DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN LEY Nº 1.879/02

LEY Nº 1.879/02 DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN
EL CONGRESO DE LA NACIÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE LEY
TITULO I
DEL ARBITRAJE
CAPITULO IDISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°.- Ámbito de aplicación. La presente ley se aplicará al arbitraje privado, nacional e internacional, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados suscritos y ratificados por la República del Paraguay.Las disposiciones de la presente ley se aplicarán únicamente si el lugar del arbitraje se encuentra en el territorio nacional. Lo dispuesto en los Artículos 11, 20 y 44 al 48 se aplicará aun cuando el lugar del arbitraje se encuentre fuera del territorio nacional.Artículo 2°.- Objeto de arbitraje. Toda cuestión transigible y de contenido patrimonial podrá ser sometida a arbitraje siempre que sobre la cuestión no hubiese recaído sentencia definitiva firme y ejecutoriada. No podrán ser objeto de arbitraje aquellas en las cuales se requiera la intervención del Ministerio Público.El Estado, las entidades descentralizadas, las autárquicas y las empresas públicas, así como las municipalidades, podrán someter al arbitraje sus diferencias con los particulares, sean nacionales o extranjeros, siempre que surjan de actos jurídicos o contratos regidos por el derecho privado.Artículo 3°.- Definiciones. A los efectos de la presente ley, se entenderá por:a) Acuerdo de arbitraje: el pacto por el cual las partes deciden someter a arbitraje todas o ciertas controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una determinada relación jurídica, sea o no contractual. El acuerdo de arbitraje podrá adoptar la forma de una cláusula compromisoria incluida en un contrato o la forma de acuerdo independiente.b) Arbitraje: a cualquier procedimiento arbitral, con independencia de que sea o no una institución arbitral permanente la que haya de administrarlo.c) Arbitraje internacional: aquel en el cual:1. las partes en un acuerdo de arbitraje tienen, al momento de la celebración de ese acuerdo, sus establecimientos en estados diferentes; o2. el lugar del cumplimiento de una parte sustancial de las obligaciones de la relación comercial o el lugar con el cual el objeto de litigio tenga una relación más estrecha, esté situado fuera del Estado en el que las partes tienen sus establecimientos.A los efectos de este artículo:i) si alguna de las partes tiene más de un establecimiento, el establecimiento a ser tenido en cuenta será el que guarde una relación más estrecha con el acuerdo de arbitraje;ii) si una parte no tiene ningún establecimiento, se tomará en cuenta su residencia habitual.d) Tribunal arbitral: el integrado por árbitro o árbitros designados por las partes para decidir una controversia.e) Costas: los honorarios del tribunal arbitral; los gastos de viaje y demás expensas realizadas por los árbitros; costos de la asesoría pericial o de cualquier otra asistencia requerida por el tribunal arbitral; gastos de viaje y otras expensas realizadas por los testigos, siempre que sean aprobados por el tribunal arbitral; costos de representación y asistencia legal de la parte vencedora si las partes acordaron el reclamo de dicho costo durante el procedimiento arbitral y sólo en la medida en que el tribunal arbitral decida que el monto es razonable; y retribuciones y gastos de la institución que haya designado a los árbitros.Artículo 4°.- Reglas de interpretación. Cuando una disposición de la presente ley:a) deje a las partes la facultad de decidir libremente sobre un asunto, esa facultad entraña la de autorizar a un tercero, incluida una institución, a que adopte esa decisión, excepto en los casos previstos por el Artículo 32.b) se refiera a un acuerdo que las partes hayan celebrado o que puedan celebrar o cuando, en cualquier otra forma, se refiera a un acuerdo entre las partes, se entenderán comprendidas en ese acuerdo todas las disposiciones del reglamento de arbitraje a que dicho acuerdo remita.c) se refiera a la demanda, se aplicará también a la reconvención, y cuando se refiera a la contestación de la demanda, se aplicará asimismo a la contestación de la reconvención, excepto en los casos previstos en el inciso a) del Artículo 28 y el Inciso b) numeral 1 del Artículo 37; sin perjuicio de la decisión de los árbitros sobre su competencia para conocer de la demanda y de la reconvención.Artículo 5°.- Recepción de comunicaciones escritas. Salvo acuerdo en contrario de las partes:a) se considerará recibida toda comunicación escrita que haya sido entregada personalmente al destinatario, o que haya sido entregada en su establecimiento o residencia habitual o en el domicilio especial constituido por las partes.b) la comunicación se considerará recibida el día en que se haya realizado tal entrega.Las disposiciones de este artículo no se aplican a las comunicaciones efectuadas en un procedimiento ante un tribunal judicial.Artículo 6°.- Cómputo de plazos. Para los fines del cómputo de plazos establecidos en la presente ley, dichos plazos comenzarán a correr desde el día siguiente a aquél en que se reciba una notificación, nota, comunicación o propuesta.Si el último día de ese plazo es feriado oficial o no hábil en el lugar de residencia o establecimiento de los negocios del destinatario, dicho plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente.Los demás días feriados oficiales o no laborables que ocurran durante el transcurso del plazo, se incluirán en el cómputo del plazo.Artículo 7°.- Renuncia al derecho a objetar. Se considerará que la parte ha renunciado al derecho de objetar cuando, conociendo que no se ha cumplido alguna disposición de la presente ley o algún requisito del acuerdo de arbitraje, no exprese su objeción a tal incumplimiento dentro del plazo estipulado. Si las partes no hubiesen estipulado plazo para tal efecto, éste será de cinco días hábiles, a contar del día siguiente al momento en que se tomó conocimiento del hecho.Artículo 8°.- Improcedencia de la intervención del órgano judicial. Salvo disposición en contrario, en los asuntos que se rijan por la presente ley, no procederá la intervención judicial.Artículo 9°.- Autoridad para el cumplimiento de determinadas funciones de asistencia y supervisión durante el arbitraje. Cuando se requiera la intervención judicial será competente para conocer el Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de turno del lugar donde se lleve a cabo el arbitraje.Cuando el lugar del arbitraje se encuentre fuera del territorio nacional, conocerá del reconocimiento y de la ejecución del laudo el Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de turno del domicilio del ejecutado o, en su defecto, el de la ubicación de los bienes.CAPITULO IIACUERDO DE ARBITRAJEArtículo 10.- Forma del acuerdo de arbitraje. El acuerdo de arbitraje deberá constar por escrito. Se entenderá que el acuerdo es escrito cuando esté consignado en un documento firmado por las partes o en un intercambio de cartas o telegramas colacionados, en los que conste dicho acuerdo; o en un intercambio de escritos de demanda y contestación en los que la existencia de un acuerdo y sus términos, sea afirmada por una parte sin ser negada por otra. La referencia hecha en un contrato a un documento que contiene una cláusula compromisoria constituye acuerdo de arbitraje siempre que el contrato conste por escrito y la referencia implique que esa cláusula forma parte del contrato.Artículo 11.- Acuerdo de arbitraje y demanda en cuanto al fondo ante un juez. El Juez al cual se someta un litigio sobre un asunto que es objeto de un acuerdo de arbitraje remitirá a las partes al arbitraje si lo solicita cualquiera de ellas, a más tardar, al presentarse el primer escrito sobre el fondo del litigio, a menos que se compruebe que dicho acuerdo es nulo, ineficaz o de ejecución imposible.Si se ha entablado la acción judicial a que se refiere el párrafo anterior, se podrá, no obstante, iniciar o proseguir las actuaciones arbitrales y dictar un laudo mientras la cuestión esté pendiente ante el juez, siempre que las partes antes de dictarse el laudo desistan de la instancia.CAPITULO IIICOMPOSICIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRALArtículo 12.- Número de árbitros. Las partes podrán determinar libremente el número de árbitros, el cual deberá ser impar. A falta de tal acuerdo, los árbitros serán tres.Artículo 13.- Nombramiento de los árbitros. Para el nombramiento de árbitros se estará a lo siguiente:a) salvo acuerdo en contrario de las partes, ni la nacionalidad ni el domicilio serán obstáculos para el nombramiento de los árbitros. Para el ejercicio de su función los árbitros extranjeros serán admitidos al país como extranjeros no residentes, por el plazo de seis meses, pudiendo éste ser prorrogado por períodos similares y percibirán remuneración por las tareas desempeñadas.b) sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos d) y e) del presente artículo, las partes podrán acordar libremente el procedimiento para el nombramiento del árbitro o los árbitros.c) A falta de tal acuerdo:1. en el arbitraje con tres árbitros, cada parte nombrará un árbitro y los dos árbitros designados nombrarán al tercero; si una parte no nombra al árbitro dentro de los treinta días del recibo de un requerimiento de la otra parte para que lo haga, o si los dos árbitros no consiguen ponerse de acuerdo sobre el tercer árbitro dentro de los treinta días, contados desde su nombramiento, la designación será hecha por el juez, a petición de cualquiera de las partes, en el plazo de siete días. El tercer árbitro presidirá el tribunal arbitral.2. en el arbitraje con árbitro único, si las partes no consiguen ponerse de acuerdo sobre la designación del árbitro, éste será nombrado, a petición de cualquiera de las partes, por el juez, en el mismo plazo señalado en el párrafo anterior.d) cuando en un procedimiento de nombramiento convenido por las partes, una de ellas no actúe conforme a lo estipulado en dicho procedimiento, o las partes o dos árbitros no puedan llegar a un acuerdo conforme al mencionado procedimiento, o bien, un tercero, incluida una institución, no cumpla alguna función que se le confiera en dicho procedimiento, cualquiera de las partes podrá solicitar al juez que haga cumplir lo convenido por las partes adoptando las medidas necesarias, en el plazo de siete días, a menos que en el acuerdo sobre el procedimiento de nombramiento se prevean otros medios para conseguirlo.e) toda decisión sobre las cuestiones encomendadas al juez en los Incisos c) o d) del presente artículo será inapelable.f) al nombrar un árbitro, el juez tendrá en cuenta las condiciones requeridas estipuladas entre las partes para un árbitro por el acuerdo y tomará las medidas necesarias para garantizar el nombramiento de un árbitro independiente e imparcial. Cuando se trate de un arbitraje internacional y el árbitro sea único o se trate del tercer árbitro, el juez tendrá en cuenta asimismo la conveniencia de nombrar un árbitro de nacionalidad distinta a la de las partes.Artículo 14.- Motivos de recusación. La persona a quien se comunique su posible nombramiento como árbitro deberá revelar todas las circunstancias que puedan dar lugar a dudas justificadas acerca de su imparcialidad o independencia. El árbitro, desde el momento de su nombramiento y durante todas las actuaciones arbitrales, revelará sin demora tales circunstancias a las partes, a menos que ya les haya informado de ellas.Un árbitro sólo podrá ser recusado si existen circunstancias que den lugar a dudas justificadas respecto de su imparcialidad o independencia, o si no posee las calificaciones convenidas por las partes. Una parte sólo podrá recusar al árbitro nombrado por ella o en cuyo nombramiento haya participado, por causas que haya tenido conocimiento después de efectuada la designación.Artículo 15.- Procedimiento de recusación. Las partes podrán acordar libremente el procedimiento de recusación de los árbitros.A falta de tal acuerdo, la parte que desee recusar a un árbitro enviará al tribunal arbitral, dentro de los quince días siguientes a aquel en que tenga conocimiento de la constitución del tribunal arbitral o de cualquiera de las circunstancias mencionadas en el Artículo 14 de esta ley, un escrito en el que exponga los motivos para la recusación. A menos que el árbitro recusado renuncie a su cargo o que la otra parte acepte la recusación, corresponderá al tribunal arbitral decidir sobre ésta.Si no prosperase la recusación incoada con arreglo al procedimiento acordado por las partes o en los términos del presente artículo, la parte recusante podrá pedir al juez, dentro de los quince días siguientes al recibo de la notificación de la decisión por la que se rechaza la recusación, que en el plazo de siete días resuelva sobre la procedencia de la recusación, decisión que será inapelable.Artículo 16.- Falta o imposibilidad de ejercicio de las funciones. Cuando un árbitro se vea impedido de jure o de facto en el ejercicio de sus funciones o por otros motivos no las ejerza dentro de un plazo de treinta días, cesará en su cargo si renuncia o si las partes acuerdan su remoción. De lo contrario, si subsiste un desacuerdo respecto a cualquiera de esos motivos, cualquiera de las partes podrá solicitar del juez una resolución que declare la cesación en el ejercicio de sus funciones, resolución que será dictada en el plazo de siete días y que será inapelable.Artículo 17.- Suplentes de árbitros. Por el mismo procedimiento y en la misma oportunidad que se designen los árbitros que integrarán el tribunal arbitral, las partes podrán designar igual número de suplentes de árbitros, quienes sustituirán a aquéllos cuando por cualquier motivo dejen de ejercer sus funciones.Los requisitos para ser suplente de árbitro serán los mismos que para ser designado árbitro.Los suplentes de árbitros no percibirán remuneración alguna mientras no substituyan al titular.Artículo 18.- Arbitro sustituto. Si las partes no hubieran procedido de acuerdo con lo que dispone el Artículo 17, cuando por cualquier motivo deje de ejercer sus funciones un árbitro, procederán a designar un árbitro sustituto, conforme al mismo procedimiento por el que se designó al árbitro que se ha de reemplazar.CAPITULO IVCOMPETENCIA DEL TRIBUNAL ARBITRALArtículo 19.- Facultad del tribunal arbitral para decidir acerca de su competencia. El tribunal arbitral estará facultado para decidir acerca de su propia competencia, incluso sobre las excepciones relativas a la existencia o a la validez del acuerdo de arbitraje. A ese efecto, una cláusula compromisoria que forme parte de un contrato se considerará como un acuerdo independiente de las demás estipulaciones del contrato. La decisión del tribunal arbitral de que el contrato es nulo no entrañará ipso jure la nulidad de la cláusula compromisoria.La excepción de incompetencia del tribunal arbitral deberá oponerse a más tardar en el momento de presentar la contestación de la demanda. Las partes no se verán impedidas de oponer la excepción por el hecho de que hayan designado a un árbitro o participado en su designación. La excepción basada en que el tribunal arbitral ha excedido su mandato deberá oponerse tan pronto como se plantee durante las actuaciones arbitrales la materia que supuestamente exceda su mandato. El tribunal arbitral podrá, en cualquiera de los casos, estimar una excepción presentada más tarde si considera justificada la demora.El tribunal arbitral podrá decidir las excepciones a que se hace referencia en el presente artículo como cuestión previa o en un laudo sobre el fondo. Si, como cuestión previa, el tribunal arbitral se declara competente, cualquiera de las partes, dentro de los treinta días siguientes al recibo de la notificación de esa decisión, podrá solicitar al juez que resuelva la cuestión, el cual deberá hacerlo en el plazo de siete días, siendo la resolución inapelable.Mientras esté pendiente dicha solicitud, el tribunal arbitral podrá proseguir sus actuaciones, pero no podrá dictar un laudo.Artículo 20.