especial a quien sea cabeza de familia;
la participación de la mujer campesina, en igualdad con el hombre, en los planes de la reforma agraria;
la participación de los sujetos de la reforma agraria en el respectivo proceso, y la promoción de las organizaciones campesinas en defensa de sus intereses económicos, sociales y culturales.
el apoyo preferente a los connacionales en los planes de la reforma agraria;
la educación del agricultor y la de su familia, a fin de capacitarlos como agentes activos del desarrollo nacional;
la creación de centros regionales para el estudio y tipificación agrológica de suelos, para establecer los rubros agrícolas en las regiones aptas;
la adopción de políticas que estimulen el interés de la población en las tareas agropecuarias, creando centros de capacitación profesional en áreas rurales, y
el fomento de la migración interna, atendiendo a razones demográficas, económicas y sociales.
Artículo 116 - DE LOS LATIFUNDIOS IMPRODUCTIVOS
la racionalización y la regularización del uso de la tierra y de las prácticas de cultivo para impedir su degradación, así como el fomento de la producción agropecuaria intensiva y diversificada;
la promoción de la pequeña y de la mediana empresa agrícola;
la programación de asentamientos campesinos; la adjudicación de parcelas de tierras en propiedad a los beneficiarios de la reforma agraria, previendo la infraestructura necesaria para su asentamiento y arraigo, con énfasis en la vialidad, la educación y la salud;
el establecimiento de sistemas y organizaciones que aseguren precios justos al productor primario;
el otorgamiento de créditos agropecuarios, a bajo costo y sin intermediarios;
la defensa y la preservación del ambiente;
la creación del seguro agrícola;
el apoyo a la mujer campesina, en especial a quien sea cabeza de familia;
la participación de la mujer campesina, en igualdad con el hombre, en los planes de la reforma agraria;
la participación de los sujetos de la reforma agraria en el respectivo proceso, y la promoción de las organizaciones campesinas en defensa de sus intereses económicos, sociales y culturales.
el apoyo preferente a los connacionales en los planes de la reforma agraria;
la educación del agricultor y la de su familia, a fin de capacitarlos como agentes activos del desarrollo nacional;
la creación de centros regionales para el estudio y tipificación agrológica de suelos, para establecer los rubros agrícolas en las regiones aptas;
la adopción de políticas que estimulen el interés de la población en las tareas agropecuarias, creando centros de capacitación profesional en áreas rurales, y
el fomento de la migración interna, atendiendo a razones demográficas, económicas y sociales.
Artículo 116 - DE LOS LATIFUNDIOS IMPRODUCTIVOS
Con el
objeto de eliminar progresivamente los latifundios improductivos, la ley
atenderá a la aptitud natural de las tierras, a las necesidades del sector de
población vinculado con la agricultura y a las previsiones aconsejables para el
desarrollo equilibrado de las actividades agrícolas, agropecuarias, forestales
e industriales, así como al aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales y de la preservación del equilibrio ecológico.
La
expropiación de los latifundios improductivos destinados a la reforma agraria
serán establecidas en cada caso por la ley, y se abonará en la forma y en el
plazo que la misma determine.
CAPÍTULO
X
DE LOS DERECHOS Y DE LOS DEBERES POLITICOS
DE LOS DERECHOS Y DE LOS DEBERES POLITICOS
Artículo
117 - DE LOS DERECHOS POLITICOS
Los
ciudadanos, sin distinción de sexo, tienen el derecho a participar en los
asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes, en la forma
que determine esta Constitución y las leyes.
Se
promoverá el acceso de la mujer a las funciones públicas.
Artículo
118 - DEL SUFRAGIO
El
sufragio es derecho, deber y función pública del elector.
Constituye
la base del régimen democrático y representativo. Se funda en el voto
universal, libre, directo, igual y secreto; en el escrutinio público y
fiscalizado, y en el sistema de representación proporcional.
Artículo
119 - DEL SUFRAGIO EN LAS ORGANIZACIONES INTERMEDIAS
Para las
elecciones en las organizaciones intermedias, políticas, sindicales y sociales,
se aplicarán los mismos principios y normas del sufragio.
Artículo
120 - DE LOS ELECTORES
Son
electores los ciudadanos paraguayos radicados en el territorio nacional, sin
distinción, que hayan cumplido diez y ocho años.
Los
ciudadanos son electores y elegibles, sin más restricciones que las
establecidas en esta Constitución y en la ley.
Los
extranjeros con radicación definitiva tendrán los mismos derechos en las
elecciones municipales.
Artículo
121 - DEL REFERENDUM
El
referendum legislativo, decidido por ley, podrá o no ser vinculante. Esta
institución será reglamentada por ley.
Artículo
122 - DE LAS MATERIAS QUE NO PODRAN SER OBJETO DE REFERENDUM
No
podrán ser objeto de referendum:
Las
relaciones internacionales, tratados, convenios o acuerdos internacionales;
las expropiaciones;
la defensa nacional;
la limitación de la propiedad inmobiliaria;
las cuestiones relativas a los sistemas tributarios, monetarios y bancarios, la contratación de empréstitos, el Presupuestos General de la Nación, y
las elecciones nacionales, las departamentales y las municipales.
Artículo 123 - DE LA INICIATIVA POPULAR
las expropiaciones;
la defensa nacional;
la limitación de la propiedad inmobiliaria;
las cuestiones relativas a los sistemas tributarios, monetarios y bancarios, la contratación de empréstitos, el Presupuestos General de la Nación, y
las elecciones nacionales, las departamentales y las municipales.
Artículo 123 - DE LA INICIATIVA POPULAR
Se
reconoce a los electores el derecho a la iniciativa popular para proponer al
Congreso proyectos de ley. La forma de las propuestas, así como el número de
electores que deban suscribirlas, serán establecidas en la ley.
Artículo
124 - DE LA NATURALEZA Y DE LAS FUNCIONES DE LOS PARTIDOS POLITICOS
Los
partidos políticos son personas jurídicas de derecho público. Deben expresar el
pluralismo y concurrir a la formación de las autoridades electivas, a la
orientación de la política nacional, departamental o municipal y a la formación
cívica de los ciudadanos.
Artículo
125 - DE LA LIBERTAD DE ORGANIZACIÓN EN PARTIDOS O EN MOVIMIENTOS POLITICOS
Todos
los ciudadanos tienen el derecho a asociarse libremente en partidos y o en
movimientos políticos para concurrir, por métodos democráticos, a la elección
de las autoridades previstas en esta Constitución y en las leyes, así como en
la orientación de la política nacional. La ley reglamentará la constitución y
el funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, a fin de asegurar el
carácter democrático de los mismos.
Sólo se
podrá cancelar la personalidad jurídica de los partidos y movimientos políticos
en virtud de sentencia judicial.
Artículo
126 - DE LAS PROHIBICIONES A LOS PARTIDOS Y A LOS MOVIMIENTOS POLITICOS
Los
partidos y los movimientos políticos, en su funcionamiento, no podrán:
recibir
auxilio económico, directivas o instrucciones de organizaciones o Estados
extranjeros;
establecer estructuras que, directa o indirectamente, impliquen la utilización o la apelación a la violencia como metodología del quehacer político, y
constituirse con fines de sustituir por la fuerza el régimen de libertad y de democracia, o de poner en peligro la existencia de la República.
CAPÍTULO XI
DE LOS DEBERES
establecer estructuras que, directa o indirectamente, impliquen la utilización o la apelación a la violencia como metodología del quehacer político, y
constituirse con fines de sustituir por la fuerza el régimen de libertad y de democracia, o de poner en peligro la existencia de la República.
CAPÍTULO XI
DE LOS DEBERES
Artículo
127 - DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY
Toda
persona está obligada al cumplimiento de la ley, la crítica a las leyes es
libre, pero no está permitido predicar su desobediencia.
Artículo
128 - DE LA PRIMACIA DEL INTERES GENERAL Y DEL DEBER DE COLABORAR
En
ningún caso el interés de los particulares primará sobre el interés general.
todos los habitantes deben colaborar en bien del país, prestando los servicios
y desempeñando las funciones definidas como carga pública, que determinen esta
Constitución y la ley.
Artículo
129 - DEL SERVICIO MILITAR
Todo
paraguayo tiene la obligación de prepararse y de prestar su concurso para la
defensa armada de la Patria.
A tal
objeto, se establece el servicio militar obligatorio. La ley regulará las
condiciones en que se hará efectivo este deber.
El
servicio militar deberá cumplirse con plena dignidad y respeto hacia la
persona. En tiempo de paz, no podrá exceder de doce meses.
Las
mujeres no prestarán servicio militar sino como auxiliares, en caso de
necesidad, durante conflicto armado internacional.
Quienes
declaren su objeción de conciencia prestarán servicio en beneficio de la
población civil, a través de centros asistenciales designados por ley y bajo
jurisdicción civil. La reglamentación y el ejercicio de este derecho no deberán
tener carácter punitivo ni impondrán gravámenes superiores a los establecidos
para el servicio militar.
Se
prohibe el servicio militar personal no determinado en la ley, o para beneficio
o lucro particular de personas o entidades privadas.
La ley
reglamentará la contribución de los extranjeros a la defensa nacional.
Artículo
130 - DE LOS BENEMERITOS DE LA PATRIA
Los
veteranos de la guerra del Chaco, y los de otros conflictos armados
internacionales que se libren en defensa de la Patria, gozarán de honores y
privilegios; de pensiones que les permitan vivir decorosamente; de asistencia
preferencial, gratuita y completa a su salud, así como de otros beneficios,
conforme con lo que determine la ley.
En los
beneficios económicos les sucederán sus viudas e hijos menores o
discapacitados, incluidos los de los veteranos fallecidos con anterioridad a la
promulgación de esta Constitución.
Los
beneficios acordados a los beneméritos de la Patria no sufrirán restricciones y
serán de vigencia inmediata, sin más requisito que su certificación fehaciente.
Los ex
prisioneros de guerra bolivianos, quienes desde la firma del Tratado de Paz
hubiesen optado por integrarse definitivamente al país, quedan equiparados a
los veteranos de la guerra del chaco, en los beneficios económicos y
prestaciones asistenciales.
CAPÍTULO
XII
DE LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES
DE LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES
Artículo
131 - DE LAS GARANTÍAS
Para
hacer efectivos los derechos consagrados en esta Constitución, se establecen
las garantías contenidas en este capítulo, las cuales serán reglamentadas por
la ley.
Artículo
132 - DE LA INCONSTITUCIONALIDAD
La corte
suprema de Justicia tiene facultad para declarar la inconstitucionalidad de las
normas jurídicas y de las resoluciones judiciales, en la forma y con los
alcances establecidos en esta Constitución y en la ley.
Artículo 133 - DEL HABEAS CORPUS
Artículo 133 - DEL HABEAS CORPUS
Esta
garantía podrá ser interpuesto por el afectado, por sí o por interpósita
persona, sin necesidad de poder por cualquier medio fehaciente, y ante
cualquier Juez de Primera Instancia de la circunscripción judicial respectiva.
El
Hábeas Corpus podrá ser:
Preventivo:
en virtud del cual toda persona, en trance inminente de ser privada ilegalmente
de su libertad física, podrá recabar el examen de la legitimidad de las
circunstancias que, a criterio del afectado, amenacen su libertad, así como una
orden de cesación de dichas restricciones.
Reparador: en virtud del cual toda persona que se hallase ilegalmente privada de su libertad puede recabar la rectificación de las circunstancias del caso. El magistrado ordenará la comparecencia del detenido, con un informe del agente público o privado que lo detuvo, dentro de las veinticuatro horas de radicada la petición. Si el requerido no lo hiciese así, el Juez se constituirá en el sitio en el que se halle recluida la persona, y en dicho lugar hará juicio de méritos y dispondrá su inmediata libertad, igual que si se hubiere cumplido con la presentación del detenido y se haya radicado el informe. Si no existiesen motivos legales que autoricen la privación de su libertad, la dispondrá de inmediato; si hubiese orden escrita de autoridad judicial, remitirá los antecedentes a quien dispuso la detención.
Genérico: en virtud del cual se podrán demandar rectificación de circunstancias que, no estando contempladas en los dos casos anteriores, restrinjan la libertad o amenacen la seguridad personal. Asimismo, esta garantía podrá interponerse en casos de violencia física, psíquica o moral que agraven las condiciones de personas legalmente privadas de su libertad.
La ley reglamentará las diversas modalidades del hábeas corpus, las cuales procederán incluso, durante el Estado de excepción. El procedimiento será breve, sumario y gratuito, pudiendo ser iniciado de oficio.
Reparador: en virtud del cual toda persona que se hallase ilegalmente privada de su libertad puede recabar la rectificación de las circunstancias del caso. El magistrado ordenará la comparecencia del detenido, con un informe del agente público o privado que lo detuvo, dentro de las veinticuatro horas de radicada la petición. Si el requerido no lo hiciese así, el Juez se constituirá en el sitio en el que se halle recluida la persona, y en dicho lugar hará juicio de méritos y dispondrá su inmediata libertad, igual que si se hubiere cumplido con la presentación del detenido y se haya radicado el informe. Si no existiesen motivos legales que autoricen la privación de su libertad, la dispondrá de inmediato; si hubiese orden escrita de autoridad judicial, remitirá los antecedentes a quien dispuso la detención.
Genérico: en virtud del cual se podrán demandar rectificación de circunstancias que, no estando contempladas en los dos casos anteriores, restrinjan la libertad o amenacen la seguridad personal. Asimismo, esta garantía podrá interponerse en casos de violencia física, psíquica o moral que agraven las condiciones de personas legalmente privadas de su libertad.
La ley reglamentará las diversas modalidades del hábeas corpus, las cuales procederán incluso, durante el Estado de excepción. El procedimiento será breve, sumario y gratuito, pudiendo ser iniciado de oficio.
Artículo
134 - DEL AMPARO
Toda
persona que por un acto u omisión, manifestamente ilegítimo, de una autoridad o
de un particular, se considere lesionada gravemente, o en peligro inminente de
serlo en derechos o garantías consagradas en esta Constitución o en la ley, y
que debido a la urgencia del caso no pudiera remediarse por la vía ordinaria,
puede promover amparo ante el magistrado competente. el procedimiento será
breve, sumario, gratuito, y de acción popular para los casos previstos en la
ley.
El
magistrado tendrá facultad para salvaguardar el derecho o garantía, o para
restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida.
Si se
tratara de una cuestión electoral, o relativa a organizaciones políticas, será
competente la justicia electoral.
El
Amparo no podrá promoverse en la tramitación de causas judiciales, ni contra
actos de órganos judiciales, ni en el proceso de formación, sanción y
promulgación de las leyes.
La ley
reglamentará el respectivo procedimiento. Las sentencias recaídas en el Amparo
no causarán estado.
Artículo
135 - DEL HABEAS DATA
Toda
persona puede acceder a la información y a los datos que sobre si misma, o
sobre sus bienes, obren en registros oficiales o privados de carácter público,
así como conocer el uso que se haga de los mismos y de su finalidad. Podrá
solicitar ante el magistrado competente la actualización, la rectificación o la
destrucción de aquellos, si fuesen erróneos o afectaran ilegítimamente sus
derechos.
Artículo
136 - DE LA COMPETENCIA Y DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS MAGISTRADOS
Ningún
magistrado judicial que tenga competencia podrá negarse a entender en las
acciones o recursos previstos en los artículos anteriores; si lo hiciese
injustificadamente, será enjuiciado y, en su caso, removido.
En las
decisiones que dicte, el magistrado judicial deberá pronunciarse también sobre
las responsabilidades en que hubieran incurrido las autoridades por obra del
proceder ilegítimo y, de mediar circunstancias que prima facie evidencien la
perpetración de delito, ordenará la detención o suspensión de los responsables,
así como toda medida cautelar que sea procedente para la mayor efectividad de
dichas responsabilidades. Asimismo, si tuviese competencia, instruirá el
sumario, pertinente y dará intervención al Ministerio Público; si no la
tuviese, pasará los antecedentes al magistrado competente par su prosecución.
PARTE
III
DEL ORDENAMIENTO POLITICO DE LA REPUBLICA
DEL ORDENAMIENTO POLITICO DE LA REPUBLICA
TÍTULO I
DE LA NACIÓN Y DEL ESTADO
DE LA NACIÓN Y DEL ESTADO
CAPÍTULO
I
DE LAS DECLARACIONES GENERALES
DE LAS DECLARACIONES GENERALES
Artículo
137 - DE LA SUPREMACIA DE LA CONSTITUCION
La ley
suprema de la República es la Constitución. Esta, los tratados, convenios y
acuerdos internacionales aprobados y ratificados, las leyes dictadas por el
Congreso y otras disposiciones jurídicas de inferior jerarquía, sancionadas en
consecuencia, integran el derecho positivo nacional en el orden de prelación enunciado.
Quienquiera
que intente cambiar dicho orden, al margen de los procedimientos previstos en
esta Constitución, incurrirá en los delitos que se tipificarán y penarán en la
ley.
Esta
Constitución no perderá su vigencia ni dejará de observarse por actos de fuerza
o fuera derogada por cualquier otro medio distinto del que ella dispone.
Carecen
de validez todas las disposiciones o actos de autoridad opuestos a lo
establecido en esta Constitución.