- Facultad del tribunal arbitral de ordenar medidas cautelares provisionales. Salvo acuerdo en contrario de las partes, el tribunal arbitral podrá, a petición de una de ellas, ordenar la adopción de las medidas cautelares provisionales que estime necesarias respecto del objeto del litigio. El tribunal arbitral exigirá al peticionante una contracautela apropiada con relación a esas medidas.Las medidas cautelares dispuestas por el tribunal arbitral serán efectivizadas por orden judicial adoptada inaudita parte dentro de tercero día de solicitado por dicho tribunal.Antes de la constitución del tribunal arbitral las medidas cautelares provisionales serán peticionadas al Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial y resueltas por él. Las medidas cautelares provisionales concedidas judicialmente caducarán dentro de los siete días de haberse constituido el Tribunal Arbitral; pudiendo éste confirmarlas, levantarlas o modificarlas, desde el mismo momento de su constitución.CAPITULO VSUSTANCIACIÓN DE LAS ACTUACIONES ARBITRALESArtículo 21.- Trato equitativo a las partes. Deberá tratarse a las partes con igualdad y darse a cada una de ellas plena oportunidad de hacer valer sus derechos.Artículo 22.- Determinación del procedimiento. Con sujeción a las disposiciones de la presente ley, las partes tendrán libertad para convenir el procedimiento a que se haya de ajustar el tribunal arbitral en sus actuaciones.A falta de acuerdo, el tribunal arbitral podrá, con sujeción a lo dispuesto en la presente ley y noticia a las partes, dirigir el arbitraje del modo que considere apropiado. Esta facultad conferida al tribunal arbitral incluye la de determinar la admisibilidad, la pertinencia y el valor de las pruebas.Artículo 23.- Lugar del arbitraje. Las partes podrán determinar libremente el lugar del arbitraje. En caso de no haber acuerdo al respecto, el tribunal arbitral determinará el lugar del arbitraje, atendidas las circunstancias del caso, inclusive la conveniencia de las partes.Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo precedente, el tribunal arbitral podrá, salvo acuerdo en contrario de las partes, reunirse en cualquier lugar que estime apropiado para celebrar deliberaciones entre sus miembros, para oír a los testigos, a los peritos o a las partes, o para examinar mercancías u otros bienes o documentos.Artículo 24.- Iniciación de las actuaciones arbitrales. Salvo que las partes hayan convenido otra cosa, las actuaciones arbitrales respecto de una determinada controversia se iniciarán en la fecha en que el demandado haya recibido el requerimiento de someter esa controversia a arbitraje.Artículo 25.- Idioma. Las partes podrán acordar libremente el idioma o los idiomas que hayan de utilizarse en las actuaciones arbitrales. A falta de tal acuerdo, el tribunal arbitral determinará el idioma o los idiomas que hayan de emplearse en las actuaciones. Este acuerdo o esta determinación será aplicable, salvo que en los mismos se haya especificado otra cosa, a todos los escritos de las partes, a todas las audiencias, y a cualquier laudo, decisión o comunicación de otra índole que emita el tribunal arbitral.El tribunal arbitral podrá ordenar que cualquier prueba documental vaya acompañada de una traducción al idioma o los idiomas convenidos por las partes o determinados por el tribunal arbitral.Artículo 26.- Demanda y contestación. Dentro del plazo convenido por las partes o determinado por el tribunal arbitral, el demandante deberá expresar los hechos en que se funda la demanda, los puntos controvertidos y las pretensiones de la demanda, y el demandado deberá responder a los extremos alegados en la demanda, a menos que las partes hayan acordado otra cosa respecto de los elementos que la demanda y la contestación deban necesariamente contener. Las partes deberán presentar, al formular sus alegaciones, todos los documentos que consideren pertinentes o hacer referencia a los documentos u otras pruebas que vayan a presentar.Salvo acuerdo en contrario de las partes, en el curso de las actuaciones arbitrales cualquiera de las partes podrá modificar o ampliar su demanda o contestación, a menos que el tribunal arbitral considere improcedente dicha alteración en razón de la demora con que se ha hecho.Artículo 27.- Audiencias y actuaciones por escrito. Salvo acuerdo en contrario de las partes, el tribunal arbitral decidirá si han de celebrarse audiencias para la presentación de pruebas o para alegatos orales, o si las actuaciones se sustanciarán sobre la base de documentos y demás pruebas.Deberá notificarse a las partes con suficiente antelación la celebración de las audiencias y las reuniones del tribunal arbitral para examinar mercancías u otros bienes o documentos.De todas las declaraciones, documentos probatorios, peritajes o demás informaciones que una de las partes suministre al tribunal arbitral se dará traslado a la otra parte.Artículo 28.- Rebeldía de una de las partes. Salvo acuerdo en contrario de las partes cuando, sin invocar y acreditar causa suficiente:a) el demandante no presente su demanda dentro del plazo señalado en el Artículo 26, el tribunal arbitral dará por terminadas las actuaciones.b) el demandado no presente su contestación dentro del plazo señalado en el Artículo 26, el tribunal arbitral continuará las actuaciones, sin que esa omisión se considere por sí misma como una aceptación de las alegaciones del demandante.c) una de las partes no comparezca a una audiencia, no ofrezca pruebas o no presente pruebas documentales, el tribunal arbitral podrá continuar las actuaciones y dictar el laudo basándose en las pruebas de que disponga.Artículo 29.- Nombramiento de peritos por el tribunal arbitral. Salvo acuerdo en contrario de las partes, el tribunal arbitral podrá nombrar uno o más peritos para que le informen sobre materias técnicas o científicas determinadas, concretas y solicitar a cualquiera de las partes que suministre al perito o le presente para su inspección o le proporcione acceso a todos los documentos, mercancías u otros bienes pertinentes.Artículo 30.- Obligación del perito posterior al dictamen. Salvo acuerdo en contrario de las partes, cuando una de ellas lo solicite o cuando el tribunal arbitral lo considere necesario, el perito, después de la presentación de su dictamen escrito u oral, deberá participar en una audiencia en la que las partes tendrán oportunidad de hacerle preguntas y de presentar peritos para que informen sobre los puntos controvertidos.Artículo 31.- Asistencia del juez para la práctica de pruebas. El tribunal arbitral o cualquiera de las partes con la aprobación del tribunal arbitral podrá pedir la asistencia del juez competente para la práctica de pruebas, quien deberá resolver tal solicitud en el plazo de siete días. El juez podrá atender dicha solicitud dentro del ámbito de su competencia y de conformidad con las normas que le sean aplicables sobre medios de prueba.CAPITULO VIPRONUNCIAMIENTO DEL LAUDO Y FINALIZACIÓN DE LAS ACTUACIONESArtículo 32.- Normas aplicables al fondo del litigio. El tribunal arbitral decidirá el litigio de conformidad con las normas de derecho elegidas por las partes como aplicables al fondo del litigio. Se entenderá que toda indicación del derecho u ordenamiento jurídico de un estado determinado se refiere, a menos que se exprese lo contrario, al derecho sustantivo de ese estado y no a sus normas de conflicto de leyes.Si las partes no indicaran la ley aplicable, el tribunal arbitral aplicará la ley que determinen las normas de conflicto de leyes que estime aplicables.El tribunal arbitral decidirá en equidad sólo si las partes le han autorizado expresamente a hacerlo así. En el arbitraje de equidad, o de amigable composición, los árbitros no se encuentran obligados a resolver en base a las normas de derecho, sino que pueden hacerlo "en conciencia" o "según su leal saber y entender".En todos los casos, el tribunal decidirá con arreglo a las estipulaciones del contrato y tendrá en cuenta los usos mercantiles aplicables al caso.Artículo 33.- Adopción de decisiones cuando haya más de un árbitro. En las actuaciones arbitrales en las cuales haya más de un árbitro, toda decisión del tribunal arbitral se adoptará, salvo acuerdo en contrario de las partes, por mayoría de votos de todos los miembros. Sin embargo, el árbitro presidente podrá decidir cuestiones de procedimiento, si así lo autorizan las partes o todos los miembros del tribunal.Artículo 34.- Transacción y acuerdo conciliatorio. Si durante las actuaciones arbitrales, las partes llegan a una transacción o a un acuerdo conciliatorio que resuelva el litigio, el tribunal arbitral dictará un laudo o sentencia arbitral, en el que los homologará.El laudo en los términos convenidos se dictará con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 36 y se hará constar en él que se trata de un laudo. Este laudo tiene la misma naturaleza y efecto que cualquier otro laudo dictado sobre el fondo del litigio.Las transacciones y acuerdos conciliatorios homologados por un tribunal arbitral, tendrán autoridad de cosa juzgada.Artículo 35.- Suspensión de las actuaciones. Las partes tienen el derecho, en cualquier momento antes de dictarse el laudo, de decidir de común acuerdo suspender por un plazo cierto y determinado las actuaciones arbitrales.Artículo 36.- Forma y contenido del laudo o sentencia arbitral. El laudo o sentencia arbitral se dictará por escrito y será firmado por el árbitro o los árbitros.En actuaciones arbitrales con más de un árbitro bastarán las firmas de la mayoría de los miembros del tribunal arbitral, siempre que se deje constancia de las razones de la falta de una o más firmas.El laudo del tribunal arbitral deberá ser fundado, a menos que las partes hayan convenido otra cosa o que se trate de un laudo pronunciado en los términos convenidos por las partes conforme al Artículo 34.Constarán en el laudo la fecha en que ha sido dictado y el lugar del arbitraje determinado de conformidad con el Artículo 23. El laudo se considerará dictado en ese lugar.Después de dictado el laudo, el tribunal lo notificará a cada una de las partes mediante entrega de una copia firmada por los árbitros de conformidad con el presente artículo.Artículo 37.- Conclusión de las actuaciones. Las actuaciones arbitrales terminan:a) con el laudo o sentencia arbitral.b) por disposición del tribunal arbitral, cuando:1. el demandante desista de su demanda, a menos que el demandado se oponga a ello y el tribunal arbitral reconozca un legítimo interés de su parte en obtener una solución definitiva del litigio. Dicha terminación impedirá al demandante reiniciar en el futuro el mismo proceso arbitral.2. las partes acuerden dar por terminadas las actuaciones.3. el tribunal arbitral compruebe que la prosecución de las actuaciones resultaría innecesaria o imposible.El tribunal arbitral cesará en sus funciones al terminar las actuaciones arbitrales, salvo lo dispuesto en los Artículos 38, 39 y 43 de esta ley.Artículo 38.- Corrección e interpretación del laudo arbitral y laudo adicional. Dentro de los quince días siguientes a la recepción del laudo, salvo que las partes hayan acordado otro plazo, cualquiera de las partes podrá, con notificación a la otra, pedir al tribunal arbitral:1. Que corrija en el laudo cualquier error de cálculo, de copia o tipográfico o cualquier otro error de naturaleza similar. El tribunal arbitral podrá corregir cualquiera de los errores mencionados por su propia iniciativa, dentro de los quince días siguientes a la fecha del laudo.2. Si así lo acuerdan las partes, dé una interpretación sobre un punto o una parte concreta del laudo.Si el tribunal arbitral lo estima justificado, efectuará la corrección o dará la interpretación dentro de los quince días siguientes a la recepción de la solicitud. La interpretación formará parte del laudo.Artículo 39.- Laudo arbitral adicional. Salvo acuerdo en contrario de las partes, dentro de los quince días siguientes a la recepción del laudo, cualquiera de las partes, con notificación a la otra parte, podrá pedir al tribunal arbitral que dicte un laudo adicional respecto de reclamaciones formuladas en las actuaciones arbitrales, pero omitidas en el laudo. Si el tribunal arbitral estima justificado el requerimiento, dictará el laudo adicional dentro de treinta días.El tribunal arbitral podrá prorrogar, de ser necesario, el plazo en el cual efectuará una corrección, dará una interpretación o dictará un laudo adicional con arreglo a lo dispuesto en el párrafo anterior o en el Artículo 38 de la presente ley.Lo dispuesto en el Artículo 36 se aplicará a las correcciones o interpretaciones del laudo o a los laudos adicionales.CAPITULO VIIIMPUGNACIÓN DEL LAUDO O SENTENCIA ARBITRALArtículo 40.- El recurso de nulidad. Contra un laudo arbitral sólo podrá recurrirse ante el Tribunal de Apelaciones en lo Civil y Comercial con competencia territorial sobre el lugar donde se hubiera dictado el laudo, mediante el recurso de nulidad, conforme al presente capítulo.Los laudos arbitrales sólo podrán ser anulados cuando:a) la parte que interpone la petición pruebe que: 1. Una de las partes en el acuerdo de arbitraje estaba afectada por alguna incapacidad, o que dicho acuerdo no es válido en virtud de la ley a que las partes lo han sometido, o si nada se hubiese indicado a ese respecto, en virtud de la legislación paraguaya;2. No ha sido debidamente notificada de la designación de un árbitro o de las actuaciones arbitrales o no ha podido, por cualquier otra razón, hacer valer sus derechos;3. El laudo se refiere a una controversia no prevista en el acuerdo de arbitraje o contiene decisiones que exceden los términos del acuerdo de arbitraje; no obstante, si las disposiciones del laudo que se refieren a las cuestiones sometidas al arbitraje pueden separarse de las que no lo están, sólo se podrán anular estas últimas; o4. La composición del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se han ajustado al acuerdo entre las partes, salvo que dicho acuerdo estuviera en conflicto con una disposición de esta ley de la que las partes no pudieran apartarse o, a falta de dicho acuerdo, que no se han ajustado a esta ley; o,b) El tribunal compruebe que, según la ley paraguaya, el objeto de la controversia no es susceptible de arbitraje o que el laudo es contrario al orden público internacional o del Estado paraguayo.Artículo 41.- Plazo. El recurso de nulidad deberá ser interpuesto dentro de un plazo de quince días, contados a partir de la fecha de la notificación del laudo o sentencia arbitral o si la petición se ha hecho con arreglo a los Artículos 38 y 39, desde la fecha en que esa petición haya sido resuelta por el tribunal arbitral.Artículo 42.- Procedimiento de la nulidad. El que planteara la nulidad deberá fundarla clara y concretamente en los hechos y en el derecho, y ofrecer toda la prueba de que intente valerse. La prueba documental deberá acompañarla con el escrito, y si no la tuviese deberá individualizarla indicando su contenido, el lugar, archivo, oficina pública o persona en cuyo poder se encuentre.El tribunal dará traslado por cinco días a las partes, quienes al contestarlo deberán ofrecer sus pruebas, procediendo con la documental del modo indicado por el párrafo anterior. El traslado se notificará por cédula dentro de tercero día de dictada la providencia que lo ordenare.Vencido el plazo, haya o no contestación, el tribunal abrirá el recurso a prueba, por no más de diez días, cuando la nulidad se refiera a cuestiones de hecho. En caso contrario resolverá sin más trámite, en el plazo de diez días.La prueba pericial, si correspondiere, se llevará a cabo por un solo perito designado por el tribunal. No se admitirán más de tres testigos por cada parte, y las declaraciones no podrán recibirse fuera de la sede del tribunal, cualquiera fuera el domicilio de aquellos.Contestado el traslado o vencido el plazo sin que ninguna de las partes hubiera ofrecido prueba, o recibida la prueba, el tribunal resolverá la nulidad planteada, sin más trámite, en el plazo de diez días.Contra las resoluciones de trámite o de fondo, que emita el tribunal en la substanciación del recurso de nulidad, no cabe recurso alguno.Artículo 43.