Artículo
138 - DE LA VALIDEZ DEL ORDEN JURIDICO
Se autoriza
a los ciudadanos a resistir a dichos usurpadores, por todos los medios a su
alcance. En la hipótesis de que esa persona o grupo de personas, invocando
cualquier principio o representación contraria a esta constitución, detenten el
poder público, sus actos se declaren nulos y sin ningún valor, no vinculantes
y, por lo mismo, el pueblo en ejercicio de su derecho de resistencia a la
opresión, queda dispensado de su cumplimiento.
Los
estados extranjeros que, por cualquier circunstancia, se relacionen con tales
usurpadores no podrán invocar ningún pacto, tratado ni acuerdo suscrito o
autorizado por el gobierno usurpador, para exigirlo posteriormente como
obligación o compromiso de la República del Paraguay.
Artículo
139 - DE LOS SIMBOLOS
Son
símbolos de la República del Paraguay:
el
pabellón de la República;
el sello nacional, y
el himno nacional.
La ley reglamentará las características de los símbolos de la República no previstos en la resolución del Congreso General Extraordinario del 25 de noviembre de 1842, y determinando su uso.
el sello nacional, y
el himno nacional.
La ley reglamentará las características de los símbolos de la República no previstos en la resolución del Congreso General Extraordinario del 25 de noviembre de 1842, y determinando su uso.
Artículo
140 - DE LOS IDIOMAS
El
Paraguay es un país pluricultural y bilingüe.
Son
idiomas oficiales el castellano y el guaraní. La ley establecerá las
modalidades de utilización de uno y otro.
Las
lenguas indígenas, así como las de otras minorías, forman parte del patrimonio
cultural de la Nación.
CAPÍTULO
II
DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES
DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES
Artículo
141 - DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES
Los
tratados internacionales validamente celebrados, aprobados por ley del Congreso,
y cuyos instrumentos de ratificación fueran canjeados o depositados, forman
parte del ordenamiento legal interno con la jerarquía que determina el Artículo
137.
Artículo
142 - DE LA DENUNCIA DE LOS TRATADOS
Los
tratados internacionales relativos a los derechos humanos no podrán ser
denunciados sino por los procedimientos que rigen para la enmienda de esta
Constitución.
Artículo
143 - DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES
La
República del Paraguay, en sus relaciones internacionales, acepta el derecho internacional
y se ajusta a los siguientes principios:
la
independencia nacional;
la autodeterminación de los pueblos;
la igualdad jurídica entre los Estados;
la solidaridad y la cooperación internacional;
la protección internacional de los derechos humanos;
la libre navegación de los ríos internacionales;
la no intervención, y
la condena a toda forma de dictadura, colonialismo e imperialismo.
Artículo 144 - DE LA RENUNCIA A LA GUERRA
la autodeterminación de los pueblos;
la igualdad jurídica entre los Estados;
la solidaridad y la cooperación internacional;
la protección internacional de los derechos humanos;
la libre navegación de los ríos internacionales;
la no intervención, y
la condena a toda forma de dictadura, colonialismo e imperialismo.
Artículo 144 - DE LA RENUNCIA A LA GUERRA
La
República del Paraguay renuncia a la guerra, pero sustenta el principio de la
legítima defensa. Esta declaración es compatible con los derechos y
obligaciones del Paraguay en su carácter de miembro de la Organización de las
Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos, o como parte en
tratados de integración.
Artículo
145 - DEL ORDEN JURIDICO SUPRANACIONAL
La
República del Paraguay, en condiciones de igualdad con otros Estados, admite un
orden jurídico supranacional que garantice la vigencia de los derechos humanos,
de la paz, de la justicia, de la cooperación y del desarrollo, en lo político,
económico, social y cultural.
Dichas
decisiones sólo podrán adoptarse por mayoría absoluta de cada Cámara del
Congreso.
CAPÍTULO
III
DE LA NACIONALIDAD Y DE LA CIUDADANIA
DE LA NACIONALIDAD Y DE LA CIUDADANIA
Artículo
146 - DE LA NACIONALIDAD NATURAL
Son de
nacionalidad paraguaya natural:
las
personas nacidas en el territorio de la República;
los hijos de madre o padre paraguayo quienes, hallándose uno o ambos al servicio de la República, nazcan en el extranjero;
los hijos de madre o padre paraguayo nacidos en el extranjero, cuando aquéllos se radiquen en la República en forma permanente, y
los infantes de padres ignorados, recogidos en el territorio de la República.
La formalización del derecho consagrado en el inciso 3. se efectuará por simple declaración del interesado, cuando éste sea mayor de dieciocho años. Si no los hubiese cumplido aún, la declaración de su representante legal tendrá validez hasta dicha edad, quedando sujeta a ratificación por el interesado.
los hijos de madre o padre paraguayo quienes, hallándose uno o ambos al servicio de la República, nazcan en el extranjero;
los hijos de madre o padre paraguayo nacidos en el extranjero, cuando aquéllos se radiquen en la República en forma permanente, y
los infantes de padres ignorados, recogidos en el territorio de la República.
La formalización del derecho consagrado en el inciso 3. se efectuará por simple declaración del interesado, cuando éste sea mayor de dieciocho años. Si no los hubiese cumplido aún, la declaración de su representante legal tendrá validez hasta dicha edad, quedando sujeta a ratificación por el interesado.
Artículo
147 - DE LA NO PRIVACIÓN DE LA NACIONALIDAD NATURAL
Ningún
paraguayo natural será privado de su nacionalidad, pero podrá renunciar
voluntariamente a ella.
Artículo
148 - DE LA NACIONALIDAD POR NATURALIZACION
Los
extranjeros podrán obtener la nacionalidad paraguaya por naturalización si
reúnen los siguientes requisitos:
mayoría
de edad:
radicación mínima de tres años en territorio nacional;
ejercicio en el país de alguna profesión, oficio, ciencia, arte o industria, y
buena conducta, definida en la ley.
Artículo 149 - DE LA NACIONALIDAD MULTIPLE
radicación mínima de tres años en territorio nacional;
ejercicio en el país de alguna profesión, oficio, ciencia, arte o industria, y
buena conducta, definida en la ley.
Artículo 149 - DE LA NACIONALIDAD MULTIPLE
La
nacionalidad múltiple podrá ser admitida mediante tratado internacional por
reciprocidad de rango constitucional entre los Estados del natural de origen y
del de adopción.
Artículo
150 - DE LA PERDIDA DE LA NACIONALIDAD
Los
paraguayos naturalizados pierden la nacionalidad en virtud de ausencia
injustificada de la República por más de tres años, declarada judicialmente, o
por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad.
Artículo
151 - DE LA NACIONALIDAD HONORARIA
Podrán
ser distinguidos con la nacionalidad honoraria, por ley del congreso, los
extranjeros que hubiesen prestado servicios eminentes a la República.
Artículo
152 - DE LA CIUDADANIA
Son
ciudadanos:
toda
persona de nacionalidad paraguaya natural, desde los dieciocho años de edad, y
toda persona de nacionalidad paraguaya por naturalización, después de dos años de haberla obtenido.
Artículo 153 - DE LA SUSPENSIÓN DEL EJERCICIO DE LA CIUDADANIA
toda persona de nacionalidad paraguaya por naturalización, después de dos años de haberla obtenido.
Artículo 153 - DE LA SUSPENSIÓN DEL EJERCICIO DE LA CIUDADANIA
Se
suspende el ejercicio de la ciudadanía:
por la
adopción de otra nacionalidad, salvo reciprocidad internacional;
por incapacidad declarada en juicio, que impida obrar libremente y con discernimiento, y
cuando la persona se hallara cumpliendo condena judicial, con pena privativa de libertad.
La suspensión de la ciudadanía concluye al cesar legalmente la causa que la determina.
por incapacidad declarada en juicio, que impida obrar libremente y con discernimiento, y
cuando la persona se hallara cumpliendo condena judicial, con pena privativa de libertad.
La suspensión de la ciudadanía concluye al cesar legalmente la causa que la determina.
Artículo
154 - DE LA COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL
La ley
establecerá las normas sobre adquisición, recuperación y opción de la
nacionalidad, así como sobre la suspensión de la ciudadanía.
El Poder
Judicial tendrá competencia exclusiva para entender en estos casos.
CAPÍTULO
IV
DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA REPUBLICA
DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA REPUBLICA
SECCIÓN
I
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES
Artículo
155 - DEL TERRITORIO, DE LA SOBERANÍA Y DE LA INENAJENABILIDAD
El
territorio nacional jamás podrá ser cedido, transferido, arrendad, ni en forma
alguna enajenado, aún temporalmente, a ninguna potencia extranjera. Los Estados
que mantengan relaciones diplomáticas con la República, así como los organismos
internacionales de los cuales ella forma parte, sólo podrán adquirir los
inmuebles necesarios para la sede de sus representaciones, de acuerdo con las
prescripciones de la ley. En estos casos, quedará siempre a salvo la soberanía
nacional sobre el suelo.
Artículo
156 - DE LA ESTRUCTURA POLITICA Y LA ADMINISTRATIVA
A los
efectos de la estructuración política y administrativa del Estado, el
territorio nacional se divide en departamentos, municipios y distritos, los
cuales, dentro de los límites de esta Constitución y de las leyes, gozan de
autonomía política, administrativa y normativa para la gestión de sus
intereses, y de autarquía en la recaudación e inversión de sus recursos.
Artículo
157 - DE LA CAPITAL
La
Ciudad de la Asunción es la Capital de la República y asiento de los poderes
del Estado. Se constituye en Municipio, y es independiente de todo
Departamento. La ley fijará sus límites.
Artículo
158 - DE LOS SERVICIOS NACIONALES
La
creación y el funcionamiento de servicios de carácter nacional en la jurisdicción
de los departamentos y de los municipios serán autorizadas por ley.
Podrán
establecerse igualmente servicios departamentales, mediante acuerdos entre los
respectivos departamentos y municipios.
Artículo
159 - DE LOS DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
La
creación, la fusión o la modificación de los departamentos y sus capitales, los
municipios y los distritos, en sus casos, serán determinadas por la ley,
atendiendo a las condiciones socioeconómicas, demográficas, ecológicas,
culturales e históricas de los mismos.
Artículo
160 - DE LAS REGIONES
Los
departamentos podrán agruparse en regiones, para el mejor desarrollo de sus
respectivas comunidades. Su constitución y su funcionamiento serán regulados
por la ley.
SECCIÓN
II
DE LOS DEPARTAMENTOS
DE LOS DEPARTAMENTOS
Artículo
161 - DEL GOBIERNO DEPARTAMENTAL
El
gobierno de cada departamento será ejercido por un gobernador y por una junta
departamental. Serán electos por voto directo de los ciudadanos radicados en
los respectivos departamentos, en comicios coincidentes con las elecciones
generales, y durarán cinco años en sus funciones.
El
gobernador representa al Poder Ejecutivo en la ejecución de la política
nacional. No podrá ser electo.
La ley
determinará la composición y las funciones de las juntas departamentales.
Artículo
162 - DE LOS REQUISITOS
Para ser
gobernador ser requiere:
ser
paraguayo natural;
tener treinta años cumpliendo, y
ser nativo del departamento y con radicación en el mismo por un año cuanto menos. En el caso de que el candidato no sea oriundo del departamento, deberá estar radicado en él durante cinco años como mínimo. Ambos plazos se contarán inmediatamente antes de las elecciones.
Las inhabilidades para candidatos a gobernadores serán las mismas que para Presidente y Vicepresidente de la República.
tener treinta años cumpliendo, y
ser nativo del departamento y con radicación en el mismo por un año cuanto menos. En el caso de que el candidato no sea oriundo del departamento, deberá estar radicado en él durante cinco años como mínimo. Ambos plazos se contarán inmediatamente antes de las elecciones.
Las inhabilidades para candidatos a gobernadores serán las mismas que para Presidente y Vicepresidente de la República.
Para ser
miembro de la junta departamental rigen los mismos requisitos establecidos para
cargo de gobernador, con excepción de la edad, que deberá ser la de veinticinco
años cumplidos.
Artículo
163 - DE LA COMPETENCIA
Es de
competencia del gobierno departamental:
coordinar
sus actividades con las de las distintas municipalidades del departamento;
organizar los servicios departamentales comunes, tales como obras públicas,
provisión de energía, de agua potable y los demás que afecten conjuntamente a
más de un Municipio, así como promover las asociaciones de cooperación entre
ellos;
preparar el plan de desarrollo departamental, que deberá coordinarse con el Plan Nacional de Desarrollo, y elaborar la formulación presupuestaria anual, a considerarse en el Presupuesto General de la Nación;
coordinar la acción departamental con las actividades del gobierno central, en especial lo relacionado con las oficinas de carácter nacional del departamento, primordialmente en el ámbito de la salud y en el de la educación;
disponer la integración de los Consejos de Desarrollo Departamental, y
las demás competencias que fijen esta Constitución y la ley.
Artículo 164 - DE LOS RECURSOS
preparar el plan de desarrollo departamental, que deberá coordinarse con el Plan Nacional de Desarrollo, y elaborar la formulación presupuestaria anual, a considerarse en el Presupuesto General de la Nación;
coordinar la acción departamental con las actividades del gobierno central, en especial lo relacionado con las oficinas de carácter nacional del departamento, primordialmente en el ámbito de la salud y en el de la educación;
disponer la integración de los Consejos de Desarrollo Departamental, y
las demás competencias que fijen esta Constitución y la ley.
Artículo 164 - DE LOS RECURSOS
Los
recursos de la administración departamental son:
la
porción correspondiente de impuestos, tasas y contribuciones que se definan y
regulen por esta constitución y por la ley;
las asignaciones o subvenciones que les destinen el Gobierno nacional;
las rentas propias determinadas por ley, así como las donaciones y los legados, y
los demás recursos que fije la ley.
Artículo 165 - DE LA INTERVENCION
las asignaciones o subvenciones que les destinen el Gobierno nacional;
las rentas propias determinadas por ley, así como las donaciones y los legados, y
los demás recursos que fije la ley.
Artículo 165 - DE LA INTERVENCION
Los
departamentos y las municipalidades podrán ser intervenidos por el Poder
Ejecutivo, previo acuerdo de la Cámara de Diputados, en los siguientes casos:
a
solicitud de la junta departamental o de la municipal, por decisión de la
mayoría absoluta;
por desintegración de la junta departamental o de la municipal, que imposibilite su funcionamiento, y
por grave irregularidad en la ejecución del presupuesto o en la administración de sus bienes, previo dictamen de la Contraloría General de la República.
La intervención no se prolongará por más de noventa días, y si de ella resultase la existencia del caso previsto en el inciso 3., la Cámara de Diputados por mayoría absoluta, podrá destituir al gobernador o al intendente, o la junta departamental o la municipal, debiendo el Tribunal Superior de Justicia Electoral convocar a nuevos comicios para constituir las autoridades que reemplacen a las que hayan cesado en sus funciones, dentro de los noventa días siguientes a la resolución dictada por la Cámara de Diputados.
por desintegración de la junta departamental o de la municipal, que imposibilite su funcionamiento, y
por grave irregularidad en la ejecución del presupuesto o en la administración de sus bienes, previo dictamen de la Contraloría General de la República.
La intervención no se prolongará por más de noventa días, y si de ella resultase la existencia del caso previsto en el inciso 3., la Cámara de Diputados por mayoría absoluta, podrá destituir al gobernador o al intendente, o la junta departamental o la municipal, debiendo el Tribunal Superior de Justicia Electoral convocar a nuevos comicios para constituir las autoridades que reemplacen a las que hayan cesado en sus funciones, dentro de los noventa días siguientes a la resolución dictada por la Cámara de Diputados.
SECCIÓN
III
DE LOS MUNICIPIOS
DE LOS MUNICIPIOS
Artículo
166 - DE LA AUTONOMIA
Las
municipalidades son los órganos de gobierno local con personería jurídica que,
dentro de su competencia, tienen autonomía política, administrativa y
normativa, así como autarquía en la recaudación e inversión de sus recursos.
Artículo
167 - DEL GOBIERNO MUNICIPAL
El
gobierno de los municipios estará a cargo de un intendente y de una junta
municipal, los cuales serán electos en sufragio directo por las personas
habilitadas legalmente.
Artículo
168 - DE LAS ATRIBUCIONES
Serán
atribuciones de las municipalidades, en su jurisdicción territorial y con
arreglo a la ley:
la libre
gestión en materias de su competencia, particularmente en las de urbanismo,
ambiente, abasto, educación, cultura, deporte, turismo, asistencia sanitaria y
social, instituciones de crédito, cuerpos de inspección y de policía;
la administración y la disposición de sus bienes;
la elaboración de su presupuesto de ingresos y egresos;
la participación en las rentas nacionales;
la regulación del monto de las tasas retributivas de servicios efectivamente prestados, no pudiendo sobrepasar el costo de los mismos;
el dictado de ordenanzas, reglamentos y resoluciones;
el acceso al crédito privado y al crédito público, nacional e internacional;
la reglamentación y la fiscalización del tránsito, del transporte público y la de otras materias relativas a la circulación de vehículos, y
las demás atribuciones que fijen esta Constitución y la ley.