- Suspensión del trámite de nulidad. El Tribunal de Apelaciones, cuando se le solicite la anulación de un laudo, podrá suspender las actuaciones de nulidad, cuando corresponda y así lo solicite una de las partes, por un plazo que determine a fin de dar al tribunal arbitral la oportunidad de reanudar las actuaciones arbitrales o de adoptar cualquier otra medida que a juicio del tribunal arbitral elimine los motivos para la petición de nulidad. En este caso, se aplicarán, en lo que sea compatible, las normas contenidas en el Artículo 38.CAPITULO VIIIRECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LOS LAUDOS ARBITRALESArtículo 44.- Normas aplicables al reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales extranjeros. Los laudos arbitrales extranjeros serán reconocidos y ejecutados en el país, de conformidad con los tratados ratificados por la República del Paraguay sobre reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales.En el caso de que más de un tratado internacional sea aplicable, salvo acuerdo en contrario entre las partes, se aplicará el más favorable a la parte que solicite el reconocimiento y ejecución de un convenio y laudo arbitral.En defecto de la aplicabilidad de cualquier tratado o convención internacional, los laudos extranjeros serán reconocidos y ejecutados en la República de conformidad a las normas de la presente ley y las disposiciones específicas de este capítulo.Artículo 45.- Reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales. Un laudo arbitral, cualquiera sea el Estado en el cual se haya dictado, será reconocido como vinculante y, tras la presentación de una petición por escrito al órgano judicial competente, será ejecutado de conformidad a las disposiciones del presente capítulo. Será competente, a opción de la parte que pide el reconocimiento y ejecución del laudo, el Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de turno del domicilio de la persona contra quien se intente ejecutar el laudo, o, en su defecto el de la ubicación de los bienes.La parte que invoque un laudo o pida su ejecución deberá presentar el original del laudo debidamente autenticado o copia debidamente certificada del mismo, y el original del acuerdo de arbitraje a que se refiere el Artículo 10 o copia debidamente certificada del mismo. Si el laudo o el acuerdo no estuvieran redactados en español, la parte que lo invoca deberá presentar una traducción oficial a este idioma por un traductor oficial.Artículo 46.- Motivos para denegar el reconocimiento o la ejecución. Sólo se podrá denegar el reconocimiento o la ejecución de un laudo arbitral, cualquiera sea el Estado en que se haya dictado, cuando:a) la parte contra la cual se invoca el laudo, pruebe ante el juez competente que:1. una de las partes en el acuerdo de arbitraje a que se refiere el Artículo 10 estaba afectada por alguna incapacidad, o que dicho acuerdo no es válido en virtud de la ley a que las partes lo han sometido, o si nada se hubiera indicado a ese respecto, en virtud de la ley del Estado en que se haya dictado el laudo.2. no ha sido debidamente notificada de la designación de un árbitro o de las actuaciones arbitrales o no ha podido, por cualquier otra razón, hacer valer sus derechos.3. el laudo se refiere a una controversia no prevista en el acuerdo de arbitraje o contiene decisiones que exceden los términos del acuerdo de arbitraje. No obstante, si las disposiciones del laudo que se refieren a las cuestiones sometidas al arbitraje pueden separarse de las que no lo están, se podrá dar reconocimiento y ejecución a las primeras.4. la composición del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se ajustaron al acuerdo celebrado entre las partes o, en defecto de tal acuerdo, que no se ajustaron a la ley del Estado donde se efectuó el arbitraje.5. el laudo no es aún obligatorio para las partes o ha sido anulado o suspendido por un juez del Estado en que, o conforme a cuyo derecho, ha sido dictado ese laudo.b) cuando el juez compruebe que, según la legislación paraguaya, el objeto de la controversia no es susceptible de arbitraje; o que el reconocimiento o la ejecución del laudo serían contrarios al orden público internacional o del Estado paraguayo.Artículo 47.- Aplazamiento de la resolución y requerimiento de garantías. Si se solicitó a un juez del Estado en que conforme a su derecho fue dictado el laudo arbitral, su nulidad o suspensión, el juez al que se solicite el reconocimiento o la ejecución del laudo podrá, si lo considera procedente, aplazar su resolución, y a instancia de la parte que solicita el reconocimiento o la ejecución del laudo, podrá también ordenar a la otra parte que otorgue garantías suficientes.Artículo 48.- Procedimiento. Promovido el reconocimiento y ejecución de un laudo o sentencia arbitral, el juez correrá traslado a la persona condenada por el laudo, por el plazo de cinco días, debiendo notificársele por cédula.El condenado sólo podrá oponerse a la ejecución planteada, con base a las causales establecidas en el Artículo 46, ofreciendo toda la prueba de que intentare valerse. La prueba documental deberá acompañarla con el escrito, y si no la tuviese deberá individualizarla indicando su contenido, el lugar, archivo, oficina pública o persona en cuyo poder se encuentre.Si no concurriere ninguna de dichas causales, el juez en el plazo de cinco días dictará auto resolviendo la ejecución, ordenando el requerimiento del obligado y el embargo de bienes en su caso.En caso de oposición, se aplicarán las normas de los incidentes previstos en el Código Procesal Civil, en lo pertinente.La resolución sobre el reconocimiento y ejecución del laudo no será objeto de recurso alguno. Si se dispusiese la ejecución del laudo solicitado, ésta se tramitará conforme a las disposiciones legales sobre ejecución de sentencias nacionales previstas en el Código Procesal Civil.CAPITULO IXDE LAS COSTASArtículo 49.- Acuerdo sobre costas. Las partes tienen facultad de adoptar, ya sea directamente o por referencia a un reglamento de arbitraje, reglas relativas a las costas del arbitraje. A falta de acuerdo entre las partes, se aplicarán las disposiciones del presente capítulo.Artículo 50.- Cuantía. Los honorarios del tribunal arbitral serán de un monto razonable, teniendo en cuenta el monto de la disputa, la complejidad del tema, el tiempo dedicado por los árbitros y cualesquiera otras circunstancias pertinentes del caso. Los honorarios de cada árbitro se indicarán por separado y los fijará el propio tribunal arbitral.Artículo 51.- Oportunidad de la fijación. Salvo pacto en contrario de las partes, cuando el tribunal arbitral dicte una orden de conclusión del procedimiento arbitral o un laudo en los términos convenidos por las partes, fijará las costas del arbitraje en el texto de esa orden o laudo.El tribunal arbitral no podrá cobrar honorarios adicionales por la interpretación, rectificación, por completar su laudo o dictar un laudo adicional.Artículo 52.- Depósito de las costas. Una vez constituido, el tribunal arbitral requerirá a cada una de las partes que deposite una suma igual, para responder a los honorarios de los integrantes del tribunal arbitral, gastos de viaje y demás expensas, y del costo de asesoría pericial o de cualquier otra asistencia requerida por el tribunal arbitral.En el curso de las actuaciones, el tribunal arbitral podrá requerir depósitos adicionales de las partes.Si transcurridos treinta días desde la comunicación del requerimiento del tribunal arbitral los depósitos requeridos no se han abonado en su totalidad, el tribunal arbitral informará de este hecho a las partes a fin de que se efectúe el depósito requerido. Si este depósito no se efectúa, el tribunal arbitral podrá ordenar la suspensión o la conclusión del procedimiento de arbitraje.Una vez dictado el laudo, el tribunal arbitral entregará a las partes un estado de cuenta de los depósitos recibidos y les reembolsará todo saldo no utilizado.TITULO IIDE LA MEDIACIÓNCAPITULO IDISPOSICIONES GENERALESArtículo 53.- Definición. La mediación es un mecanismo voluntario orientado a la resolución de conflictos, a través del cual dos o más personas gestionan por sí mismas la solución amistosa de sus diferencias, con la asistencia de un tercero neutral y calificado, denominado mediador.Artículo 54.- Asuntos mediables. Podrán ser objeto de mediación todos los asuntos que deriven de una relación contractual u otro tipo de relación jurídica, o se vinculen a ella, siempre que dichos asuntos sean susceptibles de transacción, conciliación o arbitraje.Artículo 55.- Efectos de la audiencia de mediación. Si antes de sustanciarse la audiencia de conciliación prevista en las normas procesales las partes decidieran recurrir a la mediación, el informe escrito del mediador o del Centro de Mediación en el que exprese que las partes han concurrido al menos a una audiencia de mediación, tendrá los mismos efectos legales que la audiencia de conciliación establecida en dichas normas procesales.Artículo 56.- Momento. La audiencia de mediación podrá realizarse en cualquier momento antes de la promoción de una demanda, o en cualquier estado del juicio antes de dictada la sentencia definitiva con autoridad de cosa juzgada.Artículo 57.- Confidencialidad. La mediación tendrá carácter confidencial. Los que en ella participen deberán mantener la debida reserva y las fórmulas de acuerdo que se propongan no incidirán en el juicio, si tuviera lugar. El mediador no podrá ser llamado como testigo o en otro carácter en ningún juicio posterior entre las mismas partes o por el mismo objeto.Articulo 58.- Solicitud. Las partes podrán recurrir conjunta o separadamente a la mediación, mediante la presentación de una solicitud escrita al mediador que elijan o al Centro de Mediación que determinen.Artículo 59.- Trámite. Salvo pacto en contrario de las partes, dentro del plazo de cinco días hábiles siguientes a la presentación de una solicitud de mediación, el centro nombrará el o los mediadores y convocará a las partes en fecha y hora determinadas para efectuar la sesión de mediación.Artículo 60.- Acuerdos. En el transcurso de las audiencias el mediador colaborará con las partes para determinar con claridad los hechos alegados, así como las posiciones y los intereses en que se fundan, para elaborar conjuntamente las fórmulas de avenimiento que podrán o no ser aprobadas por las partes interesadas.Las partes colaborarán de buena fe con el mediador y, en particular, se esforzarán en cumplir solicitudes de éste y asistir a las audiencias cuando éstas fueran convocadas.Artículo 61.- Efectos. El acuerdo de mediación obliga a las partes desde el momento que ellas y el mediador suscriban el acta de mediación que lo documente, y tendrá los efectos de cosa juzgada desde el momento en que el juez competente lo homologue.Si el acuerdo de mediación tuviera lugar existiendo un juicio pendiente, será competente para homologarlo el juez de la causa, y la homologación producirá además el efecto de terminar el proceso.Si el acuerdo de mediación fuera parcial, se dejará constancia de ello en el acta de mediación y las partes podrán discutir en juicio las diferencias no mediadas.Artículo 62.- Terminación. El trámite de la mediación concluye por:a) la suscripción de un acta de mediación que contenga el acuerdo alcanzado por las partes según lo previsto en el Artículo 61.b) la suscripción de un acta por medio de la cual el mediador y las partes dejan constancia de la imposibilidad de alcanzar una mediación.c) la certificación expedida por el centro ante el cual se presentó la solicitud de mediación, en el sentido de que existió imposibilidad de celebrar la audiencia por la ausencia de una o más de las partes citadas a la audiencia.CAPITULO IICENTROS DE MEDIACIÓNArtículo 63.- Centros de Mediación. Los Centros de Mediación serán organismos dotados de los elementos administrativos y técnicos necesarios para servir de apoyo al trámite de las mediaciones y para la capacitación de los mediadores.Artículo 64.- Copias Autenticadas. Los Centros de Mediación deberán organizar y mantener un registro de actas que contengan los acuerdos logrados, y las que contengan la constancia de no haberse podido obtener acuerdo entre las partes, y podrán expedir copias autenticadas de las mismas a las partes.CAPITULO IIIEL MEDIADORArtículo 65.- Requisitos. El mediador deberá ser persona de reconocida honorabilidad, capacitación e imparcialidad y su labor será la de dirigir libremente el trámite de la mediación, guiado por los principios de imparcialidad, equidad y justicia.Como requisito previo al ejercicio de sus funciones el mediador deberá participar de un curso de capacitación especial dictado por un Centro de Mediación.Artículo 66.- Inhabilidades. Quien actúe como mediador quedará inhabilitado para intervenir en cualquier proceso judicial o arbitral relacionado con el conflicto objeto de la mediación, ya sea como árbitro, testigo, perito, asesor o apoderado de una de las partes, o en cualquier otro carácter.Los Centros de Mediación no podrán intervenir en casos en los cuales se encuentren directamente interesados su directiva o sus funcionarios.Artículo 67.- Excusación y recusación. La persona a quien se comunique su posible nombramiento como mediador deberá revelar todas las circunstancias que puedan dar lugar a dudas justificadas acerca de su imparcialidad o independencia. El mediador, desde el momento de su nombramiento y durante la mediación, revelará sin demora tales circunstancias a las partes, a menos que ya les haya informado de ellas. Un mediador podrá ser recusado si existen circunstancias que den lugar a dudas justificadas respecto de su imparcialidad o independencia. La parte que desee recusar a un mediador enviará al Centro de Mediación, dentro de los tres días siguientes a aquel en que tenga conocimiento del nombramiento del mediador, un escrito en el que exponga los motivos para la recusación. A menos que el mediador recusado renuncie a su cargo o que la otra parte acepte la recusación, corresponderá al Centro de Mediación decidir sobre ésta. El Director del Centro decidirá sobre ellas.TITULO IIIDISPOSICIONES FINALES Y DEROGATORIASArtículo 68.- Procesos arbitrales en trámite. Los procedimientos arbitrales pendientes al entrar en vigor esta ley se tramitarán y resolverán de conformidad con lo dispuesto en el Libro V "Del Proceso Arbitral" de la Ley N° 1337 del 4 de noviembre de 1988 "Código Procesal Civil".Artículo 69.- Derogación de disposiciones legales. Quedan derogadas las siguientes disposiciones legales:1. Artículos 774 a 835 del Libro V "Del Proceso Arbitral" de la Ley N° 1337 del 4 de noviembre de 1988 "Código Procesal Civil".2. Artículo 536 de la Ley N° 1337 del 4 de noviembre de 1988 "Código Procesal Civil".3. En general, todas aquellas disposiciones legales o reglamentarias que se opongan a la presente ley.Artículo 70.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.Aprobado el Proyecto de Ley por la Honorable Cámara de Diputados, a un día del mes de noviembre del año dos mil uno, y por la Honorable Cámara de Senadores, a once días del mes de abril del año dos mil dos, quedando sancionado el mismo, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 207, numeral 1 de la Constitución Nacional.Juan Darío Monges Espínola Juan Roque Galeano VillalbaPresidente PresidenteH. Cámara de Diputados H. Cámara de SenadoresJuan José Vázquez Vázquez Nidia Ofelia Flores CoronelSecretario Parlamentario Secretaria ParlamentariaAsunción, 24 de abril de 2002Téngase por Ley de la República, publíquese e insértese en el Registro Oficial.El Presidente de la RepúblicaLuis Ángel González MacchiDiego Abente BrunMinistro de Justicia y Trabajo