Artículo 169 - DEL IMPUESTO INMOBILIARIO
la administración y la disposición de sus bienes;
la elaboración de su presupuesto de ingresos y egresos;
la participación en las rentas nacionales;
la regulación del monto de las tasas retributivas de servicios efectivamente prestados, no pudiendo sobrepasar el costo de los mismos;
el dictado de ordenanzas, reglamentos y resoluciones;
el acceso al crédito privado y al crédito público, nacional e internacional;
la reglamentación y la fiscalización del tránsito, del transporte público y la de otras materias relativas a la circulación de vehículos, y
las demás atribuciones que fijen esta Constitución y la ley.
Artículo 169 - DEL IMPUESTO INMOBILIARIO
Corresponderá
a las municipalidades y a los departamentos la totalidad de los tributos que
graven la propiedad inmueble en forma directa. Su recaudación será competencia
de las municipalidades. El setenta por ciento de lo recaudado por cada
municipalidad quedará en propiedad de la misma, el quince por ciento en la del
departamento respectivo y el quince por ciento restante será distribuido entre
las municipalidades de menores recursos, de acuerdo con la ley.
Artículo
170 - DE LA PROTECCIÓN DE RECURSOS
Ninguna
institución del Estado, ente autónomo, autárquico o descentralizado podrá
apropiarse de ingresos o rentas de las municipalidades.
Artículo
171 - DE LAS CATEGORIAS Y DE LOS REGIMENES
Las
diferentes categorías y regímenes de municipalidades serán establecidos por
ley, atendiendo a las condiciones de población, de desarrollo económico, de
situación geográfica, ecológica, cultural, histórica y a otros factores
determinantes de su desarrollo.
Las
municipalidades podrán asociarse entre sí para encarar en común la realización
de sus fines y, mediante ley, con municipalidades de otros países.
CAPÍTULO
V
DE LA FUERZA PUBLICA
DE LA FUERZA PUBLICA
Artículo
172 - DE LA COMPOSICION
La
Fuerza Pública está integrada, en forma exclusiva, por las fuerza militares y
policiales.
Artículo
173 - DE LAS FUERZAS ARMADAS
Las
Fuerzas Armadas de la Nación constituye una institución nacional que será
organizada con carácter permanente, profesional, no deliberante, obediente,
subordinada a los poderes del Estado y sujeta a las disposiciones de esta
constitución y de las leyes. Su misión es la de custodiar la integridad
territorial y la de defender a las autoridades legítimamente constituidas,
conformes con esta Constitución y las leyes. Su organización y sus efectivos
serán determinados por la ley.
Los
militares en servicio activo ajustarán su desempeño a las leyes y reglamentos,
y no podrán afiliarse a partido o a movimiento político alguno, ni realizar
ningún tipo de actividad política.
Artículo
174 - DE LOS TRIBUNALES MILITARES
Los
tribunales militares solo juzgarán delitos o faltas de carácter militar,
calificados como tales por la ley, y cometidos por militares en servicio
activo. Sus fallos podrán ser recurridos ante la justicia ordinaria.
Cuando
se trate de un acto previsto y penado, tanto por la ley penal común como por la
ley penal militar no será considerado como delito militar, salvo que hubiese
sido cometido por un militar en servicio activo y en ejercicio de funciones
castrenses. En caso de duda de si el delito es común o militar, se lo
considerará como delito común. Sólo en caso de conflicto armado internacional,
y en la forma dispuesta por la ley, estos tribunales podrán tener jurisdicción
sobre personas civiles y militares retirados.
Artículo
175 - DE LA POLICIA NACIONAL
La
Policía Nacional es una institución profesional, no deliberante, obediente,
organizada con carácter permanente y en dependencia jerárquica del órgano del
Poder Ejecutivo encargado de la seguridad interna de la Nación.
Dentro
del marco de esta Constitución y de las leyes, tiene la misión de preservar el
orden público legalmente establecido, así como los derechos y la seguridad de
las personas y entidades y de sus bienes; ocuparse de la prevención de los
delitos; ejecutar los mandatos de la autoridad competente y, bajo dirección
judicial, investigar los delitos. La ley reglamentará su organización y sus
atribuciones.
El mando
de la Policía Nacional será ejercido por un oficial superior de su cuadro
permanente. Los policías en servicio activo no podrán afiliarse a partido o a
movimiento político alguno, ni realizar ningún tipo de actividad política.
La
creación de cuerpos de policía independientes podrá ser establecida por ley, la
cual fijará sus atribuciones y respectivas competencias, en el ámbito municipal
y en el de los otros poderes del Estado.
CAPÍTULO
VI
DE LA POLITICA ECONOMICA DEL ESTADO
DE LA POLITICA ECONOMICA DEL ESTADO
SECCIÓN
I
DEL DESARROLLO ECONOMICO NACIONAL
DEL DESARROLLO ECONOMICO NACIONAL
Artículo
176 - DE LA POLITICA ECONOMICA Y DE LA PROMOCION DEL DESARROLLO
La
política económica tendrá como fines, fundamentalmente, la promoción del
desarrollo económico, social y cultural.
El
Estado promoverá el desarrollo económico mediante la utilización racional de
los recursos disponibles, con el objeto de impulsar un crecimiento ordenado y
sostenido de la economía, de crear nuevas fuentes de trabajo y de riqueza, de
acrecentar el patrimonio nacional y de asegurar el bienestar de la población.
El desarrollo se fomentará con programas globales que coordinen y orienten la
actividad económica nacional.
Artículo
177 - DEL CARACTER DE LOS PLANES DE DESARROLLO
Los
planes nacionales de desarrollo serán indicativos para el sector privado, y de
cumplimiento obligatorio para el sector público.
SECCIÓN
II
DE LA ORGANIZACIÓN FINANCIERA
DE LA ORGANIZACIÓN FINANCIERA
Artículo
178 - DE LOS RECURSOS DEL ESTADO
Para el
cumplimiento de sus fines, el Estado establece impuestos, tasas, contribuciones
y demás recursos; explota por sí, o por medio de concesionarios los bienes de
su dominio privado, sobre los cuales determina regalías, "royalties",
compensaciones u otros derechos, en condiciones justas y convenientes para los
intereses nacionales; organiza la explotación de los servicios públicos y
percibe el canon de los derechos que se estatuyan; contrae empréstitos internos
o internacionales destinados a los programas nacionales de desarrollo; regula
el sistema financiero del país, y organiza, fija y compone el sistema
monetario.
Artículo
179 - DE LA CREACIÓN DE TRIBUTOS
Todo
tributo, cualquiera sea su naturaleza o denominación, será establecido
exclusivamente por la ley, respondiendo a principios económicos y sociales
justos, así como a políticas favorables al desarrollo nacional.
Es
también privativo de la ley determinar la materia imponible, los sujetos
obligados y el carácter del sistema tributario.
Artículo
180 - DE LA DOBLE IMPOSICION
No podrá
ser objeto de doble imposición el mismo hecho generador de la obligación
tributaria. En las relaciones internacionales, el Estado podrá celebrar
convenios que eviten la doble imposición, sobre la base de la reciprocidad.
Artículo
181 - DE LA IGUALDAD DEL TRIBUTO
La
igualdad es la base del tributo. Ningún impuesto tendrá carácter confiscatorio.
Su creación y su vigencia atenderán a la capacidad contributiva de los
habitantes y a las condiciones generales de la economía del país.
TÍTULO
II
DE LA ESTRUCTURA Y DE LA ORGANIZACIÓN DEL ESTADO
DE LA ESTRUCTURA Y DE LA ORGANIZACIÓN DEL ESTADO
CAPÍTULO
I
DEL PODER LEGISLATIVO
DEL PODER LEGISLATIVO
SECCIÓN
I
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES
Artículo
182 - DE LA COMPOSICION
El Poder
Legislativo será ejercido por el Congreso, compuesto de una Cámara de senadores
y otra de diputados.
Los
miembros titulares y suplentes de ambas Cámaras serán elegidos directamente por
el pueblo; de conformidad con la ley.
Los
miembros suplentes sustituirán a los titulares en caso de muerte, renuncia o
inhabilidad de éstos, por el resto del período constitucional o mientras dure
la inhabilidad, si ella fuere temporal. En los demás casos, resolverá el
reglamente de cada Cámara.
Artículo
183 - DE LA REUNIÓN EN CONGRESO
Sólo
ambas Cámaras, reunidas en Congreso, tendrán los siguientes deberes y
atribuciones:
recibir
el juramento o promesa, el asumir el cargo, del Presidente de la República, del
Vicepresidente y de los miembros de la Corte Suprema de Justicia;
conceder o denegar al Presidente de la República el permiso correspondiente, en los casos previstos por esta Constitución;
autorizar la entrada de fuerzas armadas extranjeras al territorio de la República y la salida la exterior de las nacionales, salvo casos de mera cortesía;
recibir a Jefes de Estado o de Gobierno de otros países, y
los demás deberes y atribuciones que fije esta Constitución.
El Presidente de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados presidirán las reuniones del Congreso en carácter de Presidente y Vicepresidente, respectivamente.
conceder o denegar al Presidente de la República el permiso correspondiente, en los casos previstos por esta Constitución;
autorizar la entrada de fuerzas armadas extranjeras al territorio de la República y la salida la exterior de las nacionales, salvo casos de mera cortesía;
recibir a Jefes de Estado o de Gobierno de otros países, y
los demás deberes y atribuciones que fije esta Constitución.
El Presidente de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados presidirán las reuniones del Congreso en carácter de Presidente y Vicepresidente, respectivamente.
Artículo
184 - DE LAS SESIONES
Ambas
Cámaras del congreso se reunirán anualmente en sesiones ordinarias, desde el
primero de julio de cada año hasta el 30 de junio siguiente con un período de
receso desde el veinte y uno de diciembre al primero de marzo, fecha ésta en la
que rendirá su informe el Presidente de la República. Las dos Cámaras se
convocarán a sesiones extraordinarias o prorrogarán sus sesiones por decisión
de la cuarta parte de los miembros de cualquiera de ellas; por resolución de
los dos tercios de integrantes de la Comisión Permanente del Congreso, o por
decreto del Poder Ejecutivo. El Presidente del Congreso o el de la Comisión
Permanente deberán convocarlas en el término perentorio de cuarenta y ocho
horas.
Las
prórrogas de sesiones será efectudas del mismo modo. Las extraordinarias se
convocarán para tratar un orden del día determinado, y se clausurarán una vez
que éste haya sido agotado.
Artículo
185 - DE LAS SESIONES CONJUNTAS
Las
Cámaras sesionarán conjuntamente en los casos previstos en esta Constitución en
el Reglamento del Congreso, donde se establecerán las formalidades necesarias.
El
quórum legal se formará con la mitad más uno del total de cada Cámara. Salvo
los casos en que esta Constitución establece mayorías calificadas, las
decisiones se tomarán por simple mayoría de votos de los miembros presentes.
Para las
votaciones de las Cámaras del Congreso se entenderá por simple mayoría la mitad
más uno de los miembros presentes; por mayoría de dos tercios, las dos terceras
partes de los miembros presentes; por mayoría absoluta, el quórum legal, y por
mayoría absoluta de dos tercios, las dos terceras partes del número total de
miembros de cada cámara.
Las
disposiciones previstas en este Artículo se aplicarán también a las sesiones de
ambas cámaras reunidas en Congreso.
El mismo
régimen de quórum y mayorías se aplicará a cualquier órgano colegiado electivo
previsto por esta Constitución.
Artículo
186 - DE LAS COMISIONES
Las
cámaras funcionarán en pleno y en comisiones unicamerales o bicamerales.
Todas
las comisiones se integrarán, en lo posible, proporcionalmente, de acuerdo con
las bancadas representadas en las Cámaras.
Al
inicio de las sesiones anuales de la legislatura, cada Cámara designará las
comisiones asesoras permanentes. Estas podrán solicitar informes u opiniones de
personas y entidades públicas o privadas, a fin de producir sus dictámenes o de
facilitar el ejercicio de las demás facultades que corresponden al Congreso.
Artículo
187 - DE LA ELECCIÓN Y DE LA DURACION
Los
senadores y diputados titulares y suplentes serán elegidos en comicios
simultáneos con los presidenciales.
Los
legisladores durarán cinco años en su mandato, a partir del primero de julio y
podrán ser reelectos.
Las
vacancias definitivas o temporarias de la Cámara de Diputados serán cubiertas
por los suplentes electos en el mismo departamento, y las de la Cámara de
Senadores por los suplentes de la lista proclamada por la Justicia Electoral.
Artículo
188 - DEL JURAMENTO O PROMESA
En el
acto de su incorporación a las cámaras, los senadores y diputados prestarán
juramento o promesa de desempeñarse debidamente en el cargo y de obrar de
conformidad con lo que prescribe esta Constitución.
Ninguna
de las cámaras podrá sesionar, deliberar o adoptar decisiones sin la presencia
de la mayoría absoluta. Un número menor podrá, sin embargo, compeler a los
miembros ausentes a concurrir a las sesiones en los términos que establezca cada
Cámara.
Artículo
189 - DE LAS SENADURIAS VITALICIAS
Los ex
presidentes de la República, electos democráticamente, serán senadores
vitalicios de la Nación, salvo que hubiesen sido sometidos a juicio político y
hallados culpables. No integrarán el quórum. Tendrán voz pero no voto.
Artículo
190 - DEL REGLAMENTO
Cada
Cámara redactará su reglamento. Por mayoría de dos tercios podrá amonestar o a
percibir cualquiera de sus miembros, por inconducta en el ejercicio de sus
funciones, y suspenderlo hasta sesenta días sin goce de dieta. Por mayoría
absoluta podrá removerlo por incapacidad física o mental, declarada por la
Corte Suprema de Justicia. En los casos de renuncia, se decidirá por simple
mayoría de votos.
Artículo
191 - DE LAS INMUNIDADES
Ningún
miembro del Congreso puede ser acusado judicialmente por las opiniones que
emita en el desempeño de sus funciones. Ningún Senador o Diputado podrá ser
detenido, desde el día de su elección hasta el del cese de sus funciones, salvo
que fuera hallado en flagrante delito que merezca pena corporal. En este caso,
la autoridad interviniente lo pondrá bajo custodia en su residencia, dará
cuenta de inmediato del hecho a la Cámara respectiva y al juez competentes, a
quien remitirá los antecedentes a la brevedad.
Cuando se
formase causa contra un Senador o un Diputado ante los tribunales ordinarios,
el juez lo comunicará, con copia de los antecedentes, a la Cámara respectiva,
la cual examinará el mérito del sumario, y por mayoría de dos tercios resolverá
si ha lugar o no desafuero, para ser sometido a proceso. En caso afirmativo, le
suspenderá en sus fueros.
Artículo
192 - DEL PEDIDO DE INFORMES
Las
Cámaras pueden solicitar a los demás poderes del Estado, a los entes autónomos,
autárquicos y descentralizados, y a los funcionarios públicos, los informes
sobre asuntos de interés público que estimen necesarios, exceptuando la
actividad jurisdiccional.
Los
afectados están obligados a responder los pedidos de informe dentro del plazo
que se les señale, el cual no podrá ser menor de quince días.
Artículo
193 - DE LA CITACIÓN Y DE LA INTERPELACION
Cada
Cámara. por mayoría absoluta, podrá citar e interpelar individualmente a los
ministros y a otros altos funcionarios de la Administración Pública, así como a
los directores y administradores de los entes autónomos, autárquicos y
descentralizados, a los de entidades que administren fondos del Estado y a los
de las empresas de participación estatal mayoritaria, cuando se discuta una ley
o se estudie un asunto concerniente a sus respectivas actividades. Las
preguntas deben comunicarse al citado con una antelación mínima de cinco días.
Salvo justa causa, será obligatorio para los citados concurrir a los
requerimientos, responder a las preguntas y brindar toda la información que les
fuese solicitada.
La ley
determinará la participación de la mayoría y de la minoría en la formulación de
las preguntas.
No se
podrá citar, interpelar al Presidente de la República, al Vicepresidente ni a
los miembros del Poder Judicial, en materia jurisdiccional.
Artículo
194 - DEL VOTO DE CENSURA
Si el
citado no concurriese a la Cámara respectiva, o ella considerara
insatisfactorias sus declaraciones, ambas Cámaras, por mayoría absoluta de dos
tercios, podrá emitir un voto de censura en su contra y recomendar su remoción
del cargo al Presidente de la República o al superior jerárquico.
Si la
moción de censura no fuese aprobada, no se presentará otra sobre el mismo tema
respecto al mismo Ministro o funcionario citados, en ese período de sesiones.
Artículo
195 - DE LAS COMISIONES DE INVESTIGACION
Ambas
Cámaras del congreso podrán construir comisiones conjuntas de investigación
sobre cualquier asunto de interés público, así como sobre la conducta de sus
miembros.
Los
directores y administradores de los entes autónomos, autárquicos y
descentralizados, los de las entidades que administren fondos del Estado, los
de las empresas de participación estatal mayoritaria, los funcionarios públicos
y los particulares están obligados a comparecer ante las dos Cámaras y
suministrarles la información y las documentaciones que se les requiera. La ley
establecerá las sanciones por el incumplimiento de esta obligación.
El
Presidente de la República, el Vicepresidente, los ministros del Poder
Ejecutivo y los magistrados judiciales, en materia jurisdiccional, no podrán
ser investigados.