http://www.derechoune.galeon.com/aficiones1272650.html

Código de la Niñez y Adolescencia Ley N° 1.680/01

LEY N° 1.680/01 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

EL CONGRESO DE LA NACIÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE LEY

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°.- DEL OBJETO DE ESTE CÓDIGO: Este Código establece y regula los derechos, garantías y deberes del niño y del adolescente, conforme a lo dispuesto en la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño, los instrumentos internacionales sobre la protección de los derechos humanos aprobados y ratificados por el Paraguay, y las leyes.Modificado por el artículo 4 de la Ley Nº 2.169/03

Artículo 2°.- DE LA PRESUNCIÓN DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA O ADULTEZ: En caso de duda sobre la edad de una persona, se presumirá cuanto sigue:a) entre niño o adolescente, la condición de niño; yb) entre adolescente y adulto, la condición de adolescente.Se entenderá por adulto la persona que haya cumplido dieciocho años y hasta alcanzar la mayoría de edad.

Artículo 3°.- DEL PRINCIPIO DEL INTERÉS SUPERIOR: Toda medida que se adopte respecto al niño o adolescente, estará fundada en su interés superior. Este principio estará dirigido a asegurar el desarrollo integral del niño o adolescente, así como el ejercicio y disfrute pleno de sus derechos y garantías.Para determinar el interés superior o prevaleciente se respetarán sus vínculos familiares, su educación y su origen étnico, religioso, cultural y lingüístico. Se atenderá además la opinión del mismo, el equilibrio entre sus derechos y deberes, así como su condición de persona en desarrollo.

Artículo 4°.- DE LA RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA: Los padres biológicos y adoptivos, o quienes tengan niños o adolescentes bajo su guarda o custodia, y las demás personas mencionadas en el Artículo 258 del Código Civil, tienen la obligación de garantizar al niño o adolescente su desarrollo armónico e integral, y a protegerlo contra el abandono, la desnutrición, la violencia, el abuso y la explotación. Cuando esta obligación no fuere cumplida, el Estado está obligado a cumplirla subsidiariamente.Cualquier persona puede requerir a la autoridad competente que exija a los obligados principales y al Estado el cumplimiento de sus obligaciones.

Artículo 5°.- DE LA OBLIGACIÓN DE DENUNCIAR: Toda persona que tenga conocimiento de una violación a los derechos y garantías del niño o adolescente, debe comunicarla inmediatamente a la Consejería Municipal por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (CODENI) o, en su defecto, al Ministerio Público o al Defensor Público.El deber de denunciar incumbe en especial a las personas que en su calidad de trabajadores de la salud, educadores, docentes o de profesionales de otra especialidad desempeñen tareas de guarda, educación o atención de niños o adolescentes.Al recibir la información, la Consejería Municipal por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (CODENI), el Ministerio Público y el Defensor Público adoptarán las medidas correspondientes, que les competen.

Artículo 6°.- DE LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO O ADOLESCENTE: Las instituciones de salud y las de educación exhibirán en lugares públicos y visibles los datos concernientes a personas o instituciones a la que podrá recurrir el niño, sus padres, tutores o responsables en los casos mencionados anteriormente.

Artículo 7°.- DEL EJERCICIO DE LOS DERECHOS: El ejercicio de los derechos y la efectividad de las garantías consagrados en este Código, se materializarán a través del sistema de administración de justicia especializada establecido en el presente Código.

Artículo 8°.- DEL DERECHO A LA FAMILIA: El niño o adolescente tiene derecho a vivir y desarrollarse en su familia, y en caso de falta o insuficiencia de recursos materiales de sus familiares, el derecho a que el Estado los provea.Queda prohibido separar al niño o adolescente de su grupo familiar, o disponer la suspensión o pérdida de la patria potestad invocando la falta o insuficiencia de recursos.

LIBRO I

DE LOS DERECHOS Y DEBERESTITULO ÚNICOCAPITULO IDE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO Y DE LOS PARTICULARES

Artículo 9°.- DE LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS POR NACER: La protección de las personas por nacer se ejerce mediante la atención a la embarazada desde la concepción y hasta los cuarenta y cinco días posteriores al parto.Estarán obligadas a ella el progenitor y, en ausencia de éste, aquellas personas para quienes este Código establece la responsabilidad subsidiaria.Artículo 10.- DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO: Será responsabilidad del Estado:a) atender a la mujer embarazada insolvente, a la que se proveerá de alojamiento, alimentación y medicamentos necesarios;b) atender a la embarazada indígena, en el marco del más amplio respeto a su cultura;c) elaborar planes de atención especializada para la protección de la adolescente embarazada; y,d) promover la lactancia materna.La mujer embarazada será sujeto de las medidas de asistencia establecidas en este artículo, aún cuando el niño naciere muerto o muriese durante el periodo neonatal.

Artículo 11.- DE LA OBLIGACIÓN DE LA ATENCIÓN MÉDICA: Cualquier mujer embarazada que requiera urgente atención médica, será atendida en la institución de salud más cercana del lugar donde se encuentre.La insolvencia del requirente o la falta de cama u otros medios de la Institución requerida, no podrá ser invocada por la institución de salud para referir o rechazar a la mujer embarazada en trabajo de parto o que requiera urgente atención médica, sin antes recibir el tratamiento de emergencia inicial.La insolvencia y la urgencia del caso no implicarán discriminación en cuanto a su cuidado y asistencia en relación con los demás pacientes.Artículo 12.- DE LA PROHIBICIÓN DE RETENER AL RECIÉN NACIDO: En ningún caso y por ningún motivo, la falta de pago de los servicios médicos puede ameritar la retención del niño o la madre en el centro hospitalario donde se hubiere producido el alumbramiento.

Artículo 13.- DEL DERECHO A LA SALUD: El niño o adolescente tiene derecho a la atención de su salud física y mental, a recibir la asistencia médica necesaria y a acceder en igualdad de condiciones a los servicios y acciones de promoción, información, protección, diagnóstico precoz, tratamiento oportuno y recuperación de la salud.Si fuese niño o adolescente perteneciente a un grupo étnico o a una comunidad indígena, serán respetados los usos y costumbres médico-sanitarios vigentes en su comunidad, toda vez que no constituyan peligro para la vida e integridad física y mental de éstos o de terceros.En las situaciones de urgencia, los médicos están obligados a brindarles la asistencia profesional necesaria, la que no puede ser negada o eludida por ninguna razón.

Artículo 14.- DEL DERECHO A LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA: El Estado, con la activa participación de la sociedad y especialmente la de los padres y familiares, garantizará servicios y programas de salud y educación sexual integral del niño y del adolescente, que tiene derecho a ser informado y educado de acuerdo con su desarrollo, a su cultura y valores familiares.Los servicios y programas para adolescentes deberán contemplar el secreto profesional, el libre consentimiento y el desarrollo integral de su personalidad respetando el derecho y la obligación de los padres o tutores.

Artículo 15.- DE LOS PROGRAMAS DE SALUD PÚBLICA: El Estado proveerá gratuitamente asistencia médica y odontológica, las medicinas, prótesis y otros elementos necesarios para el tratamiento, habilitación o rehabilitación del niño o adolescente de escasos recursos económicos.

Artículo 16.- DEL DERECHO A LA PROTECCIÓN CONTRA SUSTANCIAS DAÑINAS, TABACO Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS: El Estado implementará programas permanentes de prevención del uso ilícito del tabaco, bebidas alcohólicas y sustancias estupefacientes o sicotrópicas. Implementará igualmente programas dirigidos a la recuperación del niño o adolescente dependientes de éstas sustancias.

Artículo 17.- DE LA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA ANTE EL PELIGRO DE MUERTE: Las Instituciones de Salud públicas o privadas, requerirán la correspondiente autorización de los padres, tutores o responsables cuando deban hospitalizar, intervenir quirúrgicamente o aplicar los tratamientos necesarios para preservar la vida o integridad del niño o adolescente.En caso de oposición del padre, la madre, los tutores o responsables por razones de índole cultural o religiosa, o en caso de ausencia de éstos, el profesional médico requerirá autorización judicial.Excepcionalmente, cuando un niño o adolescente deba ser intervenido quirúrgicamente de urgencia por hallarse en peligro de muerte, el profesional médico estará obligado a proceder como la ciencia lo indique, debiendo comunicar esta decisión al Juez de la Niñez y la Adolescencia de manera inmediata.

Artículo 18.- DEL DERECHO A LA IDENTIDAD: El niño y el adolescente tienen derecho a la nacionalidad paraguaya en las condiciones establecidas en la Constitución y en la Ley. Tienen igualmente derecho a un nombre que se inscribirá en los registros respectivos, a conocer y permanecer con sus padres y a promover ante la Justicia las investigaciones que sobre sus orígenes estimen necesarias.

Artículo 19.- DE LA OBLIGATORIEDAD DEL REGISTRO DE NACIMIENTO: El Estado preservará la identidad del niño y del adolescente.Las instituciones públicas o privadas de salud, según las normas del Código Sanitario, estarán obligadas a llevar un registro de los nacidos vivos en el que se dejará impresa la identificación dactilar de la madre y la identificación palmatocópica del recién nacido, además de los datos que correspondan a la naturaleza del documento. Un ejemplar de dicho registro se expedirá en forma gratuita a los efectos de su inscripción en el Registro Civil y otro ejemplar se remitirá a las autoridades sanitarias respectivas.El Estado proveerá gratuitamente a la madre la primera copia del Certificado de Nacimiento.

Artículo 20.- DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN: El niño y el adolescente tienen derecho a una educación que les garantice el desarrollo armónico e integral de su persona, y que les prepare para el ejercicio de la ciudadanía.

Artículo 21.- DEL SISTEMA EDUCATIVO: El sistema educativo garantizará al niño y al adolescente, en concordancia con lo dispuesto en la Ley General de Educación:a) el derecho a ser respetado por sus educadores;b) el derecho de organización y participación en entidades estudiantiles;c) la promoción y difusión de sus derechos;d) el acceso a escuelas públicas gratuitas cercanas a su residencia; y,e) el respeto a su dignidad.

Artículo 22.- DE LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES: El niño y el adolescente con discapacidad física, sensorial, intelectual o emocional, tienen derecho a recibir cuidados y atención adecuados, inmediatos y continuos, que contemplen estimulación temprana y tratamiento educativo especializado, tendiente a su rehabilitación e integración social y laboral, que le permitan valerse por sí mismos y participar de la vida de su comunidad en condiciones de dignidad e igualdad.En ningún caso se permitirá la discriminación o el aislamiento social de los afectados.

Artículo 23.- DE LA ATENCIÓN Y REHABILITACIÓN OBLIGATORIA: Es obligación del padre, la madre, el tutor o el responsable del niño o adolescente con necesidades especiales, acompañarlo cuantas veces resulte necesario a los institutos habilitados para prestarle servicios de atención y rehabilitación adecuados.La persona que esté en conocimiento de la existencia de un niño o adolescente con necesidades especiales que no reciba tratamiento, debe comunicarlo a las autoridades competentes.

Artículo 24.- DEL DERECHO A LA CULTURA Y AL DEPORTE: La Administración Central y los gobiernos departamentales y municipales, asignarán los recursos económicos y espacios físicos para programas culturales, deportivos y de recreación dirigidos al niño y adolescente.

Artículo 25.- DEL DERECHO DEL NIÑO Y ADOLESCENTE A SER PROTEGIDOS CONTRA TODA FORMA DE EXPLOTACIÓN: El niño y el adolescente tienen derecho a estar protegidos contra toda forma de explotación y contra el desempeño de cualquier actividad que pueda ser peligrosa o entorpezca su educación, o sea nociva para su salud o para su desarrollo armónico e integral.

Artículo 26.- DEL DERECHO DE PETICIÓN: El niño y el adolescente tienen derecho a presentar y dirigir peticiones por sí mismos, ante cualquier entidad o funcionario público, sobre los asuntos de la competencia de éstos y a obtener respuesta oportuna.

Artículo 27.- DEL SECRETO DE LAS ACTUACIONES: Las autoridades y funcionarios que intervengan en la investigación y decisión de asuntos judiciales o administrativos relativos al niño o adolescente, están obligados a guardar secreto sobre los casos en que intervengan y conozcan, los que se considerarán siempre como rigurosamente confidenciales y reservados. La violación de esta norma será sancionada conforme a la legislación penal.

Artículo 28.- DE LAS EXCEPCIONES DEL SECRETO: El niño o adolescente, sus padres, tutores, representantes legales, los defensores, así como las instituciones debidamente acreditadas que realicen investigaciones con fines científicos y quienes demuestren tener interés legítimo, tendrán acceso a las actuaciones y expedientes relativos al niño o adolescente, debiéndose resguardar su identidad cuando corresponda.

Artículo 29.- DE LA PROHIBICIÓN DE LA PUBLICACIÓN: Queda prohibido publicar por la prensa escrita, radial, televisiva o por cualquier otro medio de comunicación, los nombres, las fotografías o los datos que posibiliten identificar al niño o adolescente, víctima o supuesto autor de hechos punibles. Los que infrinjan esta prohibición serán sancionados según las previsiones de la ley penal.

Artículo 30.- DE LOS DEBERES DEL NIÑO O ADOLESCENTE: Los niños y adolescentes respetarán, conforme al grado de su desarrollo, las leyes y el medio ambiente natural, así como las condiciones ecológicas del entorno en que viven. Además tienen la obligación de obedecer a su padre, madre, tutor o responsable, y de prestar la ayuda comunitaria en las condiciones establecidas en la ley.

CAPITULO II

DE LA PREVENCIÓN A LAS TRANSGRESIONES A LOS DERECHOS Y DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL NIÑO O ADOLESCENTE

Artículo 31.- DE LA PROHIBICIÓN DE UTILIZAR AL NIÑO O ADOLESCENTE EN EL COMERCIO SEXUAL: Queda prohibida la utilización del niño o adolescente en actividades de comercio sexual y en la elaboración, producción o distribución de publicaciones pornográficas.Queda también prohibido dar o tolerar el acceso de niños y adolescentes a la exhibición de publicaciones o espectáculos pornográficos.La consideración de las circunstancias prohibidas por este artículo se hará en base a lo dispuesto por el Artículo 4° inciso 3° del Código Penal, y su tipificación y penalización conforme al Capítulo respectivo de la parte especial del mismo cuerpo legal.

Artículo 32.- DE LOS ARTÍCULOS DE VENTA PROHIBIDA: Se prohíbe la venta o suministro al niño o adolescente de:a) armas, municiones y explosivos;b) bebidas alcohólicas, tabaco y otros productos cuyos componentes puedan causar dependencia física o psíquica aun cuando sea por utilización indebida;c) fuegos de estampido o de artificio;d) revistas y materiales pornográficos;e) video juegos clasificados como nocivos para su desarrollo integral; y,f) Internet libre o no filtrado.Este deberá estar protegido por mecanismos de seguridad cuyo control estará a cargo de la Consejería Municipal por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (CODENI).

Artículo 33.- DE LAS RESTRICCIONES PARA LAS CASAS DE JUEGO Y LOCALES HABILITADOS PARA NIÑOS O ADOLESCENTES: Queda prohibido el ingreso de niños o adolescentes a casas de juego.Queda prohibida la exhibición en locales habilitados para niños o adolescentes de videos que inciten a cometer actos tipificados como hechos punibles en el Código Penal.La Consejería Municipal por los Derechos del Niño, y Adolescente (CODENI) deberá establecer un sistema de clasificación de los locales afectados por este artículo y ejercerá sobre los mismos el control respectivo a dicho efecto.