La
actividad de las comisiones investigadoras no afectará las atribuciones
privativas del Poder Judicial, ni lesionará los derechos y garantías
consagrados por esta constitución, sus conclusiones no serán vinculantes para
los tribunales ni menoscabarán las resoluciones judiciales, sin perjuicio del
resultado de la investigación, que podrá ser comunicado a la justicia
ordinaria.
Los
jueces ordenarán, conforme a derecho, las diligencias y pruebas que se les
requiera, a los efectos de la investigación.
Artículo
196 - DE LAS INCOMPATIBILIDADES
Podrán
ser electos, pero no podrán desempeñar funciones legislativas, los asesores de
reparticiones públicas, los funcionarios y los demás empleados a sueldo del
Estado o de los municipios, cualquiera sea la denominación con que figuren y el
concepto de sus retribuciones, mientras subsista la designación para dichos
cargos.
Se
exceptúan de las incompatibilidades establecidas en este Artículo, el ejercicio
parcial de la docencia y el de la investigación científica.
Ningún
Senador o Diputado puede formar parte de empresas que exploten servicios
públicos o tengan concesiones del Estado, ni ejercer la asesoría jurídica o la
representación de aquellas, por sí o por interpósita persona.
Artículo
197 - DE LAS INHABILIDADES
No
pueden ser candidatos a senadores ni a diputados:
los
condenados por sentencia firme a penas privativas de libertas, mientras dure la
condena;
los condenados a penas de inhabilitación para el ejercicio de la función pública, mientras dure aquella;
los condenados por la comisión de delitos electorales, por el tiempo que dure la condena;
los magistrados judiciales, los representantes del Ministerio Público, el Procurador General de la República, el Subcontador, y los miembros de la Justicia Electoral;
los ministros o religiosos de cualquier credo;
los representantes o mandatarios de empresas, corporaciones o entidades nacionales o extranjeras, que sean concesionarias de servicios estatales, o de ejecución de obras o provisión de bienes al Estado;
los militares y policías en servicio activo;
los candidatos a Presidente de la República o a Vicepresidente, y
los propietarios o copropietarios de los medios de comunicación.
Los ciudadanos afectados por las inhabilitaciones previstas en los incisos 4, 5, 6, y 7, y deberán cesar en su inhabilidad para ser candidatos noventa días, por lo menos, antes de la fecha de inscripción de sus listas en el Tribunal Superior de Justicia Electoral.
los condenados a penas de inhabilitación para el ejercicio de la función pública, mientras dure aquella;
los condenados por la comisión de delitos electorales, por el tiempo que dure la condena;
los magistrados judiciales, los representantes del Ministerio Público, el Procurador General de la República, el Subcontador, y los miembros de la Justicia Electoral;
los ministros o religiosos de cualquier credo;
los representantes o mandatarios de empresas, corporaciones o entidades nacionales o extranjeras, que sean concesionarias de servicios estatales, o de ejecución de obras o provisión de bienes al Estado;
los militares y policías en servicio activo;
los candidatos a Presidente de la República o a Vicepresidente, y
los propietarios o copropietarios de los medios de comunicación.
Los ciudadanos afectados por las inhabilitaciones previstas en los incisos 4, 5, 6, y 7, y deberán cesar en su inhabilidad para ser candidatos noventa días, por lo menos, antes de la fecha de inscripción de sus listas en el Tribunal Superior de Justicia Electoral.
Artículo
198 - DE LA INHABILIDAD RELATIVA
No
podrán ser electos senadores ni diputados los ministros del Poder ejecutivo;
los subsecretarios de Estado; los presidentes de Consejos o administradores
generales de los entes descentralizados, autónomos, autárquicos, binacionales o
multinacionales, los de empresas con participación estatal mayoritaria, y los
gobernadores e intendentes, si no renuncian a sus respectivos cargos y se les
acepta las mismas por lo menos noventa días antes de la fecha de las
elecciones.
Artículo
199 - DE LOS PERMISOS
Los
Senadores y diputados solo podrán aceptar cargos de Ministro o de diplomático.
Para desempeñarlos, deberán solicitar permiso a la Cámara respectiva, a la cual
podrán reincorporarse al término de aquellas funciones.
Artículo
200 - DE LA ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Cada
Cámara constituirá sus autoridades y designará a sus empleados.
Artículo
201 - DE LA PERDIDA DE LA INVESTIDURA
Los
senadores y diputados perderán su investidura, además de los casos ya
previstos, por las siguientes causas:
la
violación del régimen de las inhabilidades e icompatibilidades previstas en
esta Constitución, y
el uso indebido de influencias, fehacientemente comprobado.
Los senadores y diputados no estarán sujetos a mandatos imperativos.
el uso indebido de influencias, fehacientemente comprobado.
Los senadores y diputados no estarán sujetos a mandatos imperativos.
Artículo
202 - DE LOS DEBERES Y DE LAS ATRIBUCIONES
Son
deberes y atribuciones del Congreso:
velar
por la observancia de esta Constitución, de las leyes;
dictar los códigos y demás leyes, modificarlos o derogarlos, interpretando esta Constitución;
establecer la división política del territorio de la República, así como la organización regional, departamental y municipal;
legislar sobre materia tributaria;
sancionar anualmente la ley del Presupuesto General de la Nación;
dictar la Ley Electoral;
determinar el régimen legal de la enajenación y el de adquisición de los bienes fiscales, departamentales y municipales;
expedir resoluciones y acuerdos internos, como asimismo formular declaraciones, conforme con sus facultades;
aprobar o rechazar los tratados y demás acuerdos internacionales suscritos por el Poder ejecutivo;
aprobar o rechazar la contratación de empréstitos;
autorizar, por tiempo determinado, concesiones para la explotación de servicios públicos nacionales, multinacionales o de bienes del Estado, así como para la extracción y transformación de minerales sólidos, líquidos y gaseosos;
dictar leyes para la organización de la administración de la República, para la creación de entes descentralizados y para el ordenamiento del crédito público;
expedir leyes de emergencia en los casos de desastre o de calamidad pública;
recibir el juramento promesa constitucional del Presidente de la República, el del Vicepresidente y el de los demás funcionarios, de acuerdo con lo establecido en esta Constitución;
recibir del Presidente de la República, un informe sobre la situación general del país, sobre su administración y sobre los planes de gobiernos; en la forma dispuesta en esta Constitución;
aceptar o rechazar la renuncia del Presidente de la República y la del Vicepresidente;
prestar los acuerdos y efectuar los nombramientos que esta Constitución prescribe, así como las designaciones de representantes del Congreso en otros órganos del Estado;
conceder amnistías;
decidir el traslado de la Capital de la República a otro punto del territorio nacional, por mayoría absoluta de dos tercios de los miembros de cada Cámara;
aprobar o rechazar, en todo o en parte y previo informe de la Contraloría General de la República, el detalle y la justificación de los ingresos y egresos de las finanzas públicas sobre la ejecución presupuestaria;
reglamentaria la navegación fluvial, la marítima, la aérea y la espacial, y
los demás deberes y atribuciones que fije esta Constitución.
SECCIÓN II
DE LA FORMACIÓN Y LA SANCIÓN DE LAS LEYES
dictar los códigos y demás leyes, modificarlos o derogarlos, interpretando esta Constitución;
establecer la división política del territorio de la República, así como la organización regional, departamental y municipal;
legislar sobre materia tributaria;
sancionar anualmente la ley del Presupuesto General de la Nación;
dictar la Ley Electoral;
determinar el régimen legal de la enajenación y el de adquisición de los bienes fiscales, departamentales y municipales;
expedir resoluciones y acuerdos internos, como asimismo formular declaraciones, conforme con sus facultades;
aprobar o rechazar los tratados y demás acuerdos internacionales suscritos por el Poder ejecutivo;
aprobar o rechazar la contratación de empréstitos;
autorizar, por tiempo determinado, concesiones para la explotación de servicios públicos nacionales, multinacionales o de bienes del Estado, así como para la extracción y transformación de minerales sólidos, líquidos y gaseosos;
dictar leyes para la organización de la administración de la República, para la creación de entes descentralizados y para el ordenamiento del crédito público;
expedir leyes de emergencia en los casos de desastre o de calamidad pública;
recibir el juramento promesa constitucional del Presidente de la República, el del Vicepresidente y el de los demás funcionarios, de acuerdo con lo establecido en esta Constitución;
recibir del Presidente de la República, un informe sobre la situación general del país, sobre su administración y sobre los planes de gobiernos; en la forma dispuesta en esta Constitución;
aceptar o rechazar la renuncia del Presidente de la República y la del Vicepresidente;
prestar los acuerdos y efectuar los nombramientos que esta Constitución prescribe, así como las designaciones de representantes del Congreso en otros órganos del Estado;
conceder amnistías;
decidir el traslado de la Capital de la República a otro punto del territorio nacional, por mayoría absoluta de dos tercios de los miembros de cada Cámara;
aprobar o rechazar, en todo o en parte y previo informe de la Contraloría General de la República, el detalle y la justificación de los ingresos y egresos de las finanzas públicas sobre la ejecución presupuestaria;
reglamentaria la navegación fluvial, la marítima, la aérea y la espacial, y
los demás deberes y atribuciones que fije esta Constitución.
SECCIÓN II
DE LA FORMACIÓN Y LA SANCIÓN DE LAS LEYES
Artículo
203 - DEL ORIGEN Y DE LA INICIATIVA
Las
leyes pueden tener origen en cualquiera de las Cámaras del Congreso, a
propuestas de sus miembros; a proposición del Poder ejecutivo; a iniciativa
popular o a la de la Corte Suprema de Justicia, en los casos y en las
condiciones previstas en esta Constitución y en la ley.
Las
excepciones en cuanto al origen de las leyes a favor de una u otra Cámara o del
Poder Ejecutivo son, en exclusividad, las establecidas expresamente en esta
Constitución.
Todo
proyecto de ley será presentado con una exposición de motivos.
Artículo
204 - DE LA APROBACIÓN Y DE LA PROMULGACIÓN DE LOS PROYECTOS
Aprobado
un proyecto de ley por la Cámara de origen, pasará inmediatamente para su
consideración a la otra Cámara. Si ésta, a su vez, lo aprobase, el proyecto
quedará sancionado y, si el Poder Ejecutivo le prestara su aprobación, lo
promulgará como ley y dispondrá su publicación dentro de los cinco días.
Artículo
205 - DE LA PROMULGACIÓN AUTOMATICA
Se
considerará aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto de ley que no fuese
objetado ni devuelto a la Cámara de origen en el plazo de seis día hábiles, si
el proyecto contiene hasta diez artículos; de doce días hábiles si los
artículos son más de viente. en todos estos casos, el proyecto quedará
automáticamente promulgado y se dispondrá su publicación.
Artículo
206 - DEL PROCEDIMIENTO PARA EL RECHAZO TOTAL
Cuando
un proyecto de ley, aprobado por una de las Cámaras, fuese rechazado totalmente
por la otra, volverá a aquella para una nueva consideración. Cuando la Cámara
de origen se ratificase por mayoría absoluta, pasará de nuevo a la revisora, la
cual solo podrá volver a rechazarlo por mayoría absoluta de dos tercios y, de
no obtenerla, se reputará sancionado el proyecto.
Artículo
207 - DEL PROCEDIMIENTO PARA LA MODIFICACIÓN PARCIAL
Un
proyecto de ley aprobado por la Cámara de origen, que haya sido parcialmente
modificado por la otra, pasará a la primera, donde solo se discutirá cada una
de las modificaciones hechas por la revisora.
Para
estos casos, se establece lo siguiente:
si todas
las modificaciones se aceptasen, el proyecto quedará sancionado;
si todas las modificaciones se rechazasen por mayoría absoluta, pasarán de nuevo a la Cámara revisora y, si ésta se ratificase en su sanción anterior por mayoría absoluta, el proyecto quedará sancionado; si no se ratificase, quedará sancionado el proyecto aprobado por la Cámara de origen, y
si por parte de las modificaciones fuesen aceptadas y otras rechazadas, el proyecto pasará nuevamente a la Cámara revisora, donde solo se discutirán en forma global las modificaciones rechazadas, y si se aceptasen por mayoría absoluta, o se las rechacen, el proyecto quedará sancionado en la forma resuelta por ella.
El proyecto de ley sancionado, con cualquiera de las alternativas previstas en este Artículo, pasará al Poder Ejecutivo para su promulgación.
si todas las modificaciones se rechazasen por mayoría absoluta, pasarán de nuevo a la Cámara revisora y, si ésta se ratificase en su sanción anterior por mayoría absoluta, el proyecto quedará sancionado; si no se ratificase, quedará sancionado el proyecto aprobado por la Cámara de origen, y
si por parte de las modificaciones fuesen aceptadas y otras rechazadas, el proyecto pasará nuevamente a la Cámara revisora, donde solo se discutirán en forma global las modificaciones rechazadas, y si se aceptasen por mayoría absoluta, o se las rechacen, el proyecto quedará sancionado en la forma resuelta por ella.
El proyecto de ley sancionado, con cualquiera de las alternativas previstas en este Artículo, pasará al Poder Ejecutivo para su promulgación.
Artículo
208 - DE LA OBJECIÓN PARCIAL
Un
proyecto de ley, parcialmente objetado por el Poder Ejecutivo, será devuelto a
la Cámara de origen para su estudio y pronunciamiento sobre las objeciones. Si
ésta Cámara las rechazara por mayoría absoluta, el proyecto pasará a la Cámara
revisora, donde seguirá igual trámite. Si ésta también rechazara dichas
objeciones por la misma mayoría, la sanción primitiva quedará confirmada, y el
Poder Ejecutivo lo promulgará y lo publicará. Si las Cámaras desistieran sobre
las objeciones, el proyecto no podrá repetirse en las sesiones de ese año.
Las
objeciones podrán ser total o parcialmente aceptadas o rechazadas por ambas
Cámaras del Congreso. Si las objeciones fueran total o parcialmente aceptadas,
ambas Cámaras podrán decidir, por mayoría absoluta, la sanción de la parte no
objetada del proyecto de ley, en cuyo caso éste deberá ser promulgado y publicado
por el Poder Ejecutivo.
Las
objeciones serán tratadas por la Cámara de origen dentro de los sesenta días de
su ingreso a la misma, y en idéntico caso por la Cámara revisora.
Artículo
209 - DE LA OBJECIÓN TOTAL
Si un
proyecto de ley fuese rechazado totalmente por el Poder Ejecutivo, volverá a la
Cámara de origen, la cual lo discutirá nuevamente. Si ésta confirmara la
sanción inicial por mayoría absoluta, pasará a la Cámara revisora; si ésta
también lo aprobase por igual mayoría, el Poder Ejecutivo lo promulgará y
publicará. Si las Cámaras disintieran sobre el rechazo total, el proyecto no
podrá repetirse en las sesiones de ese año.
Artículo
210 - DEL TRATAMIENTO DE URGENCIA
El Poder
Ejecutivo podrá solicitar el tratamiento urgente de proyectos de ley que envíe
al Congreso. En estos casos, el proyecto será tratado por la Cámara de origen
dentro de los treinta días de su recepción, y por la revisora en los treinta
días siguientes. El proyecto se tendrá por aprobado si no se lo rechazara
dentro de los plazos señalados.
El
tratamiento de urgencia podrá ser solicitado por el Poder Ejecutivo aún después
de la remisión del proyecto, o en cualquier etapa de su trámite. En tales
casos, el plazo empezará a correr desde la recepción de la solicitud.
Cada
Cámara, por mayoría de dos tercios, podrá dejar sin efecto, en cualquier
momento, el trámite de urgencia, en cuyo caso el ordinario se aplicará a partir
de ese momento.
El Poder
Ejecutivo, dentro del período legislativo ordinario, podrá solicitar al
Congreso únicamente tres proyectos de ley de tratamiento urgente, salvo que la
Cámara de origen, por mayoría de dos tercios, acepte dar dicho tratamiento a
otros proyectos.
Artículo
211 - DE LA SANCIÓN AUTOMATICA
Un
proyecto de ley presentado en una Cámara u otra, y aprobado por la Cámara de
origen en las sesiones ordinarias, pasará a la Cámara revisora, la cual deberá
despacharlo dentro del término improrrogable de tres mese, cumplido el cual, y
mediando comunicación escrita del Presidente de la Cámara de origen a la Cámara
revisora, se reputará que ésta le ha prestado su voto favorable, pasando al
Poder Ejecutivo para su promulgación y publicación. El término indicado quedará
interrumpido desde el veintiuno de diciembre hasta el primero de marzo. La
Cámara revisora podrá despachar el proyecto de ley en el siguiente período de
sesiones ordinarias, siempre que lo haga dentro del tiempo que resta para el
vencimiento del plazo improrrogable de tres meses.
Artículo
212 - DEL RETIRO O DEL DESISTIMIENTO
El Poder
Ejecutivo podrá retirar del Congreso los proyectos de ley que hubiera enviado,
o desistir de ellos, salvo que estuviesen aprobados por la Cámara de origen.
Artículo
213 - DE PUBLICACIÓN
La ley
no obliga sino en virtud de su promulgación y su publicación. Si el Poder
Ejecutivo no cumpliese el deber de hacer publicar las leyes en los términos y
en las condiciones que esta Constitución establece, el Presidente del congreso
o, en su defecto, el Presidente de la Cámara de Diputados, dispondrá su
publicación.
Artículo
214 - DE LAS FORMULAS
La
fórmula que se usará en la sanción de las leyes es: "El Congreso de la
Nación paraguaya sanciona con fuerza de ley". Para la promulgación de las
mismas, la fórmula es: "Téngase por ley de la República, publíquese e
insértese en el Registro Oficial".
Artículo
215 - DE LA COMISIÓN DELEGADA
Cada
Cámara, con el voto de la mayoría absoluta, podrá delegar en comisiones el
tratamiento de proyectos de ley, de resoluciones y de declaraciones. Por simple
mayoría, podrá retirarlos en cualquier estado antes de la aprobación, rechazo o
sanción por la comisión.
No
podrán ser objetos de delegación el Presupuesto General de la Nación, los
códigos, los tratados internacionales, los proyectos de ley de carácter
tributario y castrense, los que tuviesen relación con la organización de los
poderes del Estado y los que se originasen en la iniciativa popular.
Artículo
216 - DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN
El
proyecto de Ley del Presupuesto General de la Nación será presentado anualmente
por el Poder Ejecutivo, a más tardar el primero de septiembre, y su
consideración por el Congreso tendrá prioridad absoluta. Se integrará una
comisión bicameral la cual, recibido el proyecto, lo estudiará y presentará
dictamen a sus respectivas Cámaras en un plazo no mayor de sesenta días
corridos. Recibidos los dictámenes, la Cámara de Diputados se abocará al
estudio del proyecto en sesiones plenarias, y deberá despacharlo en un plazo no
mayor de quince días corridos. La Cámara de Senadores dispondrá de igual plazo
para el estudio del proyecto, con las modificaciones introducidas por la Cámara
de Diputados, y si las aprobase, el mismo quedará sancionado. En caso
contrario, el proyecto volverá con las objeciones a la otra Cámara, la cual se
expedirá dentro del plazo de diez días corridos, exclusivamente sobre los
puntos discrepantes del Senado, procediéndose en la forma prevista en el Art.
208, inciso 1., 2. y 3., siempre dentro del plazo de diez días corridos.
Todos
los plazos establecidos en este Artículo son perentorios, y la falta de
despacho de cualquiera de los proyectos se entenderá como aprobación. Las
Cámaras podrán rechazar totalmente el proyecto presentado a su estudio por el
Poder Ejecutivo, solo por mayoría absoluta de dos tercios en cada una de ellas.
Artículo
217 - DE LA VIGENCIA DEL PRESUPUESTO
Si el
Poder Ejecutivo, por cualquier razón, no hubiese presentado al Poder
Legislativo el proyecto de Presupuesto General de la Nación dentro de los
plazos establecidos, o el mismo fuera rechazado conforme con el Artículo
anterior, seguirá vigente el Presupuesto del ejercicio fiscal en curso.
SECCIÓN
III
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO
Artículo
218 - DE LA CONFORMACIÓN
Quince
días antes de entrar en receso, cada Cámara designará por mayoría absoluta a los
senadores y a los diputados quienes, en número de seis y doce como titulares y
tres y seis como suplentes, respectivamente, conformarán la comisión Permanente
del congreso, la cual ejercerá sus funciones desde el comienzo del período de
receso del congreso hasta el reinicio de las sesiones ordinarias.
Reunidos
los miembros titulares de la Comisión Permanente, designarán Presidente y demás
autoridades, y de ello se dará aviso escrito a los otros poderes del Estado.
Artículo
219 - DE LOS DEBERES Y DE LAS ATRIBUCIONES
Son
deberes y atribuciones de la Comisión Permanente del Congreso:
velar
por la observancia de esta Constitución y de las leyes;
dictar su propio reglamento;
convocar a las Cámaras a sesiones preparatorias, con el objeto de que la apertura anual del congreso se efectúe en tiempo oportuno;
convocar y organizar las sesiones extraordinarias de ambas Cámaras, de conformidad con lo establecido en esta constitución;
autorizar al Presidente de la República, durante el receso del Congreso, a ausentarse temporalmente del territorio nacional, en los casos previstos en esta Constitución, y
los demás deberes y atribuciones que fije esta Constitución.
Artículo 220 - DE LOS INFORMES FINALES
dictar su propio reglamento;
convocar a las Cámaras a sesiones preparatorias, con el objeto de que la apertura anual del congreso se efectúe en tiempo oportuno;
convocar y organizar las sesiones extraordinarias de ambas Cámaras, de conformidad con lo establecido en esta constitución;
autorizar al Presidente de la República, durante el receso del Congreso, a ausentarse temporalmente del territorio nacional, en los casos previstos en esta Constitución, y
los demás deberes y atribuciones que fije esta Constitución.
Artículo 220 - DE LOS INFORMES FINALES
La
Comisión Permanente del Congreso, al término de su actuación, prestará a cada
Cámara un informe final de las mismas, y será responsable ante éstas de las
medidas que hubiese adoptado o autorizado.
SECCIÓN
IV
DE LA CAMARA DE DIPUTADOS
DE LA CAMARA DE DIPUTADOS
Artículo
221 - DE LA COMPOSICIÓN
La
Cámara de Diputados es la Cámara de la representación departamental. Se
compondrá de ochenta miembros titulares como mínimo, y de igual número de
suplentes, elegidos directamente por el pueblo en colegios electorales
departamentales. La ciudad de la Asunción constituirá un Colegio Electoral con
representación en dicha Cámara. Los departamentos serán representados por un
diputado titular y un suplente, cuanto menos; el Tribunal Superior de Justicia
Electoral, antes de cada elección y de acuerdo con el número de electores de
cada departamento, establecerá el número de bancas que corresponda a cada uno
de ellos. La ley podrá acrecentar la cantidad de diputados conforme con el
aumento de los electores.
Para se
electo diputado titular o suplente se requiere la nacionalidad paraguaya
natural y haber cumplido veinticinco años.
Artículo
222 - DE LAS ATRIBUCIONES EXCLUSIVAS DE LA CAMARA DE DIPUTADOS
Son
atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados:
iniciar
la consideración de los proyectos de ley relativos a la legislación
departamental y a la municipal;
designar o proponer a los magistrados y funcionarios, de acuerdo con lo que establece esta constitución y la ley;
prestar acuerdo para la intervención de los gobiernos departamentales y municipales, y
las demás atribuciones exclusivas que fije esta Constitución.
SECCIÓN V
DE LA CAMARA DE SENADORES
designar o proponer a los magistrados y funcionarios, de acuerdo con lo que establece esta constitución y la ley;
prestar acuerdo para la intervención de los gobiernos departamentales y municipales, y
las demás atribuciones exclusivas que fije esta Constitución.
SECCIÓN V
DE LA CAMARA DE SENADORES
Artículo
223 - DE LA COMPOSICIÓN
La
Cámara de Senadores se compondrá de cuarenta y cinco miembros titulares como
mínimo, y de treinta suplentes, elegidos directamente por el pueblo en una sola
circunscripción nacional. La ley podrá acrecentar la cantidad de senadores,
conforme con el aumento de los electores.
Para ser
electo senador titular o suplente se requieren la nacionalidad paraguaya
natural y haber cumplido treinta y cinco años.
Artículo
224 - DE LAS ATRIBUCIONES EXCLUSIVAS DE LA CAMARA DE SENADORES
Son
atribuciones exclusivas de la Cámara de Senadores:
iniciar
la consideración de los proyectos de ley relativos a la aprobación de tratados
y de acuerdos internacionales;
prestar acuerdo para los ascensos militares y los de la Policía Nacional, desde el grado de Coronel del Ejército o su equivalente en las otras armas y servicios, y desde el de Comisario Principal para la Policía Nacional;
prestar acuerdo para la designación de los embajadores y ministros plenipotenciarios en el exterior;
designar o proponer a los Magistrados y funcionarios de acuerdo con lo que establece esta constitución;
autorizar el envío de fuerzas militares paraguayas permanentes al exterior, así como el ingreso de tropas militares extranjeras al país;
prestar acuerdo para la designación del Presidente y los directores de la Banca Central del Estado;
prestar acuerdo para la designación de los directores paraguayos de los entes binacionales, y
las demás atribuciones exclusivas que fije esta Constitución.
SECCIÓN VI
DEL JUICIO POLITICO
prestar acuerdo para los ascensos militares y los de la Policía Nacional, desde el grado de Coronel del Ejército o su equivalente en las otras armas y servicios, y desde el de Comisario Principal para la Policía Nacional;
prestar acuerdo para la designación de los embajadores y ministros plenipotenciarios en el exterior;
designar o proponer a los Magistrados y funcionarios de acuerdo con lo que establece esta constitución;
autorizar el envío de fuerzas militares paraguayas permanentes al exterior, así como el ingreso de tropas militares extranjeras al país;
prestar acuerdo para la designación del Presidente y los directores de la Banca Central del Estado;
prestar acuerdo para la designación de los directores paraguayos de los entes binacionales, y
las demás atribuciones exclusivas que fije esta Constitución.
SECCIÓN VI
DEL JUICIO POLITICO
Artículo
225 - DEL PROCEDIMIENTO
El
Presidente de la República, el Vicepresidente, los ministros del Poder
Ejecutivo, los ministros de la Corte Suprema de Justicia, el Fiscal General del
Estado, el Defensor del Pueblo, el Contralor General de la República, el
Subcontralor y los integrantes del Tribunal Superior de Justicia Electoral,
sólo podrán ser sometidos a juicio político por mal desempeño de sus funciones,
por delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos o por delitos comunes.
La
acusación será formulada por la Cámara de Diputados, por mayoría de dos
tercios. Corresponderá a la Cámara de Senadores, por mayoría absoluta de dos
tercios, juzgar en juicio público a los acusados por la Cámara de Diputados y,
en caso, declararlos culpables, al sólo efecto de separarlos de sus cargos, En
los casos de supuesta comisión de delitos, se pasarán los antecedentes a la
justicia ordinaria.
CAPÍTULO
II
DEL PODER EJECUTIVO
DEL PODER EJECUTIVO
SECCIÓN
I
DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y DEL VICEPRESIDENTE
DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y DEL VICEPRESIDENTE
Artículo
226 - DEL EJERCICIO DEL PODER EJECUTIVO
El Poder
Ejecutivo es ejercido por el Presidente de la República.
Artículo
227 - DEL VICEPRESIDENTE
Habrá un
Vicepresidente de la República quién, en caso de impedimento o ausencia
temporal del Presidente o vacancia definitiva de dicho cargo, lo sustituirá de
inmediato, con todas sus atribuciones.
Artículo
228 - DE LOS REQUISITOS
Para ser
Presidente de la República o Vicepresidente se requiere:
tener
nacionalidad paraguaya natural;
haber cumplido treinta y cinco años, y
estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos.
Artículo 229 - DE LA DURACIÓN DEL MANDATO
haber cumplido treinta y cinco años, y
estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos.
Artículo 229 - DE LA DURACIÓN DEL MANDATO
El
Presidente de la República y el Vicepresidente durarán cinco años
improrrogables en el ejercicio de sus funciones, a contar desde el quince de
agosto siguiente a las elecciones. No podrán ser reelectos en ningún caso. El
Vicepresidente sólo podrá ser electo Presidente para el período posterior, si
hubiese cesado en su cargo seis meses antes de los comicios generales. Quien
haya ejercido la presidencia por más de doce meses no podrá ser electo
Vicepresidente de la República.
Artículo
230 - DE LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES
El
Presidente de la República y el Vicepresidente serán elegidos conjunta y
directamente por el pueblo, por mayoría simple de votos, en comicios generales
que se realizarán entre noventa y ciento veinte días antes de expirar el
período constitucional vigente.
Artículo
231 - DE LA ASUNCIÓN DE LOS CARGOS
En caso
de que, en la fecha en la cual deban asumir sus funciones el Presidente de la
República y el Vicepresidente, no hayan sido proclamados en la forma dispuesta
por esta Constitución, o fueran anuladas las elecciones, el Presidente cesante
entregará el mando al Presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien lo
ejercerá hasta que se efectúe la transmisión, quedando en suspenso en sus
funciones judiciales.
Artículo
232 - DE LA TOMA DE POSESIÓN DE LOS CARGOS
El
Presidente de la República y el Vicepresidente tomarán posesión de sus cargos
ante el Congreso, prestando el juramento o la promesa de cumplir con fidelidad
y patriotismo sus funciones constitucionales. Si el día señalado el congreso no
alcanzara el quórum para reunirse, la ceremonia se cumplirá ante la Corte
Suprema de Justicia.
Artículo
233 - DE LAS AUSENCIAS
El
Presidente de la República, o quien lo esté sustituyendo en el cargo, no podrá
ausentarse del país sin dar aviso previo al Congreso y a la Corte Suprema de
Justicia. Si la ausencia tuviere que ser por más de cinco días, se requerirá la
autorización de la Cámara de Senadores. Durante el receso de las Cámaras, la
autorización será otorgada por la Comisión Permanente del Congreso.
En
ningún caso, el Presidente de la República y el Vicepresidente podrán estar
simultáneamente ausentes del territorio nacional.
Artículo
234 - DE LA ACEFALIA
En caso
de impedimento o ausencia del Presidente de la República, lo reemplazará el
Vicepresidente, y a falta de éste y en forma sucesiva, el Presidente del
Senado, el de la Cámara de Diputados y el de la Corte Suprema de Justicia.
El
Vicepresidente electo asumirá la presidencia de la República si ésta quedase
vacante antes o después de la proclamación del Presidente, y la ejercerá hasta
la finalización del período constitucional.
Si se
produjera la vacancia definitiva de la Vicepresidencia durante os tres primeros
años del período constitucional, se convocará a elecciones para cubrirla. Si la
misma tuviese lugar durante los dos últimos años, el Congreso, por mayoría
absoluta de sus miembros, designará a quien debe desempeñar el cargo por el
resto del período.
Artículo
235 - DE LAS INHABILIDADES
Son
inhábiles para ser candidatos a Presidente de la República o Vicepresidente:
Los
ministros del Poder Ejecutivo, los viceministros o subsecretarios y los
funcionarios de rango equivalente, los directores generales de reparticiones
públicas y los presidentes de consejos, directores, gerentes o administradores
generales de los entes descentralizados, autárquicos, autónomos, binacionales o
multinacionales, y los de empresas con participación estatal mayoritaria;
los magistrados judiciales y los miembros del Ministerio Público;
el Defensor del Pueblo, el Contralor General de la República y el Subcontralor, el Procurador General de la República, los integrantes del Consejo de la Magistratura y los miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral;
los representantes o mandatarios de empresas, corporaciones o entidades nacionales o extranjeras, que sean concesionarias de servicios estatales, o de ejecución de obras o provisión de bienes al Estado;
los ministros de cualquier religión o culto;
los intendentes municipales y los gobernadores;
los miembros en servicio activo de las Fuerzas Armadas de la Nación y los de la Policía Nacional, salvo que hubieran pasado a retiro un año antes, por lo menos, del día de los comicios generales;
los propietarios o copropietarios de los medios de comunicación, y
el cónyuge o los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, o segundo de afinidad, de quien se encuentre en ejercicio de la presidencia al realizarse la elección, o la haya desempeñado por cualquier tiempo en el año anterior a la celebración de aquélla.
En los casos previstos en los incisos 1., 2., 3. y 6., los afectados deben haber renunciado y dejado de ejercer sus respectivos cargos, cuanto menos seis meses antes del día de las elecciones, salvo los casos de vacancia definitiva de la Vicepresidencia.
los magistrados judiciales y los miembros del Ministerio Público;
el Defensor del Pueblo, el Contralor General de la República y el Subcontralor, el Procurador General de la República, los integrantes del Consejo de la Magistratura y los miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral;
los representantes o mandatarios de empresas, corporaciones o entidades nacionales o extranjeras, que sean concesionarias de servicios estatales, o de ejecución de obras o provisión de bienes al Estado;
los ministros de cualquier religión o culto;
los intendentes municipales y los gobernadores;
los miembros en servicio activo de las Fuerzas Armadas de la Nación y los de la Policía Nacional, salvo que hubieran pasado a retiro un año antes, por lo menos, del día de los comicios generales;
los propietarios o copropietarios de los medios de comunicación, y
el cónyuge o los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, o segundo de afinidad, de quien se encuentre en ejercicio de la presidencia al realizarse la elección, o la haya desempeñado por cualquier tiempo en el año anterior a la celebración de aquélla.
En los casos previstos en los incisos 1., 2., 3. y 6., los afectados deben haber renunciado y dejado de ejercer sus respectivos cargos, cuanto menos seis meses antes del día de las elecciones, salvo los casos de vacancia definitiva de la Vicepresidencia.
Artículo
236 - DE LA INHABILIDAD POR ATENTAR CONTRA LA CONSTITUCION
Los
jefes militares o los caudillos civiles de un golpe de Estado, revolución
armada o movimientos similares que atenten contra el orden establecido por esta
Constitución, y que en consecuencia asuman el Poder Ejecutivo o mando militar
propio de oficiales generales, quedan inhabilitados para el ejercicio de
cualquier cargo público por dos períodos constitucionales consecutivos, sin
perjuicio de sus respectivas responsabilidades civiles y penales.