Artículo 34.- DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y APOYO: Cuando el niño o el adolescente se encuentre en situaciones que señalan la necesidad de protección o apoyo, se aplicarán las siguientes medidas de protección y apoyo:a) la advertencia al padre, a la madre, al tutor o responsable;b) la orientación al niño o adolescente y a su grupo familiar;c) el acompañamiento temporario al niño o adolescente y a su grupo familiar;d) la incorporación del niño en un establecimiento de educación escolar básica y la obligación de asistencia;e) el tratamiento médico y psicológico;f) en caso de emergencia, la provisión material para el sostenimiento del niño o adolescente;g) el abrigo;h) la ubicación del niño o adolescente en una familia sustituta; e,i) la ubicación del niño o adolescente en un hogar.Las medidas de protección y apoyo señaladas en este artículo pueden ser ordenadas separada o conjuntamente. Además, pueden ser cambiadas o sustituidas, si el bien del niño o adolescente lo requiere.Las medidas de protección y apoyo serán ordenadas por la Consejería Municipal por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (CODENI). En caso de una medida señalada en los incisos g) al i) de este artículo, la orden requerirá autorización judicial.

Artículo 35.- DEL ABRIGO: El abrigo consiste en la ubicación del niño o adolescente en una entidad destinada a su protección y cuidado. La medida es excepcional y provisoria, y se ordena solo, cuando ella es destinada y necesaria para preparar la aplicación de una medida señalada en el Artículo 35, incisos h) e i) de este Código.

Artículo 36.- DE LAS INSTITUCIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN: Las medidas señaladas en el Artículo 34, incisos g) al i), se cumplirán en entidades idóneas para prestar al niño o adolescente la atención adecuada para su protección y promoción.Dichas entidades deberán inscribirse en la Secretaría Nacional de la Niñez y en cuanto tengan relaciones con la adopción, también en el Centro de Adopciones.

LIBRO II

DE LAS POLÍTICAS DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIATITULO IDEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZCAPITULO IDISPOSICIONES GENERALES

Artículo 37°.- DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL: Créase el Sistema Nacional de Protección y Promoción Integral a la Niñez y Adolescencia, en adelante "El Sistema", competente para preparar y supervisar la ejecución de la política nacional destinada a garantizar la plena vigencia de los derechos del niño y del adolescente.El Sistema regulará e integrará los programas y acciones a nivel nacional, departamental y municipal.

Artículo 38.- DE LOS RECURSOS: El Sistema será financiado con recursos previstos en el Presupuesto General de la Nación y en los respectivos Presupuestos Departamentales y Municipales.

Artículo 39.- DE LA CREACIÓN DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA. Créase la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia, en adelante "La Secretaría", con rango ministerial, dependiente del Poder Ejecutivo.La Secretaría Nacional de la Niñez estará a cargo de un Secretario Ejecutivo, de comprobada experiencia en la materia, el cual será nombrado por el Poder Ejecutivo.

Artículo 40.- DE LAS ATRIBUCIONES DEL SECRETARIO EJECUTIVO. El Secretario Ejecutivo tendrá las siguientes funciones y atribuciones:a) presidir el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia;b) contratar, previa autorización del Presidente de la República y, en su caso, con aprobación de ambas Cámaras del Congreso, préstamos con entidades nacionales o extranjeras, con las formalidades y limitaciones establecidas en la legislación vigente;c) administrar los bienes y recursos de la Secretaría, así como los provenientes de los convenios que celebre la Secretaría, aplicándolos al cumplimiento de los programas específicos de dichos convenios;d) contratar y despedir al personal;e) conferir competencias específicas a funcionarios de la Institución, en el marco de los fines de la Secretaría;f) dictar todas las resoluciones que sean necesarias para la consecución de los fines de la Secretaría, pudiendo establecer los reglamentos internos necesarios para su funcionamiento; y,g) elaborar el anteproyecto de presupuesto anual de la Secretaría.

Artículo 41.- DE LAS FUNCIONES DE LA SECRETARIA: Son funciones de la Secretaría:a) cumplir con las políticas elaboradas por el Sistema;b) poner en ejecución los planes y programas preparados por la Secretaría;c) conformar el Consejo Nacional e impulsar la de los consejos departamentales y municipales de la niñez y la adolescencia;d) facilitar el relacionamiento y la coordinación entre los distintos consejos que integrarán el Sistema;e) gestionar asistencia técnica y financiera de instituciones nacionales, extranjeras e internacionales;f) autorizar, registrar y fiscalizar el funcionamiento de las entidades de abrigo; y,g) registrar los organismos no gubernamentales dedicados a la problemática de la niñez y la adolescencia.

CAPÍTULO II

DEL CONSEJO NACIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

Artículo 42.- DE SU CONSTITUCIÓN E INTEGRACIÓN: El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, en adelante "el Consejo Nacional", será convocado por el Secretario Ejecutivo y estará integrado por un representante de:a) la Secretaría Nacional de la Niñez y Adolescencia;b) el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social;c) el Ministerio de Educación y Cultura;d) los organismos no gubernamentales de bien público y sin fines de lucro de cobertura nacional;e) el Ministerio de Justicia y Trabajo;f) el Ministerio Público;g) el Ministerio de la Defensa Pública; y,h) los Consejos Departamentales.Los integrantes del Consejo Nacional no percibirán remuneración alguna por el ejercicio de esta función.El Consejo Nacional fijará su domicilio en la ciudad de Asunción.

Artículo 43.- DE SUS FUNCIONES: El Consejo Nacional ejercerá las siguientes funciones:a) formular políticas para la promoción, atención y protección de los derechos del Niño y Adolescente;b) aprobar y supervisar los planes y programas específicos elaborados por la Secretaría; y,c) dictar su reglamento interno.

CAPITULO III

DE LOS CONSEJOS DEPARTAMENTALES DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

Artículo 44.- DE SU CONSTITUCIÓN E INTEGRACIÓN: El Consejo Departamental de la Niñez y Adolescencia estará integrado en cada Departamento por un representante de:a) el Gobernador;b) la junta departamental;c) los respectivos Secretarios Departamentales de Salud y Educación;d) las organizaciones no gubernamentales de bien público y sin fines de lucro del departamento, que realicen acciones dirigidas a los sujetos de este Código;e) las organizaciones de niños del departamento; y,f) los Consejos Municipales.Los integrantes del Consejo Departamental no percibirán remuneración alguna por el ejercicio de esta función y se reunirán cuando el Gobernador lo convoque.Fijará su domicilio en la Capital del departamento.

Artículo 45.- DE SUS FUNCIONES: El Consejo departamental tendrá las siguientes funciones:a) aprobar los planes y programas para el departamento y apoyar la ejecución de los mismos;b) apoyar a las municipalidades del Departamento para la ejecución de los programas respectivos; y,c) dictar su reglamento.

CAPITULO IV

DEL CONSEJO MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

Artículo 46.- DE SU CONSTITUCIÓN E INTEGRACIÓN: El Consejo Municipal de la Niñez y Adolescencia estará integrado en cada Municipio por un representante de:a) el Intendente;b) la junta municipal;c) las organizaciones no gubernamentales de bien público y sin fines de lucro del municipio, que realicen acciones dirigidas a los sujetos de este Código;d) las comisiones vecinales o comisiones de fomento del municipio; y,e) las organizaciones de niños.Los integrantes del Consejo Municipal no percibirán remuneración alguna por el ejercicio de esta función y se reunirán cuando el Intendente lo convoque.Fijarán su domicilio dentro del radio del municipio.

Artículo 47.- DE SUS FUNCIONES: El Consejo Municipal de la Niñez y Adolescencia tendrá las siguientes funciones:a) orientar prioritariamente sus gestiones al desarrollo de programas de atención directa y de promoción integral de los derechos del niño y adolescente en su municipio;b) coordinar los programas y acciones emprendidas por las instituciones públicas y con las instituciones privadas orientadas a los niños y adolescentes;c) proponer a la municipalidad el presupuesto anual de los programas de la oficina dirigidos a la niñez y la adolescencia; y,d) dictar su reglamento interno.

CAPITULO V

DE LAS CONSEJERIAS MUNICIPALES POR LOS DERECHOS DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE

Artículo 48.- DE SUS FINES: Corresponderá a la Consejería Municipal por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (CODENI) prestar servicio permanente y gratuito de protección, promoción y defensa de los derechos del niño y del adolescente. No tendrá carácter jurisdiccional.

Artículo 49.- DE SU INTEGRACIÓN: La Consejería Municipal por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (CODENI) estará a cargo de un Director y se integrará con profesionales abogados, psicólogos, trabajadores sociales y de otras disciplinas y personas del lugar, de reconocida trayectoria en la prestación de servicios a su comunidad.Las municipalidades determinarán la creación de estas oficinas según sus necesidades y la disponibilidad de sus recursos humanos y materiales.En los municipios en donde no estén creadas estas oficinas, la intendencia cumplirá las funciones establecidas en el Artículo 50 incisos c) y e) y el Artículo 57 de este Código.

Artículo 50.- DE SUS ATRIBUCIONES: Serán atribuciones de la Consejería Municipal por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (CODENI):a) intervenir preventivamente en caso de amenaza a transgresión de los derechos del niño o adolescente, siempre que no exista intervención jurisdiccional, brindando una alternativa de resolución de conflictos;b) brindar orientación especializada a la familia para prevenir situaciones críticas;c) habilitar a entidades públicas y privadas dedicadas a desarrollar programas de abrigo, y clausurarlas en casos justificados;d) derivar a la autoridad judicial los casos de su competencia;e) llevar un registro del niño y el adolescente que realizan actividades económicas, a fin de impulsar programas de protección y apoyo a las familias;f) apoyar la ejecución de medidas alternativas a la privación de libertad;g) coordinar con las entidades de formación profesional programas de capacitación de los adolescentes trabajadores; y,h) proveer servicios de salas maternales, guarderías y jardines de infantes para la atención del niño cuyo padre o madre trabaje fuera del hogar.

Artículo 51.- DE LA REVISIÓN DE LAS DECISIONES: Las decisiones de la Consejería Municipal por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (CODENI) referidas en el inciso a) del artículo anterior, podrán ser revisadas por la autoridad judicial a pedido de los padres, tutores o responsables del niño o adolescente.El Juez de la Niñez y la Adolescencia de la jurisdicción que corresponda, podrá revocar las decisiones de la Consejería Municipal por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (CODENI), relativas al inciso c) del artículo anterior.TITULO IIDE LA PROTECCIÓN A LOS ADOLESCENTES TRABAJADORESCAPITULO IDE LAS DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 52.- DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN: Este Capítulo ampara:a) al adolescente que trabaja por cuenta propia;b) al adolescente que trabaja por cuenta ajena; y,c) al niño que se ocupa del trabajo familiar no remunerado.

Artículo 53.- DE LAS GARANTÍAS EN EL TRABAJO: El Estado confiere al adolescente que trabaja las siguientes garantías:a) de derechos laborales de prevención de la salud;b) de derechos individuales de libertad, respeto y dignidad;c) de ser sometido periódicamente a examen médico;d) de acceso y asistencia a la escuela en turnos compatibles con sus intereses y atendiendo a sus particularidades locales;e) de horario especial de trabajo;f) de organización y participación en organizaciones de trabajadores;g) de trabajo protegido al adolescente con necesidades especiales, conforme a las normas internacionales y nacionales; y,h) de capacitación a través de asistencia a programas especiales de capacitación para el trabajo y de orientación vocacional.

Artículo 54.- DE LOS TRABAJOS PROHIBIDOS: Queda prohibido el trabajo del adolescente, sin perjuicio de lo establecido en el Código del Trabajo:a) en cualquier lugar subterráneo o bajo agua;b) en otras actividades peligrosas o nocivas para su salud física, mental o moral.

Artículo 55.- DEL REGISTRO DEL TRABAJADOR: La Consejería Municipal por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (CODENI) deberá llevar un registro especial del adolescente trabajador.

Artículo 56.- DE LOS DATOS DEL REGISTRO: En el registro deberán constar los siguientes datos:a) nombre y apellido del adolescente;b) nombre y apellido de su padre, madre, tutor o responsables;c) fecha y lugar de nacimiento;d) dirección y lugar de residencia del adolescente;e) labor que desempeña;f) remuneración;g) horario de trabajo; y,h) escuela a la que asiste y horario de clases.La Consejería Municipal por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (CODENI) proveerá al adolescente que trabaja una constancia en la que se consignen los mismos datos del registro.

Artículo 57.- DE LA COMUNICACIÓN DEL TRABAJO DE ADOLESCENTES: La Consejería Municipal por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (CODENI) proveerá a la autoridad regional del trabajo que corresponda, los datos del registro de los trabajadores adolescentes, para el correspondiente control del cumplimiento de las normas de protección laboral.

CAPITULO II

DEL ADOLESCENTE TRABAJADOR POR CUENTA AJENA

Artículo 58.- DEL HORARIO DE TRABAJO: El adolescente trabajador que haya cumplido catorce años y hasta cumplir los dieciséis años no podrá trabajar más de cuatro horas diarias ni veinte y cuatro horas semanales.El adolescente trabajador de dieciséis años hasta cumplir los dieciocho años no podrá trabajar más de seis horas diarias ni treinta y seis semanales.Para los trabajadores que todavía asistan a instituciones educativas, las horas diarias de trabajo quedarán reducidas a cuatro.El adolescente trabajador que haya cumplido catorce años y hasta cumplir los dieciocho años no será empleado durante la noche en un intervalo de diez horas, que comprenderá entre las veinte a las seis horas.

Artículo 59.- DEL LUGAR DEL TRABAJO: El adolescente trabajador podrá ser enviado a trabajar en un lugar diferente para el cual fue contratado, siempre que el traslado no implique desarraigo familiar o pérdida de su escolaridad.

Artículo 60.- DEL REGISTRO A CARGO DEL EMPLEADOR: Los empleadores que ocupen a trabajadores adolescentes están obligados a llevar un registro en el que harán constar:a) su nombre y apellido, lugar y fecha de nacimiento, dirección y lugar de residencia del adolescente trabajador;b) nombres y apellidos del padre, madre, tutor o responsables y el domicilio de éstos.c) su fecha de ingreso, labor que desempeña, remuneración que percibe, horario de trabajo y número de inscripción del seguro social;d) centro educativo al que asiste, horario de clases; y,e) otros datos que consideren pertinente.El Ministerio de Justicia y Trabajo, en coordinación con la Consejería Municipal por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (CODENI) de cada municipio, debe reglar las formas y el control del registro.

Artículo 61.- DE LA OBLIGACIÓN DE INFORMAR SOBRE EL TRABAJO DEL ADOLESCENTE: Todo empleador está obligado a proporcionar la información que requieran el Ministerio de Justicia y Trabajo y la Consejería Municipal por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (CODENI), debiendo también registrar la contratación de los servicios de un adolescente, dentro de las setenta y dos horas.A este registro se debe acompañar copia del contrato de trabajo del adolescente y de su inscripción en el sistema de seguridad social.

Artículo 62.- DEL EMPLEO DE ADOLESCENTES CON NECESIDADES ESPECIALES: Los adolescentes con necesidades especiales no podrán ser discriminados laboral ni salarialmente.Los adolescentes con necesidades especiales idóneos para el ejercicio de las funciones que requiere un puesto de trabajo, deberán ser privilegiados en su admisión, por todo ente público.La Secretaría Nacional de la Niñez impulsará programas de incentivo para promover la contratación de adolescentes con necesidades especiales.