Artículo
237 - DE LAS INCOMPATIBILIDADES
El
Presidente de la República y el Vicepresidente no pueden ejercer cargos
públicos o privados, remunerados o no, mientras duren en sus funciones. Tampoco
pueden ejercer el comercio, la industria o actividad profesional alguna,
debiendo dedicarse en exclusividad a sus funciones.
Artículo
238 - DE LOS DEBERES Y DE LAS ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Son
deberes y atribuciones de quien ejerce la presidencia de la República:
representar
al Estado y dirigir la administración general del país;
cumplir y hacer cumplir esta Constitución y las leyes;
participar en la formación de las leyes, de conformidad con esta Constitución, promulgarlas y hacerlas publicar, reglamentarlas y controlar su cumplimiento;
vetar, total o parcialmente, las leyes sancionadas por el Congreso, formulando las observaciones u objeciones que estime convenientes;
dictar decretos que, para su validez, requieren el refrendo del Ministro del ramo;
nombrar y remover por sí a los ministros del Poder Ejecutivo, al Procurador General de la República y a los funcionarios de la Administración Pública, cuya designación y permanencia en los cargos no estén reglados de otro modo por esta Constitución o por la ley;
el manejo de las relaciones exteriores de la República. En caso de agresión externa, y previa autorización del Congreso, declarar el Estado de Defensa Nacional o concertar la paz; negociar y firmar tratados internacionales; recibir a los jefes de misiones diplomáticas de los países extranjeros y admitir a sus cónsules y designar embajadores, con acuerdo del Senado;
dar cuenta al Congreso, al inicio de cada período anual de sesiones, de las gestiones realizadas por el Poder Ejecutivo, así como informar de la situación general de la República y de los planes para el futuro;
es Comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación, cargo que no se delega. De acuerdo con la ley, dicta los reglamentos militares, dispone de las Fuerzas Armadas, organiza y distribuye. Por sí, nombrar y remover a los comandantes de la Fuerza Pública. Adopta las medidas necesarias para la defensa nacional. Provee, por sí los grados en todas las armas, hasta el de teniente coronel o sus equivalentes y, con acuerdo del Senado, los grados superiores;
indultar o conmutar las penas impuestas por los jueces y tribunales de la República, de conformidad con la ley, y con informe de la Corte Suprema de Justicia;
convocar a sesiones extraordinarias al Congreso, a cualquiera de las Cámaras o a ambas a la vez, debiendo éstas tratar sólo aquellos asuntos sometidos a su respectiva consideración;
proponer al Congreso proyectos de ley, los cuales podrán ser presentados con solicitud de urgente consideración, en los términos establecidos en ésta Constitución;
disponer la recaudación e inversión de las rutas de la República, de acuerdo con el Presupuesto General de la Nación y con las leyes, rindiendo cuenta anualmente al Congreso de su ejecución;
preparar y presentar a consideración de las Cámaras el proyecto anual de Presupuesto General de la Nación;
hacer cumplir las disposiciones de las autoridades creadas por esta Constitución, y
los demás deberes y atribuciones que fije esta Constitución.
Artículo 239 - DE LOS DEBERES Y DE LAS ATRIBUCIONES DEL VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA
cumplir y hacer cumplir esta Constitución y las leyes;
participar en la formación de las leyes, de conformidad con esta Constitución, promulgarlas y hacerlas publicar, reglamentarlas y controlar su cumplimiento;
vetar, total o parcialmente, las leyes sancionadas por el Congreso, formulando las observaciones u objeciones que estime convenientes;
dictar decretos que, para su validez, requieren el refrendo del Ministro del ramo;
nombrar y remover por sí a los ministros del Poder Ejecutivo, al Procurador General de la República y a los funcionarios de la Administración Pública, cuya designación y permanencia en los cargos no estén reglados de otro modo por esta Constitución o por la ley;
el manejo de las relaciones exteriores de la República. En caso de agresión externa, y previa autorización del Congreso, declarar el Estado de Defensa Nacional o concertar la paz; negociar y firmar tratados internacionales; recibir a los jefes de misiones diplomáticas de los países extranjeros y admitir a sus cónsules y designar embajadores, con acuerdo del Senado;
dar cuenta al Congreso, al inicio de cada período anual de sesiones, de las gestiones realizadas por el Poder Ejecutivo, así como informar de la situación general de la República y de los planes para el futuro;
es Comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación, cargo que no se delega. De acuerdo con la ley, dicta los reglamentos militares, dispone de las Fuerzas Armadas, organiza y distribuye. Por sí, nombrar y remover a los comandantes de la Fuerza Pública. Adopta las medidas necesarias para la defensa nacional. Provee, por sí los grados en todas las armas, hasta el de teniente coronel o sus equivalentes y, con acuerdo del Senado, los grados superiores;
indultar o conmutar las penas impuestas por los jueces y tribunales de la República, de conformidad con la ley, y con informe de la Corte Suprema de Justicia;
convocar a sesiones extraordinarias al Congreso, a cualquiera de las Cámaras o a ambas a la vez, debiendo éstas tratar sólo aquellos asuntos sometidos a su respectiva consideración;
proponer al Congreso proyectos de ley, los cuales podrán ser presentados con solicitud de urgente consideración, en los términos establecidos en ésta Constitución;
disponer la recaudación e inversión de las rutas de la República, de acuerdo con el Presupuesto General de la Nación y con las leyes, rindiendo cuenta anualmente al Congreso de su ejecución;
preparar y presentar a consideración de las Cámaras el proyecto anual de Presupuesto General de la Nación;
hacer cumplir las disposiciones de las autoridades creadas por esta Constitución, y
los demás deberes y atribuciones que fije esta Constitución.
Artículo 239 - DE LOS DEBERES Y DE LAS ATRIBUCIONES DEL VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Son
deberes y atribuciones de quien ejerce la Vicepresidencia de la República:
sustituir
de inmediato al Presidente de la República, en los casos previstos por esta
Constitución;
representar al Presidente de la República nacional e internacionalmente, por designación del mismo, con todas las prerrogativas que le corresponden a aquél, y
participar de las deliberaciones del Consejo de Ministros y coordinar las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el legislativo.
SECCIÓN II
DE LOS MINISTROS Y DEL CONSEJO DE MINISTROS
representar al Presidente de la República nacional e internacionalmente, por designación del mismo, con todas las prerrogativas que le corresponden a aquél, y
participar de las deliberaciones del Consejo de Ministros y coordinar las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el legislativo.
SECCIÓN II
DE LOS MINISTROS Y DEL CONSEJO DE MINISTROS
Artículo
240 - DE LAS FUNCIONES
La
dirección y la gestión de los negocios públicos están confiadas a los ministros
del Poder Ejecutivo, cuyo número y funciones serán determinados por la ley. En
caso de ausencia temporal de uno de ellos, lo sustituirá uno de los
viceministros del ramo.
Artículo
241 - DE LOS REQUISITOS, DE LAS INCOMPATIBILIDADES Y DE LAS INMUNIDADES
Para ser
Ministro se exigen los mismos requisitos que para el cargo de Diputado. Tienen,
además, iguales incompatibilidades que las establecidas para el Presidente de
la República, salvo el ejercicio de la docencia. No pueden ser privados de su
libertad, excepto en los casos previstos para los miembros del Congreso.
Artículo
242 - DE LOS DEBERES Y DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS MINISTROS
Los
ministros son los jefes de la administración de sus respectivas carteras, en
las cuales, bajo la dirección del Presidente de la República promueven y
ejecutan la política relativa a las materias de su competencia.
Son
solidariamente responsable de los actos de gobierno que refrendan.
Anualmente,
presentarán al Presidente de la República una memoria de sus gestiones, la cual
será puesta a conocimiento del Congreso.
Artículo
243 - DE LOS DEBERES Y DE LAS ATRIBUCIONES DEL CONSEJO DE MINISTROS
Convocados
por el Presidente de la República, los Ministros se reúnen en Consejo a fin de
coordinar las tareas ejecutivas, impulsar la política del gobierno y adoptar
decisiones colectivas:
Compete
a dicho Consejo:
deliberar
sobre todos los asuntos de interés público que el Presidente de la República
someta a su consideración, actuando como cuerpo consultivo, así como considerar
las iniciativas en materia legislativa, y
disponer la publicación periódica de sus resoluciones.
SECCIÓN III
DE LA PROCURADURIA DE GENERAL DE LA REPUBLICA
disponer la publicación periódica de sus resoluciones.
SECCIÓN III
DE LA PROCURADURIA DE GENERAL DE LA REPUBLICA
Artículo
244 - DE LA COMPOSICIÓN
La
Procuraduría General de la República está a cargo de un procurador General y de
los demás funcionarios que determine la ley.
Artículo
245 - DE LOS REQUISITOS, Y DEL NOMBRAMIENTO
El
procurador General de la República debe reunir los mismos requisitos exigidos
para ser Fiscal General del Estado. Es nombrado y removido por el Presidente de
la República. Las incompatibilidades serán establecidas en la ley.
Artículo
246 - DE LOS DEBERES Y DE LAS ATRIBUCIONES
Son
deberes y atribuciones del procurador General de la República:
representar
y defender, judicial o extrajudicialmente los intereses patrimoniales de la
República;
dictaminar en los casos y con los efectos señalados en las leyes;
asesorar jurídicamente a la Administración Pública en la forma que determine la ley, y
los demás deberes y atribuciones que fije la ley.
CAPÍTULO III
DEL PODER JUDICIAL
dictaminar en los casos y con los efectos señalados en las leyes;
asesorar jurídicamente a la Administración Pública en la forma que determine la ley, y
los demás deberes y atribuciones que fije la ley.
CAPÍTULO III
DEL PODER JUDICIAL
SECCIÓN
I
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES
Artículo
247 - DE LA FUNCIÓN Y DE LA COMPOSICION
El Poder
Judicial es el custodio de esta Constitución. La interpuesta, la cumple y la
hace cumplir.
La
administración de justicia está a cargo del Poder Judicial, ejercido por la
Corte Suprema de Justicia, por los tribunales y por los juzgados, en la forma
que establezcan esta Constitución y la ley.
Artículo
248 - DE LA INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL
Queda
garantizada la independencia del Poder Judicial. Sólo éste puede conocer y
decidir en actos de carácter contencioso.
En
ningún caso los miembros de los otros poderes, ni otros funcionarios, podrán
arrogarse atribuciones judiciales que no estén expresamente establecidas en
esta Constitución, ni revivir procesos fenecidos, ni paralizar los existentes,
ni intervenir de cualquier modo n los juicios. Actos de esta naturaleza
conllevan nulidad insanable. Todo ello sin perjuicio de las decisiones
arbitrales en el ámbito del derecho privado, con las modalidades que la ley
determine para asegurar el derecho de defensa y las soluciones equitativas.
Los que
atentasen contra la independencia del Poder Judicial y la de sus magistrados,
quedarán inhabilitados para ejercer toda función pública por cinco años
consecutivos, además de las penas que fije la ley.
Artículo
249 - DE LA AUTARQUIA PRESUPUESTARIA
El Poder
Judicial goza de autonomía presupuestaria. En el Presupuesto General de la
Nación se le asignará una cantidad no inferior al tres por ciento del
presupuesto de la Administración Central.
El
presupuesto del Poder Judicial será aprobado por el congreso, y la Contraloría
General de la República verificará todos sus gastos e inversiones.
Artículo
250 - DEL JURAMENTO O PROMESA
Los
ministros de la Corte Suprema de Justicia prestarán juramento o promesa ante el
Congreso, al asumir sus cargos. Los integrantes de los demás tribunales y de
los juzgados lo harán ante la Corte Suprema de Justicia.
Artículo
251 - DE LA DESIGNACION
Los
miembros de los tribunales y juzgados de toda la República serán designados por
la Corte Suprema de Justicia, a propuesta en terna del Consejo de la
Magistratura.
Artículo
252 - DE LA INAMOVILIDAD DE LOS MAGISTRADOS
Los
magistrados son inamovibles en cuanto al cargo, a la sede o al grado, durante
el término para el cual fueron nombrados. No pueden ser trasladados ni
ascendidos sin su consentimiento previo y expreso. Son designados por períodos
de cinco años, a contar de su nombramiento.
Los
magistrados que hubiesen sido confirmados por dos períodos siguientes al de su
elección, adquieren la inamovilidad en el cargo hasta el límite de edad
establecido para los miembros de la Corte Suprema de Justicia.
Artículo
253 - DEL ENJUICIAMIENTO Y DE LA REMOCIÓN DE LOS MAGISTRADOS
Los
magistrados judiciales sólo podrán ser enjuiciados y removidos por la comisión
de delitos, o mal desempeño de sus funciones definido en la ley, por decisión
de un Jurado de enjuiciamiento de magistrados. Este estará integrado por dos
ministros de la Corte Suprema de Justicia, dos miembros del Consejo de la
Magistratura, dos senadores y dos diputados; éstos cuatro últimos deberán ser
abogados. La ley regulará el funcionamiento del Jurado de enjuiciamiento de
magistrados.
Artículo
254 - DE LAS INCOMPATIBILIDADES
Los
magistrados no pueden ejercer, mientras duren en sus funciones, otro cargo
público o privado, remunerado o no, salvo la docencia o la investigación científica,
a tiempo parcial. Tampoco pueden ejercer el comercio, la industria o actividad
profesional o política alguna, no desempeñar cargos en organismos oficiales o
privados, partidos, asociaciones o movimientos políticos.
Artículo
255 - DE LAS INMUNIDADES
Ningún
magistrado judicial podrá ser acusado o interrogado judicialmente por las
opiniones emitidas en el ejercicio de sus funciones. No podrá ser detenido o
arrestado sino en caso de flagrante delito que merezca pena corporal. Si así
ocurriese la autoridad interviniente debe ponerlo bajo custodia en su
residencia, comunicar de inmediato el hecho a la Corte Suprema de Justicia, y
remitir los antecedentes al juez competente.
Artículo
256 - DE LA FORMA DE LOS JUICIOS
Los
juicios podrán ser orales y públicos, en la forma y en la medida que la ley
determine.
Toda
sentencia judicial debe estar fundada en esta Constitución y en la ley. La
crítica a los fallos es libre.
El
proceso laboral será total y estará basado en los principios de inmediatez,
economía y concentración.
Artículo
257 - DE LA OBLIGACIÓN DE COLABORAR CON LA JUSTICIA
Los
órganos del Estado se subordinan a los dictados de la ley, y las personas que
ejercen funciones al servicios del mismo están obligadas a prestar a la
administración de justicia toda la cooperación que ella requiera para el
cumplimiento de sus mandatos.
SECCIÓN
II
DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Artículo
258 - DE LA INTEGRACIÓN Y DE LOS REQUISITOS
La Corte
Suprema de Justicia estará integrada por nueve miembros. Se organizarán en
salas, uno de las cuales será constitucional, elegirá de su seno, cada año, a
su Presidente. Sus miembros llevarán el título de Ministro.
Sus
requisitos para integrar la Corte Suprema de Justicia, tener nacionalidad
paraguaya natural, haber cumplido treinta y cinco años, poseer título
universitario de Doctor en Derecho y gozar de notoria honorabilidad. Además,
haber ejercido efectivamente durante el término de diez años, cuanto menos, la
profesión, la magistratura judicial o la cátedra universitaria en materia
jurídica, conjunta, separada o sucesivamente.
Artículo
259 - DE LOS DEBERES Y DE LAS ATRIBUCIONES
Son
deberes y atribuciones de la Corte Suprema de Justicia:
ejercer
la superintendencia de todos los organismos del Poder Judicial y decidir, en
instancia única, los conflictos de jurisdicción y de competencia, conforme con
la ley;
dictar su propio reglamento interno. Presentar anualmente, una memoria sobre las gestiones realizadas, el Estado, y las necesidades de la justicia nacional a los Poderes Ejecutivo y Legislativo;
conocer y resolver en los recursos ordinarios que la ley determine;
conocer y resolver, en instancia original, los hábeas corpus, sin perjuicio de la competencia de otros jueces o tribunales;
conocer y resolver sobre inconstitucionalidad;
conocer y resolver en el recurso de casación, en la forma y medida que establezca la ley;
suspender preventivamente por sí o a pedido del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por mayoría absoluta de votos de sus miembros, en el ejercicio de sus funciones, a magistrados judiciales enjuiciados, hasta tanto se dicte resolución definitiva en el caso;
supervisar los institutos de detención y reclusión;
entender en las contiendas de competencias entre el Poder Ejecutivo y los gobiernos departamentales y entre éstos y los municipios, y
los demás deberes y atribuciones que fije esta Constitución y las leyes.
Artículo 260 - DE LOS DEBERES Y DE LAS ATRIBUCIONES DE LA SALA CONSTITUCIONAL
dictar su propio reglamento interno. Presentar anualmente, una memoria sobre las gestiones realizadas, el Estado, y las necesidades de la justicia nacional a los Poderes Ejecutivo y Legislativo;
conocer y resolver en los recursos ordinarios que la ley determine;
conocer y resolver, en instancia original, los hábeas corpus, sin perjuicio de la competencia de otros jueces o tribunales;
conocer y resolver sobre inconstitucionalidad;
conocer y resolver en el recurso de casación, en la forma y medida que establezca la ley;
suspender preventivamente por sí o a pedido del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por mayoría absoluta de votos de sus miembros, en el ejercicio de sus funciones, a magistrados judiciales enjuiciados, hasta tanto se dicte resolución definitiva en el caso;
supervisar los institutos de detención y reclusión;
entender en las contiendas de competencias entre el Poder Ejecutivo y los gobiernos departamentales y entre éstos y los municipios, y
los demás deberes y atribuciones que fije esta Constitución y las leyes.