CAPITULO III

DEL ADOLESCENTE TRABAJADOR DOMESTICO

Artículo 63.- DE LAS OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR: El empleador está obligado a proporcionar al adolescente trabajador doméstico, sin retiro, una habitación independiente, cama, indumentaria y alimentación para el desempeño de sus labores. La habitación y el alimento no pueden ser considerados como parte del salario.El empleador debe inscribir al adolescente trabajador en el sistema de seguridad social.Artículo 64.- DE LA JORNADA DE TRABAJO DOMÉSTICO: La jornada máxima de trabajo del adolescente trabajador doméstico será de seis horas diarias, con intervalos de descanso y de cuatro para quienes asistan a instituciones educativas.

Artículo 65.- DE LA ESCOLARIDAD OBLIGATORIA DEL ADOLESCENTE TRABAJADOR DOMÉSTICO: Los empleadores tienen la obligación de facilitar al adolescente trabajador doméstico la concurrencia a una institución educativa, a los efectos de recibir la educación escolar adecuada, sin deducir suma alguna de su remuneración.Artículo 66.- DE LA AUTORIZACIÓN DE LOS PADRES PARA EL TRABAJO DOMÉSTICO Y DEL TRASLADO: El adolescente trabajador debe contar con la autorización escrita de su padre, madre, tutor o representante, para prestar servicios domésticos. La misma será otorgada ante la Consejería Municipal por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (CODENI) del lugar de domicilio del adolescente.Si el adolescente debiera trasladarse de una localidad a otra, la Consejería Municipal por los Derechos del Niño, Niño y Adolescente (CODENI) del lugar de domicilio del adolescente, comunicará el hecho a la similar correspondiente del lugar de trabajo del adolescente.Artículo 67.- DE LA PROHIBICIÓN DE SALIR DEL PAÍS: Se prohíbe la contratación del adolescente para efectuar trabajos domésticos fuera del territorio nacional.Artículo 68.- En todo lo que no esté previsto en el presente Código para el trabajo de menores en relación de dependencia, se aplicarán las disposiciones del Código del Trabajo, sus modificaciones y las leyes laborales que fueren aplicables.

CAPITULO IV

DEL ADOLESCENTE TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA

Artículo 69.- DEL CONCEPTO: Se considera trabajador por cuenta propia, al adolescente que sin relación de dependencia realiza actividades que le generen lucro económico, aun cuando lo hiciere bajo el control de su padre, madre, tutores u otros responsables.Se aplicarán al adolescente trabajador por cuenta propia las disposiciones relativas a trabajos prohibidos.

LIBRO III

DE LAS INSTITUCIONES DE FAMILIATITULO IDE LA PATRIA POTESTADCAPÍTULO IDE LAS DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 70.- DEL EJERCICIO DE LA PATRIA POTESTAD: El padre y la madre ejercen la patria potestad sobre sus hijos en igualdad de condiciones. La patria potestad conlleva el derecho y la obligación principal de criar, alimentar, educar y orientar a sus hijos.Las cuestiones derivadas del ejercicio de la patria potestad serán resueltas por el Juzgado de la Niñez y la Adolescencia.En los lugares en donde no exista éste, el Juez de Paz de la localidad podrá ordenar las medidas de seguridad urgentes con carácter provisorio legisladas por este Código, con la obligación de remitir al Juez competente en el plazo de cuarenta y ocho horas todo lo actuado.

Artículo 71.- DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL PADRE Y DE LA MADRE: Quienes ejercen la patria potestad están obligados a prestar alimentos a sus hijos. La obligación de alimentar comprende proveerles lo necesario para la subsistencia, habitación y vestido, en condiciones no inferiores a las que disfrutan los obligados.La patria potestad implica además los siguientes deberes y derechos:a) velar por su desarrollo integral;b) proveer su sostenimiento y su educación;c) dirigir su proceso educativo y su capacitación para el trabajo conforme a su vocación y aptitudes;d) vivir con ellos;e) representarlos en los actos de la vida civil mientras no adquieran la capacidad y responsabilidad civil; y,f) administrar y usufructuar sus bienes, cuando los tuvieren.

Artículo 72.- DE LA SUSPENSIÓN DEL EJERCICIO DE LA PATRIA POTESTAD: Se suspenderá por declaración judicial el ejercicio de la patria potestad en los siguientes casos:a) por la interdicción del padre o de la madre, dictada por autoridad judicial competente;b) por ausencia del padre o de la madre, o de ambos declarada judicialmente;c) por hallarse el padre o la madre cumpliendo pena de prisión;d) por incumplimiento de sus deberes alimentarios teniendo los medios para cumplirlos;e) por violencia que perjudique la salud física o mental y la seguridad de los hijos, aun cuando sea ejercida a título de disciplina, y sin perjuicio de otras medidas acordes a la gravedad del hecho; y,f) por el incumplimiento de los demás deberes establecidos en el artículo anterior.

Artículo 73.- DE LA PÉRDIDA DE LA PATRIA POTESTAD: La patria potestad se perderá por declaración judicial en los siguientes casos:a) por haber sido condenado por la comisión de un hecho punible en perjuicio de su hijo;b) por haber fracasado el proceso de adaptación a la convivencia, en los casos en que se trate de hijos adoptivos;c) por acciones que causen grave daño físico, psíquico o mental a su hijo; y,d) por omisiones que, por su gravedad, pongan a su hijo en estado de abandono y peligro.

Artículo 74.- DE LA LEGITIMACIÓN PARA ACCIONAR: La Defensoría de la Niñez y la Adolescencia, los familiares hasta el tercer grado de consanguinidad o los terceros que demuestren interés legítimo, podrán demandar la suspensión o pérdida de la patria potestad en los casos establecidos en este Código. El niño o adolescente podrá reclamar en tal sentido ante la autoridad competente.

Artículo 75.- DE LA EXTINCIÓN DE LA PATRIA POTESTAD: La patria potestad se extinguirá:a) por la muerte de los padres o de los hijos;b) por llegar éstos a la mayoría de edad; y,c) por emancipación.

Artículo 76.- DE LA PATRIA POTESTAD EJERCIDA POR EL PADRE O LA MADRE: En caso de suspensión, pérdida o extinción de la patria potestad de uno de los padres, ésta será ejercida por el otro.

Artículo 77.- DE LA OBLIGACIÓN DEL PADRE Y DE LA MADRE: La suspensión o pérdida de la patria potestad no eximirá al padre y a la madre de sus obligaciones de asistencia a sus hijos.

Artículo 78.- DE LA DECLARACIÓN JUDICIAL DE PERDIDA DE LA PATRIA POTESTAD: La pérdida o suspensión de la patria potestad será declarada judicialmente, en procedimiento contradictorio, asegurándose al padre, a la madre y al hijo las garantías del debido proceso.

Artículo 79.- DE LA RESTITUCIÓN DE LA PATRIA POTESTAD: El padre o la madre a quien se le ha suspendido en el ejercicio de la patria potestad, podrá solicitar al Juzgado su restitución, cuando la causal que la motivó haya cesado. El Juez atenderá la solicitud conforme al interés superior del niño o adolescente.

Artículo 80.- DE LA PATRIA POTESTAD Y LA NULIDAD DE MATRIMONIO: La nulidad del matrimonio de los padres no afectará la patria potestad sobre sus hijos.

Artículo 81.- DE LA EXCEPCIÓN A LA REPRESENTACIÓN LEGAL DEL PADRE Y LA MADRE: En el caso de que el niño o adolescente haya sido víctima de un hecho punible y los padres no hubieren interpuesto la acción correspondiente, la víctima o la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia podrá denunciar el hecho ante la autoridad correspondiente.

CAPITULO II

DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES DE LA PATRIA POTESTAD

Artículo 82.- DEL DERECHO DE ADMINISTRACIÓN: La patria potestad comprende el derecho y la obligación de administrar y usufructuar los bienes del hijo.Artículo 83.- DE LAS EXCEPCIONES A LA ADMINISTRACIÓN: Se exceptúan del usufructo los bienes que adquiera el hijo en retribución de su empleo o servicio, trabajo o industria, aunque viva en la casa de los padres.Se tomará en consideración el monto de los bienes y la edad del niño o adolescente para excluir del usufructo cuando:a) los adquiera por caso fortuito;b) sean bienes donados o dejados por testamento al hijo cuando lo han sido bajo condición de que no los administren sus padres; y,c) los herede el hijo con motivo de la incapacidad del padre o la madre para ser heredero.

Artículo 84.- DE LA AUTORIZACIÓN JUDICIAL: Los padres no podrán, sin autorización del Juez de la Niñez y la Adolescencia de residencia del hijo, enajenar los inmuebles de su propiedad, ni constituir derechos reales, ni transferir los derechos que tenga su hijo sobre los bienes de otros, ni enajenar bienes que tengan en condominio con sus hijos.La petición será fundada y debidamente acreditada, y solo será concedida en atención al beneficio exclusivo del niño o adolescente, debiendo rendir cuenta en forma documentada en el plazo de sesenta días.

Artículo 85.- DE LA PROHIBICIÓN AL PADRE Y LA MADRE: El padre y la madre en ningún caso podrán convertirse en cesionarios de créditos, derechos o acciones contra sus hijos, a menos que las cesiones resulten de una subrogación legal.Tampoco podrán hacer remisión voluntaria de los derechos de sus hijos, ni hacer transacciones con ellos sobre sus derechos hereditarios, ni obligarles como fiadores propios o de terceros.

Artículo 86.- DE LA ENAJENACIÓN DE LOS SEMOVIENTES: El padre y la madre no podrán enajenar, sin autorización judicial, el ganado de que sean propietarios sus hijos, salvo aquel cuya venta es permitida a los usufructuarios de rebaños.

Artículo 87.- DE LA NULIDAD DE LOS ACTOS PROHIBIDOS: Los actos del padre y de la madre, contrarios a las prohibiciones establecidas en los artículos anteriores, son nulos de nulidad absoluta.

Artículo 88.- DE LOS ACREEDORES DEL PADRE Y DE LA MADRE: Los acreedores del padre y de la madre no pueden embargar las rentas del usufructo de los bienes de sus hijos.

Artículo 89.- DE LA PERDIDA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES: El padre y la madre podrán perder la administración de los bienes de sus hijos cuando:a) ella sea perjudicial para el patrimonio del mismo;b) se hallen en estado de cesación de pagos;c) se pruebe la ineptitud del padre o de la madre para administrarlos adecuadamente;d) sean privados de la patria potestad. Si lo fuesen por demencia, no perderán el derecho al usufructo de esos bienes; y,e) no rindan cuenta documentada ante el Juez de la Niñez y Adolescencia competente, de la administración o gestión realizada respecto de los bienes administrados.

Artículo 90.- DE LA REMOCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES: Si el padre o la madre fuere removido de la administración de los bienes del hijo, la misma pasará al otro. Cuando la remoción afecte a ambos, el Juez la encomendará a un tutor especial, quien entregará a los mismos el remanente de las rentas de estos bienes después de solventados los gastos de administración, de alimentos y educación del hijo.

Artículo 91.- DE LA ENTREGA DE LOS BIENES AL HIJO EMANCIPADO O MAYOR DE EDAD: Quien haya ejercido la patria potestad o administrado sus bienes, entregará al hijo emancipado o mayor de edad todos los bienes que le pertenezcan y rendirá cuenta de ella.

CAPITULO III

DE LA CONVIVENCIA Y DEL RELACIONAMIENTO

Artículo 92.- DE LA CONVIVENCIA FAMILIAR: El niño o adolescente tiene el derecho a la convivencia con sus padres, a menos que ella sea lesiva a su interés o conveniencia, lo cual será determinado por el Juez, conforme a derecho.En todos los casos de conflicto, el Juez deberá oír la opinión del niño o adolescente y valorarla teniendo en cuenta su madurez y grado de desarrollo.

Artículo 93.- DE LA CONTROVERSIA ENTRE EL PADRE Y LA MADRE: En caso de separación de los padres y de existir controversia sobre la tenencia del hijo, el Juez deberá oír la opinión del niño o adolescente y resolverá teniendo en cuenta la edad y el interés superior del mismo.En el caso del niño menor de cinco años de edad, éste debe quedar preferentemente a cargo de la madre. No obstante, los acuerdos establecidos entre los padres deberán ser considerados.

Artículo 94.- DE LA RESTITUCIÓN: En caso de que uno de los padres arrebate el hijo al otro, aquél puede pedir al Juez la restitución del mismo por medio del juicio de trámite sumarísimo establecido en este artículo, bajo declaración jurada de los hechos alegados.El Juzgado convocará a los padres a una audiencia, a llevarse a cabo en un plazo máximo de tres días, ordenando la presentación del niño o adolescente bajo apercibimiento de resolver la restitución del mismo al hogar donde convivía.Las partes concurrirán a la audiencia acompañado de sus testigos y demás instrumentos de prueba y el Juez resolverá sin más trámite, siendo la resolución recaída apelable sin efecto suspensivo.

Artículo 95.- DE LA REGULACIÓN JUDICIAL DEL RÉGIMEN DE RELACIONAMIENTO: A los efectos de garantizar el derecho del niño o adolescente a mantenerse vinculado con los demás miembros de su familia con los que no convive, cuando las circunstancias lo justifiquen será aplicable la regulación judicial.El régimen de relacionamiento establecido por el juzgado puede extenderse a los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, así como a terceros no parientes, cuando el interés del niño y sus necesidades así lo aconsejen.

Artículo 96.- DEL INCUMPLIMIENTO DEL RÉGIMEN DE RELACIONAMIENTO: El incumplimiento reiterado del relacionamiento establecido judicialmente, podrá originar la variación o cesación temporal del régimen de convivencia.

CAPITULO IV

DE LA ASISTENCIA ALIMENTICIA

Artículo 97.- DE LA OBLIGACIÓN DE PROPORCIONAR ASISTENCIA ALIMENTICIA: El padre y la madre del niño o adolescente, están obligados a proporcionarle alimentos suficientes y adecuados a su edad. La asistencia alimenticia incluye lo necesario para el sustento, habitación, vestido, educación, asistencia médica y recreación del niño o adolescente.La mujer embarazada podrá reclamar alimentos al padre del hijo. Los alimentos comprenden también la obligación de proporcionar a la madre los gastos que habrán de ocasionar el embarazo y el parto.En ningún caso el Juez dejará de pronunciarse sobre la asistencia alimenticia solicitada.

Artículo 98.- DE LA PRESTACIÓN OBLIGATORIA DE ASISTENCIA ALIMENTICIA A CARGO DE PARIENTES: En caso de ausencia, incapacidad o falta de recursos económicos de los padres, deben prestar asistencia alimenticia las personas mencionadas en el Artículo 4° de esta Ley y, subsidiariamente, el Estado.Cuando los obligados, a criterio del Juez, se hallen materialmente impedidos de cumplir dicha obligación en forma singular, ésta podrá ser prorrateada entre los mismos.

Artículo 99.- DE LA PROHIBICIÓN DE ELUDIR EL PAGO: El que hubiese sido demandado por asistencia alimenticia no podrá iniciar un juicio para eludir el pago al que haya sido condenado. El pago de la pensión alimenticia será efectuado por el alimentante hasta tanto no exista sentencia definitiva en otro juicio, que pudiera revertir la condena dictada en el juicio de alimentos.

CAPITULO V

DE LAS AUTORIZACIONES PARA VIAJAR Y CONTRAER MATRIMONIO

Artículo 100.- DE LA AUTORIZACIÓN PARA VIAJAR AL EXTERIOR: En el caso de que el niño o adolescente viaje al exterior con uno de los padres, se requerirá la autorización expresa del otro. Si viaja solo se requerirá la de ambos. La autorización se hará en acta ante el Juez de paz que corresponda.Corresponderá al Juez de la Niñez y la Adolescencia conceder autorización para que el niño o adolescente viaje al exterior en los siguientes casos:a) cuando uno de los padres se oponga al viaje; y,b) cuando el padre, la madre o ambos se encuentren ausentes, justificado con la presencia de dos testigos.En el caso establecido en el inciso a), el niño o adolescente deberá ser presentado al Juzgado a su regreso.Cuando se trate de una adopción internacional, el Juez que entendió en el juicio, en la resolución que otorga la adopción deberá autorizar expresamente la salida del mismo.

Artículo 101.- DEL TRÁMITE DEL DISENSO: En caso de disentimiento de uno de los padres con relación al viaje, la cuestión se resolverá por el trámite establecido en el Artículo 94 de este Código. La resolución será inapelable.

Artículo 102.- DE LA AUTORIZACIÓN JUDICIAL PARA CONTRAER MATRIMONIO: El Juez de la Niñez y la Adolescencia será competente para autorizar el matrimonio de los adolescentes, de acuerdo con las disposiciones del Código Civil y de este Código.Previo a la resolución, el Juez deberá escuchar la opinión de los adolescentes afectados y, de ser necesario, podrá recurrir a auxiliares especializados para garantizar el goce de sus derechos.

TITULO II

DE LAS INSTITUCIONES DE FAMILIA SUSTITUTACAPITULO IDE LAS DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 103.- DE LA ACOGIDA EN FAMILIA SUSTITUTA: El niño o adolescente, privado de su núcleo familiar por orden judicial, podrá ser acogido por una familia, temporalmente, mediante la guarda, la tutela o definitivamente, por la adopción.La familia o persona que acoja al niño o adolescente quedará obligada a alimentarlo, educarlo, cuidarlo y protegerlo, en la misma medida que corresponde a la misma, como núcleo familiar.

Artículo 104.- DE LAS CONDICIONES PARA LA FAMILIA SUSTITUTA: Para designar la familia sustituta, el Juez tendrá en cuenta el grado de parentesco y la relación de afectividad y deberá disponer la verificación de las condiciones de albergabilidad de la familia, como así también el posterior seguimiento con el fin de garantizar el cumplimiento de los derechos enunciados por este Código.

Artículo 105.- DE LA AUTORIZACIÓN JUDICIAL NECESARIA: Una vez designada una familia sustituta, ésta no podrá ser cambiada sin la autorización del Juez competente.En caso de niños menores de seis años, deberá priorizarse la adopción.

CAPITULO II

DE LA GUARDA

Artículo 106.- DEL CONCEPTO: La guarda es una medida por la cual el Juzgado encomienda a una persona, comprobadamente apta, el cuidado, protección, atención y asistencia integral del niño o adolescente objeto de la misma e impone a quien la ejerce:a) la obligación de prestar asistencia material, afectiva y educativa al niño o adolescente; yb) la obligación de ejercer la defensa de los derechos del niño o adolescente, incluso frente a sus padres.La guarda podrá ser revocada en cualquier momento por decisión judicial.

Artículo 107.- DE LA OBLIGACIÓN DE COMUNICAR: Toda persona que acoge a un niño o adolescente, sin que se le haya otorgado la guarda del mismo, estará obligada a comunicar este hecho al Juez en el plazo de dos días, bajo apercibimiento de incurrir en el hecho punible establecido en el Artículo 222 del Código Penal.

Artículo 108.- DE LA EVALUACIÓN: La guarda deberá ser acompañada y evaluada periódicamente por el Juzgado de la Niñez y la Adolescencia y sus auxiliares.

Artículo 109.- DE LA PROHIBICIÓN A LOS GUARDADORES: El responsable de la guarda de un niño o adolescente no podrá transferir la misma a terceros, sean éstos personas físicas o entidades públicas o privadas, bajo apercibimiento de incurrir en el hecho punible establecido en el Artículo 222 del Código Penal.

TITULO III

DE LA TUTELACAPITULO IDE LAS DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 110.- DEL CONCEPTO: La tutela es una institución que permite a quien la ejerce, representar al niño o adolescente, dirigirlo y administrar sus bienes cuando no esté sometido a la patria potestad.

Artículo 111.- DE LA OBLIGACIÓN DE DENUNCIAR: Toda persona que tenga conocimiento del desamparo por orfandad de un niño o adolescente, está obligada a poner en conocimiento de esta situación a cualquier autoridad competente en el término de cuarenta y ocho horas, la que a su vez debe comunicarlo al Juzgado de la Niñez y la Adolescencia.Cuando la omisión recayera en las personas establecidas en el Artículo 4° de este Código, será aplicable el hecho punible establecido en el Artículo 119 del Código Penal.

Artículo 112.- DEL EJERCICIO DE LA TUTELA: La tutela se ejercerá con intervención y bajo control del Juez de la Niñez y la Adolescencia, conforme a las normas contenidas en este Código.

Artículo 113.- DE LAS FORMAS DE OTORGAR LA TUTELA: La Tutela será ejercida por una sola persona y podrá ser otorgada por:a) el padre o la madre que ejerza la patria potestad;b) la ley; y,c) el Juez de la Niñez y la Adolescencia.

Artículo 114.- DE LAS OBLIGACIONES DEL TUTOR: El tutor debe alimentar, educar y asistir al niño o adolescente como si fuera su propio hijo, salvo tutela especial. El ejercicio de la tutela en ningún caso puede implicar la pérdida, menoscabo, desconocimiento o detrimento de los derechos y garantías del niño o adolescente.

Artículo 115.- DE LA INHABILITACIÓN PARA EJERCER LA TUTELA: No podrán ser tutores:a) los que no hayan alcanzado la mayoría de edad;b) los mudos y sordomudos que no puedan darse a entender por escrito u otros medios;c) los interdictos;d) los que no tienen domicilio en la República;e) los fallidos mientras no hayan sido rehabilitados;f) los que hubiesen sido privados de ejercer la patria potestad;g) los que deban ejercer por tiempo indefinido un cargo fuera de la República. Cuando la ausencia sea por tiempo determinado, el Juez resolverá de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 143 de este Código;h) los que no tengan oficio, profesión o actividad económica conocida;i) los condenados a pena de prisión, mientras dure su cumplimiento;j) los acreedores o deudores del niño o adolescente;k) los que tengan litigio pendiente con el niño o adolescente, el padre o la madre de éste;l) los que hubiesen malversado los bienes de otro niño o adolescente, o hubiesen sido removidos de otras tutelas; y,m) los parientes del niño o adolescente que, conociendo, no denunciaron el desamparo por orfandad o la vacancia de la tutela de éste.
FORMACIÓN ACADÉMICA
CAPITULO II

DE LA TUTELA OTORGADA POR LOS PADRES

Artículo 116.- DEL NOMBRAMIENTO DEL TUTOR: El padre o la madre, aun cuando no hayan cumplido los dieciocho años de edad, podrán nombrar tutor para los hijos que estén bajo su patria potestad por testamento o escritura pública, para que tenga efecto después de su fallecimiento.

Artículo 117.- DEL NOMBRAMIENTO DE DOS O MÁS TUTORES: Si el padre o la madre nombrase dos o más tutores, en caso de incapacidad, excusa, separación o muerte del primero de ellos, la tutela deberá ser desempeñada sucesivamente por los otros en el orden en que fueron nombrados.

Artículo 118.- DE LA CONFIRMACIÓN JUDICIAL DE LA TUTELA: La tutela otorgada por el padre o la madre deberá ser confirmada por el Juez de la Niñez y la Adolescencia.

Artículo 119.- DE LAS CLÁUSULAS PROHIBIDAS: El nombramiento de tutor podrá hacerse por el padre o la madre con la inserción de cualquier cláusula, a condición de no ser prohibida.Se deberán tener por no escritas las cláusulas que eximan al tutor de hacer inventario de los bienes de la tutela, autoricen a entrar en posesión de los bienes antes de hacer inventario o que eximan al tutor de dar cuenta de su administración, conforme lo exigido por este Código.

CAPITULO III

DE LA TUTELA DE PARIENTES

Artículo 120.- DEL EJERCICIO DE LA TUTELA POR PARIENTES: La tutela de parientes podrá tener lugar cuando los padres no hubiesen nombrado tutores por testamento o por escritura pública, o cuando los nombrados por ellos dejasen de serlo o no hubiesen comenzado a ejercerla.

Artículo 121.- DEL ORDEN PARA EL EJERCICIO DE LA TUTELA: Corresponderá ejercer esta tutela:a) a los abuelos paternos y maternos;b) a los hermanos. Se debe preferir a los que sean de padre y madre; y,c) a los tíos.

Artículo 122.- DE LA IDONEIDAD DEL TUTOR: En la tutela de parientes, el Juez dará la tutela al más idóneo para ejercerla, no obstante el orden establecido en el artículo anterior.

CAPITULO IV

DE LA TUTELA DATIVA

Artículo 123.- DEL TUTOR NOMBRADO POR EL JUEZ: El Juez de la Niñez y la Adolescencia nombrará tutor para el niño o adolescente, cuando su padre o su madre no lo haya designado, cuando no existan parientes llamados a ejercerla, éstos no sean capaces o idóneos, hayan hecho dimisión de ella o cuando hubiesen sido removidos.

Artículo 124.- DEL TUTOR PROVISIONAL: El Juez de la Niñez y la Adolescencia nombrará inmediatamente un tutor provisional cuando haya urgencia en proteger la persona o los intereses del niño o adolescente. Este discernimiento no podrá durar mas de seis meses, plazo dentro del cual deberá nombrarse al tutor definitivo.

CAPITULO V

DE LA TUTELA ESPECIAL

Artículo 125.- DE LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA EL NOMBRAMIENTO DE TUTOR ESPECIAL: El Juez deberá nombrar tutores especiales cuando:a) los intereses del niño o adolescente estén en oposición con los de su padre o madre, bajo cuya patria potestad se encuentre;b) el padre o la madre perdiere la administración de los bienes del hijo;c) el hijo adquiriese bienes cuya administración no corresponda a los padres;d) los intereses del niño o adolescente estuviesen en oposición con los de su tutor;e) sus intereses estuviesen en oposición con los de otro niño o adolescente, que se hallase con ellos bajo un tutor común, o con los de un incapaz del que el tutor sea curador;f) el niño o adolescente adquiera bienes con la cláusula de ser administrados por otra persona o de no ser administrados por su tutor;g) tuviese bienes fuera de la jurisdicción del Juez de la Tutela, que no podrán ser convenientemente administrados por el tutor; y,h) se tratase de negocios o de materias que exijan conocimientos especiales, o una administración distinta.

Artículo 126.- DE LAS FUNCIONES DEL TUTOR ESPECIAL: El tutor especial sólo podrá intervenir en el negocio o gestión para el cual ha sido designado. Su designación no modifica el ejercicio de la patria potestad ni las funciones del tutor general.

CAPITULO VI

DEL DISCERNIMIENTO DE LA TUTELA

Artículo 127.- DEL DISCERNIMIENTO JUDICIAL DE LA TUTELA: Nadie podrá ejercer la función de tutor sin que el cargo le sea discernido por Juez competente. El tutor deberá asegurar, bajo juramento, desempeñar fielmente su administración.

Artículo 128.- DEL JUZGADO COMPETENTE PARA DISCERNIR LA TUTELA: El discernimiento de la tutela corresponde al Juez de la Niñez y la Adolescencia del lugar de la residencia del niño o adolescente, al día del fallecimiento de sus padres, o de aquella que tuviera el niño o adolescente al momento de producirse las demás causas de conclusión de la tutela previstos en este Código, que ameriten la designación de un nuevo tutor. El Juez que haya discernido la tutela será competente para entender en todo lo relativo a ella.

Artículo 129.- DEL CAMBIO DE RESIDENCIA: El cambio de residencia del niño o adolescente o de sus tutores no influirá en la competencia del Juez que hubiese discernido la tutela, salvo que éste, de oficio o a solicitud fundada del tutor, disponga la prórroga de jurisdicción al Juez de la Niñez y Adolescencia del nuevo domicilio.

Artículo 130.- DEL INVENTARIO Y AVALUACIÓN DE LOS BIENES: Discernida la tutela, los bienes no serán entregados al tutor sino después que judicialmente hubiesen sido inventariados y avaluados, a menos que antes del discernimiento de ella se hubiere hecho ya el inventario y tasación de los mismos.

Artículo 131.- DE LOS ACTOS ANTERIORES AL DISCERNIMIENTO DE LA TUTELA: Los actos practicados por el tutor a quien aún no se hubiese discernido la tutela, no producirán efecto alguno respecto del niño o adolescente, pero el discernimiento posterior importará la ratificación de tales actos, si de ellos no resultase perjuicio al niño o adolescente.

CAPITULO VII

DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES DEL NIÑO EN LA TUTELA

Artículo 132.- DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA NORMA: La administración de la tutela se regirá por las normas de este Código si los bienes del niño o adolescente estuviesen en la República. Si tuviese bienes fuera de la República, su administración y disposición se regirá por las leyes del país donde se hallen.

Artículo 133.- DE LA SUSPENSIÓN O REMOCIÓN DEL TUTOR: Cuando el tutor abusara de sus atribuciones en perjuicio de los bienes del niño o adolescente, el juez inmediatamente debe suspender o remover al tutor, sin perjuicio de las sanciones previstas en el Código Penal.

Artículo 134.- DE LA REPRESENTACIÓN EJERCIDA POR EL TUTOR: El tutor es el representante en todos los actos civiles, administra y gestiona los bienes del niño o adolescente y es responsable de cualquier perjuicio resultante de la mala administración de ellos.Artículo 135.- DE LOS BIENES EXCLUIDOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL TUTOR: Quedan excluidos de la administración del tutor:a) los bienes que corresponda administrar a tutores especiales; y,b) los que adquiriese el niño o adolescente por su trabajo u oficio.

Artículo 136.- DEL INVENTARIO OBLIGATORIO: El Juez deberá realizar el inventario acompañado del tutor y de uno o más parientes del niño o adolescente, o de otras personas que tuviesen conocimiento de los negocios o de los bienes de quien lo hubiese instituido heredero.El tutor no podrá ser eximido de hacer el inventario judicial, cualquiera sea la disposición testamentaria por la que el niño o adolescente haya sido instituido heredero. Cualquier cláusula en contrario será nula.

Artículo 137.- DE LOS CRÉDITOS DEL TUTOR: Si el tutor tuviese algún crédito contra el niño o adolescente, deberá asentarlo en el inventario, y si no lo hiciere, no podrá reclamarlo en adelante.