Artículo 260 - DE LOS DEBERES Y DE LAS ATRIBUCIONES DE LA SALA CONSTITUCIONAL
Son
deberes y atribuciones de la Sala Constitucional:
conocer
y resolver sobre la insconstitucionalidad de las leyes y de otros instrumentos
normativos, declarando la inaplicabilidad de las disposiciones contrarias a
esta Constitución en cada caso concreto, y en fallo que sólo tendrá efecto con
relación a este caso, y
decidir sobre la inconstitucionalidad de las sentencias definitivas o interlocutorias, declarando la nulidad de las que resulten contrarias a esta Constitución.
El procedimiento podrá iniciarse por acción ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, y por vía de la excepción en cualquier instancia, en cuyo caso se elevarán los antecedentes a la Corte.
decidir sobre la inconstitucionalidad de las sentencias definitivas o interlocutorias, declarando la nulidad de las que resulten contrarias a esta Constitución.
El procedimiento podrá iniciarse por acción ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, y por vía de la excepción en cualquier instancia, en cuyo caso se elevarán los antecedentes a la Corte.
Artículo
261 - DE LA REMOCIÓN Y CESACIÓN DE LOS MINISTROS DE LA CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA
Los
ministros de la Corte Suprema de Justicia sólo podrán ser removidos por juicio
político. Cesarán en el cargo cumplida la edad de setenta y cinco años.
SECCIÓN
III
DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
Artículo
262 - DE LA COMPOSICION
El
Consejo de la Magistratura está compuesto por:
un miembro
de la Corte Suprema de Justicia, designado por ésta;
un representante del Poder Ejecutivo;
un Senador y un Diputado, ambos nominados por su Cámara respectiva;
dos abogados de la matrícula, nombrados por sus pares en elección directa;
un profesor de las facultades de Derecho de la Universidad Nacional, elegido por sus pares, y
un profesor de las facultades de Derecho con no menos de veinte años de funcionamiento, de las Universidades privadas, elegido por sus pares.
La ley reglamentará los sistemas de elección pertinentes.
un representante del Poder Ejecutivo;
un Senador y un Diputado, ambos nominados por su Cámara respectiva;
dos abogados de la matrícula, nombrados por sus pares en elección directa;
un profesor de las facultades de Derecho de la Universidad Nacional, elegido por sus pares, y
un profesor de las facultades de Derecho con no menos de veinte años de funcionamiento, de las Universidades privadas, elegido por sus pares.
La ley reglamentará los sistemas de elección pertinentes.
Artículo
263 - DE LOS REQUISITOS Y DE LA DURACION
Los
miembros del Consejo de la magistratura deben reunir los siguientes requisitos:
Ser de
nacionalidad paraguaya, haber cumplido treinta y cinco años, poseer título
universitario de abogado, y, durante el término de diez años cuanto menos,
haber ejercido efectivamente la profesión, o desempeñado funciones en la
magistratura judicial, o ejercido la cátedra universitaria en materia jurídica,
conjunta, separado o alternativamente.
Durará
años en sus funciones y gozarán de iguales inmunidades que los Ministros de la
Corte Suprema de Justicia. Tendrán las incompatibilidades que establezca la
ley.
Artículo
264 - DE LOS DEBERES Y DE LA ATRIBUCIONES
Son
deberes y atribuciones del Consejo de la Magistratura:
proponer
las ternas de candidatos para integrar la Corte Suprema de Justicia, previa
selección basada en la idoneidad, con consideración de méritos y aptitudes, y
elevarlas a la Cámara de Senadores para que los designe, con acuerdo del Poder
ejecutivo;
proponer en ternas a la Corte Suprema de Justicia, con igual criterio de selección y examen, los nombres de candidatos para los cargos de miembros de los tribunales inferiores, los de los jueces y los de los agentes fiscales;
elaborar su propio reglamente, y
los demás deberes y atribuciones que fijen esta Constitución y las leyes.
Artículo 265 - DEL TRIBUNAL DE CUENTAS Y DE OTRAS MAGISTRATURAS Y ORGANISMOS AUXILIARES
proponer en ternas a la Corte Suprema de Justicia, con igual criterio de selección y examen, los nombres de candidatos para los cargos de miembros de los tribunales inferiores, los de los jueces y los de los agentes fiscales;
elaborar su propio reglamente, y
los demás deberes y atribuciones que fijen esta Constitución y las leyes.
Artículo 265 - DEL TRIBUNAL DE CUENTAS Y DE OTRAS MAGISTRATURAS Y ORGANISMOS AUXILIARES
Se
establece el tribunal de cuentas. La ley determinará su composición y su
competencia.
La
estructura y las funciones de las demás magistraturas judiciales y de
organismos auxiliares, así como las de la escuela judicial, serán determinadas
por la ley.
SECCIÓN
IV
DEL MINISTERIO PUBLICO
DEL MINISTERIO PUBLICO
Artículo
266 - DE LA COMPOSICIÓN Y DE LAS FUNCIONES
El
Ministerio Público representa a la sociedad ante los órganos jurisdiccionales
del Estado, gozando de autonomía funcional y administrativa en el cumplimiento
de sus deberes y atribuciones. Lo ejercen el Fiscal General del Estado y los
agentes fiscales, en la forma determinada por la ley.
Artículo
267 - DE LOS REQUISITOS
Para ser
Fiscal General del Estado se requiere tener nacionalidad paraguaya; haber
cumplido treinta y cinco años, poseer título universitario de abogado, haber ejercido
efectivamente la profesión o funciones o la magistratura judicial o la cátedra
universitaria en materia jurídica durante cinco años cuanto menos, conjunta,
separada o sucesivamente. Tiene las mismas incompatibilidades e inmunidades que
las establecidas para los magistrados del Poder Judicial.
Artículo
268 - DE LOS DEBERES Y DE LAS ATRIBUCIONES
Son
deberes y atribuciones del Ministerio Público:
velar
por el respeto de los derechos y de las garantías constitucionales;
promover acción penal pública para defender el patrimonio público y social, el medio ambiente y otros intereses difusos, así como los derechos de los pueblos indígenas;
ejercer acción penal en los casos en que, para iniciarla o proseguirla, no fuese necesaria instancia de parte, sin perjuicio de que el juez o tribunal proceda de oficio, cuando lo determine la ley;
recabar información de los funcionarios públicos para el mejor cumplimiento de sus funciones, y
los demás deberes y atribuciones que fije la ley.
Artículo 269 - DE LA ELECCIÓN Y DE LA DURACION
promover acción penal pública para defender el patrimonio público y social, el medio ambiente y otros intereses difusos, así como los derechos de los pueblos indígenas;
ejercer acción penal en los casos en que, para iniciarla o proseguirla, no fuese necesaria instancia de parte, sin perjuicio de que el juez o tribunal proceda de oficio, cuando lo determine la ley;
recabar información de los funcionarios públicos para el mejor cumplimiento de sus funciones, y
los demás deberes y atribuciones que fije la ley.
Artículo 269 - DE LA ELECCIÓN Y DE LA DURACION
El
Fiscal General del Estado tiene inamovilidad. Dura cinco años en sus funciones
y puede ser reelecto. Es nombrado por el Poder Ejecutivo, con acuerdo del
Senado, a propuesta en terna del Consejo de la Magistratura.
Artículo
270 - DE LOS AGENTES FISCALES
Los
agentes fiscales son designados, en la misma forma que establece esta
Constitución para los jueces. Duran en sus funciones y son removidos con
iguales procedimientos. Además, tienen las mismas incompatibilidades e
inmunidades que las determinadas para los integrantes del Poder Judicial.
Artículo
271 - DE LA POSESIÓN DE LOS CARGOS
El
Fiscal General del Estado presta juramento o promesa ante el Senado, mientras
los agentes fiscales lo efectúan ante la Corte Suprema de Justicia.
Artículo
272 - DE LA POLICIA JUDICIAL
La ley
podrá crear una Policía Judicial, dependiente del Poder Judicial, a fin de
colaborar directamente con el Ministerio Público.
SECCIÓN
V
DE LA JUSTICIA ELECTORAL
DE LA JUSTICIA ELECTORAL
Artículo
273 - DE LA COMPETENCIA
La
convocatoria, el juzgamiento, la organización, la dirección, la supervisión y
la vigilancia de los actos y de las cuestiones derivados de las elecciones
generales, departamentales y municipales, así como de los derechos y de los
títulos de quienes resulten elegidos, corresponden exclusivamente a la Justicia
Electoral.
Sin
igualmente de su competencia las cuestiones provenientes de todo tipo de
consulta popular, como asimismo lo relativo a las elecciones y al
funcionamiento de los partidos y de los movimientos políticos.
Artículo
274 - DE LA INTEGRACIÓN
La
Justicia Electoral está integrada por un Tribunal Superior de Justicia
Electoral, por los tribunales, por los juzgados, por las fiscalías y por los
demás organismos a definirse en la ley, la cual determinará su organización y
sus funciones.
Artículo
275 - DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ELECTORAL
El
Tribunal Superior de Justicia Electoral estará compuesto de tres miembros,
quienes serán elegidos y removidos en la forma establecida para los ministros
de la Corte Suprema de Justicia.
Los
miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral deberán reunir los
siguientes requisitos: ser de nacionalidad paraguaya, haber cumplido treinta y
cinco años, poseer título universitario de abogado, y, durante el término de
diez años, cuanto menos, haber ejercido efectivamente la profesión, o
desempeñado funciones en la magistratura judicial, o ejercido la cátedra
universitaria en materia jurídica, conjunta, separada o alternativamente.
La ley
fijará en qué casos sus resoluciones serán recurribles ante la Corte Suprema de
Justicia, la cual lo resolverá en procedimiento sumarísimo.
CAPÍTULO
IV
DE OTROS ORGANISMOS DEL ESTADO
DE OTROS ORGANISMOS DEL ESTADO
SECCIÓN
I
DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO
DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO
Artículo
276 - DEL DEFENSOR DEL PUEBLO
El
Defensor del Pueblo es un comisionado parlamentario cuyas funciones son la
defensa de los derechos humanos, la canalización de reclamos populares y la
profesión de los intereses comunitarios. En ningún caso tendrá función judicial
ni competencia ejecutiva.
Artículo
277 - DE LA AUTONOMIA, DEL NOMBRAMIENTO Y DE LA REMOCION
El
Defensor del Pueblo gozará de autonomía e inamovilidad. Es nombrado por mayoría
de dos tercios de la Cámara de Diputados, de una terna propuesta por el Senado,
y durará cinco años en sus funciones, coincidentes con el período del Congreso.
Podrá ser reelecto. Además, podrá ser removido por mal desempeño de sus
funciones, con el procedimiento del juicio político establecido en esta
Constitución.
Artículo
278 - DE LOS REQUISITOS, DE LAS INCOMPATIBILIDADES Y DE LAS INMUNIDADES
El
Defensor del Pueblo deberá reunir los mismos requisitos exigidos para los
Diputados, y tiene las mismas incompatibilidades e inmunidades que las de los
magistrados judiciales. Durante su mandato no podrá formar parte de ningún poder
del Estado ni ejercer actividad político partidaria alguna.
Artículo
279 - DE LOS DEBERES Y DE LAS ATRIBUCIONES
Son
deberes y atribuciones del Defensor del Pueblo:
recibir
e investigar denuncias, quejas y reclamos contra violaciones de los derechos humanos
y otros hechos que establecen esta Constitución y la ley.
requerir de las autoridades en sus diversos niveles, incluyendo los de los órganos policiales y los de seguridad en general, información para el mejor ejercicio de sus funciones, sin que pueda oponérsele reserva alguna. Podrá acceder a los sitios donde se denuncie la comisión de tales hechos. Es también de su competencia actuar de oficio;
emitir censura pública por actos o comportamientos contrarios a los derechos humanos;
informar anualmente de sus gestiones a las Cámaras del Congreso;
elaborar y divulgar informes sobre la situación de los derechos humanos que, a su juicio, requieran pronta atención pública, y
los demás deberes y atribuciones que fije la ley.
Artículo 280 - DE LA REGULACIÓN DE SUS FUNCIONES
requerir de las autoridades en sus diversos niveles, incluyendo los de los órganos policiales y los de seguridad en general, información para el mejor ejercicio de sus funciones, sin que pueda oponérsele reserva alguna. Podrá acceder a los sitios donde se denuncie la comisión de tales hechos. Es también de su competencia actuar de oficio;
emitir censura pública por actos o comportamientos contrarios a los derechos humanos;
informar anualmente de sus gestiones a las Cámaras del Congreso;
elaborar y divulgar informes sobre la situación de los derechos humanos que, a su juicio, requieran pronta atención pública, y
los demás deberes y atribuciones que fije la ley.
Artículo 280 - DE LA REGULACIÓN DE SUS FUNCIONES
Las
funciones del Defensor del Pueblo serán reguladas por la ley a fin de asegurar
su eficacia, pudiendo nombrarse defensores departamentales o municipales.
SECCIÓN
II
DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Artículo
281 - DE LA NATURALEZA, DE LA COMPOSICIÓN Y DE LA DURACION
La
Contraloría General de la República es el órgano de control de las actividades
económicas y financieras del Estado, de los departamentos y de las
municipalidades, en la forma determinada por esta Constitución y por la ley.
Gozará de autonomía funcional y administrativa.
Se
compone de un Contralor y un Subcontralor, quienes deberán ser de nacionalidad
paraguaya, de treinta años cumplidos, graduados en Derecho o en Ciencias
Económicas, Administrativas o Contables. Cada uno de ellos será designado por
la Cámara de Diputados, por mayoría absoluta, de sendas ternas de candidatos
propuestos por la Cámara de Senadores, con idéntica mayoría.
Durarán
cinco años en sus funciones, los cuales no serán coincidentes con los del
mandato presidencial. Podrán ser confirmados en el cargo sólo por un período
más, con sujeción a los mismos trámites. Durante tal lapso gozarán de
inamovilidad, no pudiendo ser removidos sino por la comisión de delitos o por
mal desempeño de sus funciones.
Artículo
282 - DEL INFORME Y DEL DICTAMEN
El
Presidente de la República, en su carácter de titular de la administración del
Estado, enviará a la Contraloría la liquidación del presupuesto del año
anterior, dentro de los cuatro meses del siguiente. En los cuatro meses
posteriores, la Contraloría deberá elevar informe y dictamen al Congreso, para
que los consideren cada una de las Cámaras.
Artículo
283 - DE LOS DEBERES Y DE LAS ATRIBUCIONES
Son
deberes y atribuciones del Contralor General de la República:
el
control, la vigilancia y la fiscalización de los bienes públicos y del
patrimonio del Estado, los de las entidades regionales o departamentales, los
de las municipalidades, los del Banco Central y los de los demás bancos del
Estado o mixtos, los de las entidades autónomas, autárquicas o
descentralizadas, así como los de las empresas del Estado o mixtas;
el control de la ejecución y de la liquidación del Presupuesto General de la Nación;
el control de la ejecución y de la liquidación de los presupuestos de todas las reparticiones mencionadas en el inciso 1, como asimismo el examen de sus cuentas, fondos e inventarios;
la fiscalización de las cuentas nacionales de las empresas o entidades multinacionales, de cuyo capital participe el Estado en forma directa o indirecta, en los términos de los respectivos tratados;
el requerimiento de informes sobre la gestión fiscal y patrimonial a toda persona o entidad pública, mixta o privada que administre fondos, servicios públicos o bienes del Estado, a las entidades regionales o departamentales y a los municipios, todas las cuales deben poner a su disposición la documentación y los comprobantes requeridos para el mejor cumplimiento de sus funciones;
la recepción de las declaraciones juradas de bienes de los funcionarios públicos, así como la formación de un registro de las mismas y la producción de dictámenes sobre la correspondencia entre tales declaraciones, prestadas al asumir los respectivos cargos, y las que los aludidos funcionarios formulen al cesar en ellos.
la denuncia a la justicia ordinaria y al Poder Ejecutivo de todo delito siendo solidariamente responsable, por omisión o desviación, con los órganos sometidos a su control, cuando éstos actuasen con deficiencia o negligencia, y
los demás deberes y atribuciones que fije esta Constitución y las leyes.
Artículo 284 - DE LAS INMUNIDADES, DE LAS INCOMPATIBILIDADES Y DE LA REMOCIÓN
el control de la ejecución y de la liquidación del Presupuesto General de la Nación;
el control de la ejecución y de la liquidación de los presupuestos de todas las reparticiones mencionadas en el inciso 1, como asimismo el examen de sus cuentas, fondos e inventarios;
la fiscalización de las cuentas nacionales de las empresas o entidades multinacionales, de cuyo capital participe el Estado en forma directa o indirecta, en los términos de los respectivos tratados;
el requerimiento de informes sobre la gestión fiscal y patrimonial a toda persona o entidad pública, mixta o privada que administre fondos, servicios públicos o bienes del Estado, a las entidades regionales o departamentales y a los municipios, todas las cuales deben poner a su disposición la documentación y los comprobantes requeridos para el mejor cumplimiento de sus funciones;
la recepción de las declaraciones juradas de bienes de los funcionarios públicos, así como la formación de un registro de las mismas y la producción de dictámenes sobre la correspondencia entre tales declaraciones, prestadas al asumir los respectivos cargos, y las que los aludidos funcionarios formulen al cesar en ellos.
la denuncia a la justicia ordinaria y al Poder Ejecutivo de todo delito siendo solidariamente responsable, por omisión o desviación, con los órganos sometidos a su control, cuando éstos actuasen con deficiencia o negligencia, y
los demás deberes y atribuciones que fije esta Constitución y las leyes.
Artículo 284 - DE LAS INMUNIDADES, DE LAS INCOMPATIBILIDADES Y DE LA REMOCIÓN
El
Contralor y el Subcontralor tendrán las mismas inmunidades e incompatibilidades
prescritas para los magistrados judiciales. En cuanto a su remoción, se seguirá
el procedimiento establecido para el juicio político.
SECCIÓN
III
DE LA BANCA CENTRAL DEL ESTADO
DE LA BANCA CENTRAL DEL ESTADO
Artículo
285 - DE LA NATURALEZA, DE LOS DEBERES Y DE LAS ATRIBUCIONES
Se
establece una Banca Central del Estado, en carácter de organismos técnico. Ella
tiene la exclusividad de la emisión monetaria, y conforme con los objetivos de
la política económica del Gobierno Nacional, participa con los demás organismos
técnicos del Estado, en la formulación de las políticas monetaria, crediticia y
cambiaria, siendo responsable de su ejecución y desarrollo, y preservando la
estabilidad monetaria.
Artículo
286 - DE LAS PROHIBICIONES
Se
prohibe a la Banca Central del Estado:
acordar
créditos, directa o indirectamente, para financiar el gasto público al margen
del presupuesto, excepto:
los adelantos de corto plazo de los recursos tributarios presupuestos para el año respectivo, y
en caso de emergencia nacional, con resolución fundada del Poder Ejecutivo y acuerdo de la Cámara de Senadores.
adoptar acuerdo alguno que establezca, directa o indirectamente, normas o requisitos diferentes o discriminatorios y relativos a personas, instituciones o entidades que efectúan operaciones de la misma naturaleza, y
operar con personas o entidades no integradas al sistema monetario o financiero nacional, salvo organismos internacionales.
Artículo 287 - DE LA ORGANIZACIÓN Y DEL FUNCIONAMIENTO
los adelantos de corto plazo de los recursos tributarios presupuestos para el año respectivo, y
en caso de emergencia nacional, con resolución fundada del Poder Ejecutivo y acuerdo de la Cámara de Senadores.
adoptar acuerdo alguno que establezca, directa o indirectamente, normas o requisitos diferentes o discriminatorios y relativos a personas, instituciones o entidades que efectúan operaciones de la misma naturaleza, y
operar con personas o entidades no integradas al sistema monetario o financiero nacional, salvo organismos internacionales.
Artículo 287 - DE LA ORGANIZACIÓN Y DEL FUNCIONAMIENTO
La ley
regulará la organización y funcionamiento de la Banca Central del Estado,
dentro de las limitaciones previstas en esta Constitución.
La Banca
Central del Estado rendirá cuentas al Poder Ejecutivo y al Congreso Nacional
sobre la ejecución de las políticas a su cargo.
TÍTULO
III
DEL ESTADO DE EXCEPCIÓN
DEL ESTADO DE EXCEPCIÓN
Artículo
288 - DE LA DECLARACIÓN, DE LAS CAUSALES, DE LA VIGENCIA Y DE LOS PLAZOS
En caso
de conflicto armado internacional, formalmente declarado o no, o de grave
conmoción interior que ponga en inminente peligro el imperio de esta
Constitución o el funcionamiento regular de los órganos creados por ella, el
Congreso o el Poder Ejecutivo podrán declarar el Estado de Excepción en todo o
en parte del territorio nacional, por un término de sesenta días como máximo.
En el caso de que dicha declaración fuera efectuada por el Poder ejecutivo, la medida
deberá ser aprobada o rechazada por el Congreso dentro del plazo de cuarenta y
ocho horas.
Dicho
término de sesenta días podrá prorrogarse por períodos de hasta treinta días
sucesivos, para lo cual se requerirá mayoría absoluta de ambas Cámaras.
Durante
el receso parlamentario, el Poder Ejecutivo podrá decretar, por única vez, el
Estado de Excepción por un plazo no mayor de treinta días, pero deberá
someterlo dentro de los ocho días a la aprobación o rechazo del Congreso, el
cual quedará convocado de pleno derecho a sesión extraordinaria, únicamente
para tal efecto.
El
decreto o la ley que declare el Estado de Excepción contendrá las razones y los
hechos que se invoquen para su adopción, el tiempo de su vigencia y el
territorio afectado, así como los derechos que restrinja.
Durante
la vigencia del Estado de Excepción, el Poder ejecutivo sólo podrá ordenar, por
decreto y en cada caso, las siguientes medidas: la detención de las personas
indiciadas de participar en algunos de esos hechos, su traslado de un punto a
otro de la República, así como la prohibición o la restricción de reuniones
públicas y de manifestaciones.
En todos
los casos, las personas indiciadas tendrán la opción de salir del país.
El Poder
Ejecutivo informará de inmediato a la Corte suprema de Justicia sobre los
detenidos en virtud del Estado de Excepción y sobre el lugar de su detención o
traslado, a fin de hacer posible una inspección judicial.
Los
detenidos en razón del Estado de Excepción permanecerán en locales sanos y
limpios, no destinados a reos comunes, o guardarán reclusión en su propia
residencia. Los traslados se harán siempre a sitios poblados y salubres.
El
Estado de Excepción no interrumpirá el funcionamiento de los poderes del
Estado, la vigencia de esta Constitución ni, específicamente, el hábeas corpus.
El
Congreso, por mayoría absoluta de votos, podrá disponer en cualquier momento el
levantamiento del Estado de Excepción, si considerase que cesaron las causas de
su declaración.
Una vez
que finalice el Estado de Excepción, el Poder Ejecutivo informará al Congreso,
en un plazo no mayor de cinco días, sobre lo actuado durante la vigencia de
aquél.
TÍTULO
IV
DE LA REFORMA Y DE LA ENMIENDA DE LA CONSTITUCION
DE LA REFORMA Y DE LA ENMIENDA DE LA CONSTITUCION
Artículo
289 - DE LA REFORMA
La
reforma de esta Constitución sólo procederá luego de diez años de su
promulgación.
Podrán
solicitar la reforma el veinticinco por ciento de los legisladores de
cualquiera de las Cámaras del Congreso, el Presidente de la República o treinta
mil electores, en petición firmada.
La
declaración de la necesidad de la reforma sólo será aprobada por mayoría
absoluta de dos tercios de los miembros de cada Cámara del Congreso.
Una vez
decidida la necesidad de la reforma, el Tribunal Superior, de Justicia
Electoral llamará a elecciones dentro del plazo de ciento ochenta días, en
comicios generales que no coincidan con ningún otro.
El
número de miembros de la Convención Nacional Constituyente no podrá exceder del
total de los integrantes del Congreso. Sus condiciones de elegibilidad, así como
la determinación de sus incompatibilidades, serán fijadas por ley.
Los
convencionales tendrán las mismas inmunidades establecidas para los miembros
del Congreso.
Sancionada
la nueva Constitución por la Convención Nacional Constituyente, quedará promulgada
de pleno derecho.
Artículo
290 - DE LA ENMIENDA
Transcurridos
tres años de promulgada esta Constitución, podrán realizarse enmiendas a
iniciativa de la cuarta parte de los legisladores de cualquiera de las Cámaras
del Congreso, del Presidente de la República o de treinta mil electores, en
petición firmada.
El texto
íntegro de la enmienda deberá ser aprobado por mayoría absoluta en la Cámara de
origen. Aprobado el mismo, se requerirá igual tratamiento en la Cámara
revisora. Si en cualquiera de las Cámaras no se reuniese la mayoría requerida
para su aprobación, se tendrá por rechazada la enmienda, no pudiendo volver a
presentarla dentro del término de un año.
Aprobada
la enmienda por ambas Cámaras del Congreso, se remitirá el texto al Tribunal
Superior de Justicia Electoral para que, dentro del plazo de ciento ochenta
días, se convoque a un referéndum. Si el resultado de este es afirmativo, la
enmienda quedará sancionada y promulgada, incorporándose al texto
institucional.
Si la
enmienda es derogatoria, no podrá promoverse otra sobre el mismo tema antes de
tres años.
No se
utilizará el procedimiento indicado de la enmienda, sino el de la reforma, para
aquellas disposiciones que afecten el modo de elección, la composición, la
duración de mandatos a los atribuciones de cualquiera de los poderes del
Estado, o las disposiciones de los Capítulos I, II, III y IV del Título II, de
la Parte I.
Artículo
291 - DE LA POTESTAD DE LA CONVENCIÓN NACIONAL CONSTITUYENTE
La
Convención Nacional Constituyente es independiente de los poderes constituídos.
Se limitará, durante el tiempo que duren sus deliberaciones, a sus labores de
reforma, con exclusión de cualquier otra tarea. No se arrogará las atribuciones
de los poderes del Estado, no podrá sustituir a quienes se hallen en ejercicio
de ellos, ni acortar o ampliar su mandato.
TÍTULO V
DE LAS DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS
Artículo
1.- Esta Constitución entra en vigencia desde la fecha. Su promulgación se
opera de pleno derecho a la hora veinticuatro de la misma.
El
proceso de elaboración de esta Constitución, su sanción, su promulgación y las
disposiciones que la integran, no están sujetas a revisión jurisdiccional, ni a
modificación alguna, salvo lo dispuesto para su reforma o enmienda.
Queda
derogada la Constitución del 25 de agosto de 1967 y su enmienda del año 1977;
sin perjuicio de lo que se dispone en el presente título.
Artículo
2.- El Presidente de la República, el Presidente del Congreso y el Presidente
de la Corte Suprema de Justicia, prestaran juramento o promesa de cumplir y
hacer cumplir esta Constitución, ante la Convención Nacional Constituyente el
día veinte de junio de 1992.
Artículo
3.- El Presidente de la República, los Senadores y los Diputados continuarán en
sus funciones respectivas hasta que asuman las nuevas autoridades nacionales
que serán elegidas en las elecciones generales a realizarse en 1993. Sus
deberes y atribuciones serán los establecidos por esta Constitución, tanto para
el Presidente de la República como para el Congreso, el cual no podrá ser
disuelto. Hasta tanto asuman los senadores y diputados que sean electos en las
elecciones generales de 1993, el proceso de formación y sanción de las leyes se
regira por lo que disponen los artículos 154/167 de la Constitución de 1967.
Artículo
4.- La próxima elección para designar Presidente de la República,
Vicepresidente, Senadores y Diputados, Gobernadores y miembros de las Juntas
Departamentales se realizará simultaneamente en la fecha que determine el
Tribunal Electoral de la Capital, la que deberá ser fijada para el lapso
comprendido entre el 15 de abril y el 15 de mayo de 1993. Estas autoridades
asumirán sus funciones el 15 de agosto de 1993, a excepción de los miembros del
Congreso que lo harán el 1 de julio del mismo año.
Artículo
5.- Los demás magistrados y funciónarios seguirán en sus cargos hasta completar
el periodo que hubiese determinado para cada uno de ellos la Constitución de
1967 y si, llegado ese momento, todavía no fueran nombrados sus sucesores,
continuará en funciones interinamente hasta que se produzca su sustitución.
Ellos
podrán ser reemplazados por otros funcionarios y magistrados que serán
designados interinamente y de acuerdo con los mecanismos establecidos por la
Constitución de 1967. Los funcionarios y magistrados así designados durarán en
sus cargos hasta el momento en que sean designados sus sustitutos de acuerdo
con los mecanismos que determina esta Constitución.
También
continuarán en funciones el Contralor General y el Subcontralor, hasta tanto se
designen los funciónarios que determina el artículo281 de esta Constitución.
Artículo
6.- Hasta tanto se realicen los comicios generales, en 1993, para elegir
Presidente de la República, Vicepresidente, Senadores, Diputados, Gobernadores
y miembros de las Juntas Departamentales, seguirá, en función los mismos
organismos electorales; Junta Electoral Central, Junta Electoral Seccional y
Tribunales Electorales, los que se regirán por el código electoral en todo
aquello que no contradiga a esta Constitución.
Artículo
7.- La designación de funcionarios y magistrados que requieran la intervención
del Congreso o de cualquiera de sus Camaras o para cargos de instituciones
creadas por esta Constitución o con integración diferente a la que establecía
la de 1967, no podrá efectuarse sino después que asuman las autoridades
nacionales que serán elegidas en el año 1993, con excepción de lo preceptuado
en el Artículo 9, de este título.
Artículo
8.- Los Magistrados Judiciales que sean confirmados a partir de los mecanismos ordinarios
establecidos en esta Constitución adquieren la inmovilidad permanente a que se
refiere el 2o. párrafo del Art. 252. "De la inmovilidad de los
magistrados", a partir de la segunda confirmación.
Artículo
9.- Los miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados serán designados a
propuesta de los respectivos poderes dentro de los sesenta dias de promulgada
esta Constitución. Hasta tanto se integre el Consejo de la Magistratura, los
representantes que responden a ese cuerpo será cubiertos por un profesor de
cada facultad de Derecho, a propuesta de sus respectivos Consejos Directivos. A
este jurado se le deferirá el conocimiento y el juzgamiento de todas las
denuncias actualmente existentes ante la Corte Suprema de Justicia. Hasta que
se dicte la Ley respectiva, regirá en lo pertinente la Ley 879/81, Código de
Organización Judicial.
La
duración en sus respectivos cargos de los miembros del Jurado de Enjuiciamiento
de Magistrados que sean designados en virtud de lo que dispone este Artículo,
será fijada por ley.
Artículo
10.- Hasta tanto se designe Procurador General, los funcionarios actuales que
se desempeñan en el área respectiva quedan investidos de las atribuciones que
determina el Artículo 246.
Artículo
11.- Hasta tanto se dicte una Ley Orgánica Departamental, los Gobernadores y
las Juntas Departamentales estarán integradas por un mínimo de siete miembros y
un máximo de veintiun miembros. El Tribunal Electoral de Asunción establecerá
el número de miembros de las Juntas Departamentales, atendiendo a la densidad
electoral de los departamentos.
Artículo
12.- Las Sedes actuales de las Delegaciones de Gobierno, pasarán de pleno
derecho y a título gratuito a ser propiedad de los gobiernos departamentales.
Artículo
13.- Si al 1 de octubre de 1992 siguen sin estar organizados electoralmente los
Departamentos de Chaco y Nueva Asunción los dos Diputados que corresponden a
estos Departamentos, serán elegidos en los colegios electorales de los
Departamentos de Presidente Hayes, Boquero y Alto Paraguay, de acuerdo con el
caudal electoral de estos.
Artículo
14.- La investidura de Senador Vitalicio alcanza al ciudadano que ejerce la
Presidencia de la República a la fecha de sanción de esta Constitución, sin que
beneficie a ninguno anterior.
Artículo
15.- Hasta tanto se reuna una nueva Convención Nacional Constituyente, los que
participaron en esta gozarán del trato de "Ciudadano Convenciónal".
Artículo
16.- Los bienes adquiridos por la Convención o donados a ella que forman parte
de su patrimonio serán transferidos a título gratuito al Poder Legislativo.
Artículo
16.- Los bienes adquiridos por la Convención o donados a ella que forman parte
de su patrimonio serán transferidos a título gratuito al Poder Legislativo.
Artículo
17.- El depósito y conservación de toda la documentación producida por la
Convencio Nacional Constituyente tales como los diarios y las actas y de
sesiones plenarias y las de comisión redactora serán confiados a la Banca
Central del Estado, a nombre y disposición del Poder Legislativo, hasta que,
por Ley, se disponga su remisión y guarda en el Archivo Nacional.
Artículo
18.- El Poder Ejecutivo dispondra de inmediato la edición oficial de 10.000
ejemplares de esta Constitución en los idiomas castellano y guarání.
En caso
de duda de interpretación, se estará al texto redactado en idioma castellano.
A traves
del sistema educativo, se fomentará el estudio de la Constitución Nacional.
Artículo
19.- A los efectos de las limitaciones que establece esta Constitución para la
reelección de los cargos electivos de los diversos poderes del Estado, se
computara el actual periodo inclusive.
Artículo
20.- El texto original de la Constitución Nacional será firmado, en todas sus
hojas por el Presidente y los Secretarios de la Convención Nacional Constituyente.
El Acta
final de la Convención, por la cual se aprueba y asienta el texto completo de
esta Constitución, será firmada por el Presidente y los Secretarios de la
Convención Nacional Constituyente. La firmarán también los Convenciónales que
deseen hacerlo de modo que se forme un solo documento cuya custodia será
confiada al Poder Legislativo.
Queda sancionada esta Constitución. Dada en el recinto de
deliberaciones de la Convención Nacional Constituyente a los veinte días del
mes de junio de mil novecientos noventa y dos, en la ciudad de la Asunción,
Capital de la República del Paraguay.
Fuente: http://www.cej.org.py/index.php/leyes