Artículo 138.- DE LOS BIENES ADQUIRIDOS DURANTE LA TUTELA: El tutor deberá hacer el inventario y avaluación de los bienes que en adelante adquiriera el niño o adolescente, por sucesión u otro título, con las formalidades legales.

Artículo 139.- DE LA RENDICIÓN JUDICIAL DE LAS CUENTAS DE LA TUTELA: El tutor que reemplace a otro, exigirá inmediatamente a su predecesor o a sus herederos, la rendición judicial de las cuentas de la tutela, y la posesión de los bienes del niño o adolescente.

Artículo 140.- DE LA DISPOSICIÓN DE LAS RENTAS EN LA TUTELA: El Juez, según la edad y la importancia de la renta que produzcan los bienes del niño o adolescente, fijará la suma anual que ha de invertirse en su educación y alimentos, sin perjuicio de variarla según el costo de vida y las necesidades del niño o adolescente.Si hubiese remanente en las rentas, el tutor las colocará en las mejores condiciones de seguridad, rentabilidad y liquidez.Si las rentas fuesen insuficientes para su alimento y educación, el Juez competente podrá autorizar al tutor el empleo de otros bienes con ese fin.

Artículo 141.- DE LOS DEPÓSITOS DE DINERO Y LA ADQUISICIÓN DE TÍTULOS Y VALORES: Los depósitos bancarios de dinero, y la adquisición de títulos y valores se harán a nombre del niño o adolescente y a la orden del Juez de la Niñez y la Adolescencia.

Artículo 142.- DE LA OBLIGACIÓN DE LOS PARIENTES: Si el niño o adolescente careciera de recursos económicos, el tutor deberá pedir autorización al Juez para exigir de los parientes la obligación de prestar los alimentos por vía judicial.

Artículo 143.- DEL TRASLADO DEL TUTOR O DEL NIÑO FUERADEL PAÍS: Si el tutor cambiase de domicilio fuera del territorio de la República o resolviera ausentarse del país por un tiempo mayor a sesenta días, deberá comunicarlo al Juez de la tutela, a fin de que éste resuelva sobre su continuación en ella o proceda a discernir otro tutor.El tutor no podrá autorizar la salida del país del niño o adolescente ni llevarlo consigo, sin venia del Juez.

Artículo 144.- DE LOS ACTOS QUE REQUIEREN AUTORIZACIÓN JUDICIAL: El tutor necesitará la autorización del Juez para:a) enajenar el ganado de propiedad del niño o adolescente, incluyendo la producción anual del rebaño;b) pagar deudas que no sean las ordinarias de la administración o del sostenimiento del niño o adolescente;c) todos los gastos extraordinarios que no sean de reparación o conservación de bienes;d) repudiar herencias, legados o donaciones que se hicieran al niño o adolescente;e) hacer transacciones o compromisos sobre los derechos del niño o adolescente;f) tomar en arrendamiento bienes raíces que no fuesen la casa habitación;g) remitir créditos a favor del niño o adolescente, aunque el deudor sea insolvente;h) comprar inmuebles para el niño o adolescente, otros objetos de alto valor económico y aquellos que no sean necesarios para su alimento, educación y recreación;i) hacer préstamos a nombre del niño o adolescente;j) todo acto o contrato en que directa o indirectamente tenga interés cualquiera de los parientes del tutor hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad o alguno de sus socios comerciales;k) continuar o cesar la explotación de los establecimientos comerciales o industriales que el niño o adolescente hubiese heredado o en que tuviera parte; y,l) hacer arrendamientos de bienes raíces del niño o adolescente, que pasen de cinco años.Los que se hiciesen autorizados por el Juez, llevarán implícita la condición de terminar a la mayoría de edad del niño, o antes si contrajese matrimonio o alcanzara la emancipación por otra causa, aun cuando el arrendamiento sea por tiempo fijo.

Artículo 145.- DE LA PROHIBICIÓN DE ENAJENAR O DE HIPOTECAR LOS BIENES DE LA TUTELA: El tutor no podrá, sin autorización judicial, enajenar los bienes que administre ni constituir sobre ellos derechos reales, ni dividir los inmuebles que los pupilos posean en común con otros, salvo que el Juez haya decretado la división con los co-propietarios.

Artículo 146.- DE LA PARTICIÓN DE LA HERENCIA EN LA TUTELA: El tutor promoverá la venta del bien que pertenezca al niño o adolescente con otros, y la división de la herencia en que tenga parte, cuando ello fuera conveniente a los intereses del niño o adolescente.Toda partición de muebles, inmuebles o de condominio, deberá ser judicial.

Artículo 147.- DE LA VENTA DE LOS BIENES EN REMATE PÚBLICO: Los bienes muebles o inmuebles sólo podrán ser vendidos en remate público, salvo cuando los primeros fueren de poco valor.

Artículo 148.- DE LA EXCEPCIÓN A LA OBLIGACIÓN DE REMATAR: El Juez podrá disponer que la venta de muebles o inmuebles no se haga en remate público, cuando a su juicio la venta extra judicial sea más ventajosa por alguna circunstancia extraordinaria, o porque en la plaza no se pueda alcanzar mayor precio, con tal que el precio que se ofrezca sea mayor que el de la tasación.

CAPITULO VIII

DE LA CONCLUSIÓN Y DE LAS CUENTAS DE LA TUTELA

Artículo 149.- DE LAS FORMAS DE CONCLUSIÓN DE LA TUTELA: La tutela concluirá por:a) muerte o incapacidad del tutor;b) remoción decretada por el Juez;c) excusación admitida por el Juez;d) fallecimiento del niño o adolescente, haber llegado a la mayoría de edad o por emancipación;e) cesación de la incapacidad de los padres o por haber sido éstos reintegrados al ejercicio de la Patria Potestad; y,f) por el reconocimiento voluntario de hijos extramatrimoniales hecho con posterioridad a la designación del tutor.

Artículo 150.- DE LA CONCLUSIÓN DE LA TUTELA ESPECIAL: La tutela especial concluirá por la desaparición de la causa que la hubiese producido o cuando el niño llegara a la mayoría de edad o se emancipara.

Artículo 151.- DE LA DECLARACIÓN JUDICIAL DE CONCLUSIÓN DE LA TUTELA ESPECIAL: La terminación de la tutela especial exigirá la declaración judicial, previa aprobación de la rendición de cuentas de la administración.

Artículo 152.- DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA TUTELA: El tutor deberá documentar su administración y en ningún caso podrá ser eximido de rendir cuenta de ella.

Artículo 153.- DE LA EXHIBICIÓN DE LAS CUENTAS DE LA TUTELA: El Juez competente podrá también ordenar de oficio al tutor la exhibición de las cuentas durante la administración de los bienes.

Artículo 154.- DE LA ENTREGA DE LOS BIENES DE LA TUTELA: Terminada la tutela, el tutor o sus herederos entregarán de inmediato los bienes de la administración tutelar y rendirán cuenta de ella dentro del plazo que el Juez señale. La rendición de cuentas se hará a quien represente al niño, o al adolescente que hubiese alcanzado la mayoría de edad o se hubiese emancipado.

Artículo 155.- DEL RESARCIMIENTO DEL PERJUICIO EN LA TUTELA: El niño o su representante tendrá derecho a estimar, bajo juramento, el perjuicio sufrido contra el tutor que no rinda cuenta documentada de su administración, o que haya incurrido en dolo o culpa grave. Dentro de esta estimación, el Juez podrá condenar al tutor al pago de la suma que considere justa, teniendo en consideración los bienes del afectado.Artículo 156.- DE LOS GASTOS DE LA TUTELA: Se abonarán al tutor los gastos efectuados, debidamente documentados, aunque no hubiesen producido utilidad.

Artículo 157.- DE LA REMUNERACIÓN AL TUTOR: El tutor percibirá como remuneración la décima parte de todo lo acrecentado en su administración.

LIBRO IV

DE LA JURISDICCIÓN ESPECIALIZADATITULO IDE LA INTEGRACIÓN Y COMPETENCIACAPITULO IDE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

Artículo 158.- DE LA COMPOSICIÓN DE LA JUSTICIA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA: La Corte Suprema de Justicia y los Tribunales, Juzgados y la defensoría especializados creados por esta Ley, así como sus auxiliares, entenderán en todas las cuestiones que se relacionen con los derechos del niño y del adolescente.A tal efecto, en cada circunscripción judicial se crearán tribunales y juzgados especializados y sus correspondientes defensorías.

Artículo 159.- DE LOS REQUISITOS: Además de los requisitos que la ley exige para la designación de jueces y miembros de tribunales ordinarios, para integrar esta jurisdicción se exigirán requisitos de idoneidad apropiados para la función que han de desempeñar.

Artículo 160.- DE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL: El Tribunal de Apelación de la Niñez y la Adolescencia conocerá sobre: a) los recursos concedidos contra las resoluciones de los Jueces de Primera Instancia de la Niñez y la Adolescencia; b) las quejas por retardo o denegación de justicia; c) las recusaciones o inhibiciones de los Jueces de la Niñez y la Adolescencia; y,d) las contiendas de competencia entre jueces de la Niñez y la Adolescencia.

Artículo 161.- DE LA COMPETENCIA DEL JUZGADO: El Juzgado de la Niñez y la Adolescencia conocerá sobre:a) lo relacionado a las acciones de filiación; b) el ejercicio, suspensión o pérdida de la patria potestad sobre los hijos;c) la designación o remoción de los tutores;d) las reclamaciones de ayuda prenatal y protección a la maternidad;e) los pedidos de fijación de cuota alimentaria;f) los casos de guarda, abrigo y convivencia familiar;g) las demandas por incumplimiento de las disposiciones relativas a salud, educación y trabajo de niños y adolescentes;h) los casos derivados por la Consejería Municipal por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (CODENI);i) los casos de maltrato de niños o adolescentes que no constituyan hechos punibles;j) las venias judiciales;k) la adopción de niños o adolescentes; l) las medidas para hacer efectivo el cumplimiento de los derechos del niño o adolescente; y,m) las demás medidas establecidas por este Código.

CAPITULO II

DE LA DEFENSORÍA ESPECIALIZADA

Artículo 162.- DE LA DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA.Créase la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia, dependiente del Ministerio de la Defensa Pública.Será parte esencial y legítima en los juicios de patria potestad, tutela y de adopción. En los demás procesos judiciales en que hubiese que precautelar intereses del niño o adolescente, deberá intervenir cuando éste no tuviese defensor particular.

Artículo 163.- DE LAS FUNCIONES DEL DEFENSOR DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA: Serán funciones del Defensor de la Niñez y la Adolescencia:a) recibir denuncias de transgresiones a los derechos del niño o adolescente y promover las acciones correspondientes;b) representar al niño o adolescente en juicio, a pedido de éste, sus padres, tutores o responsables;c) velar por los derechos del niño o adolescente, de oficio o a petición de parte, asumiendo su representación ante las autoridades judiciales y requiriendo las medidas de protección que considere necesarias para el mejor cumplimiento de su cometido; y,d) requerir el cumplimiento de los plazos y términos legales en la substanciación de los casos sometidos a la jurisdicción y, ante la inobservancia reiterada de los juzgados y tribunales, denunciar las transgresiones a la Corte Suprema de Justicia.

Artículo 164.- DE LAS ATRIBUCIONES: El Defensor de la Niñez y la Adolescencia está facultado a:a) solicitar informes, peritajes y documentos a las autoridades nacionales, departamentales y municipales, así como requerir inspecciones y otras diligencias necesarias a sus investigaciones;b) requerir, por vía del Juzgado, informes y documentos a instituciones privadas o a particulares; y,c) requerir el concurso de los auxiliares especializados; y,d) acceder en cualquier momento a locales donde se encuentren niños o adolescentes que requieran su asistencia. Cuando se trate de residencias u oficinas particulares, el acceso requerirá autorización judicial previa.

CAPITULO III

DE LOS AUXILIARES ESPECIALIZADOS

Artículo 165.- DEL EQUIPO ASESOR DE LA JUSTICIA: Los auxiliares especializados serán profesionales: médicos, pedagogos, sicólogos, sociólogos y trabajadores sociales, entre otros, que conformarán un equipo multidisciplinario con la finalidad de asesorar a la justicia de la Niñez y la Adolescencia.

Artículo 166.- DE SUS ATRIBUCIONES: Serán atribuciones de los auxiliares especializados:a) emitir los informes escritos o verbales que le requiera el tribunal, el Juez o el defensor;b) realizar el seguimiento de las medidas ordenadas por el Juez, emitiendo el dictamen técnico para la evaluación correspondiente, así como las recomendaciones para la toma de las medidas pertinentes; y,c) las demás que señale este Código.

TITULO II

DEL PROCEDIMIENTO EN LA JURISDICCIÓN ESPECIALIZADACAPITULO IDEL PROCEDIMIENTO GENERAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

Artículo 167.- DEL CARÁCTER DEL PROCEDIMIENTO: El procedimiento tendrá carácter sumario y gratuito, respetando los principios de concentración, inmediación y bilateralidad.Podrá ser iniciado a instancia del niño o adolescente, sus padres, tutores o responsables, la Defensoría de la Niñez o Adolescencia, el Ministerio Público o quienes tengan interés legítimo. Podrá igualmente ser iniciado de oficio por el Juez.El Juez, para resolver las cuestiones, escuchará previamente la opinión del niño o adolescente en función de su edad y grado de madurez.Las sentencias del Juez serán fundadas y no tendrán carácter de definitivas, pudiendo ser modificadas y aun dejadas sin efecto, de oficio o a instancia de parte, toda vez que cesen las condiciones que las motivaron.

Artículo 168.- DE LAS PARTES EN EL PROCEDIMIENTO: Serán partes en el procedimiento el niño o adolescente, sus padres, los tutores, los Defensores, y el Ministerio Público, en los casos en que así lo establezcan las leyes respectivas, sin perjuicio de los casos de adopción, pérdida de la patria potestad y maltrato, en los que los Defensores y el Ministerio Público tendrán necesaria intervención.

Artículo 169.- DE LA COMPETENCIA TERRITORIAL: La competencia territorial estará determinada por el lugar de residencia habitual del niño o adolescente.

Artículo 170.- DE LAS CUESTIONES SOMETIDAS AL PROCEDIMIENTO GENERAL: Las cuestiones que sean de la competencia del Juez de la Niñez y la Adolescencia, pero que no tengan establecido un procedimiento especial, se regirán por las disposiciones de este Capítulo, aplicándose en forma subsidiaria lo previsto en el Código Procesal Civil.

Artículo 171.- DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA Y DE LOS DOCUMENTOS: La persona que promueva la demanda o la petición deberá acompañar con la primera presentación, la documentación relativa al hecho que motiva su acción o indicará el lugar, archivo u oficina donde se hallaren los documentos que no tuviese en su poder.La parte accionante deberá dar cumplimiento a las demás exigencias del Código Procesal Civil en la materia, y en especial lo relativo a las copias necesarias para el traslado de la demanda, debiendo las mismas acompañar a la notificación respectiva.

Artículo 172.- DE LA IMPROCEDENCIA DE LA RECUSACION SIN CAUSA: No procederá la recusación sin expresión de causa contra jueces o miembros de tribunales de la niñez y la adolescencia.

Artículo 173.- DE LAS NOTIFICACIONES: Serán notificadas personalmente o por cédula la iniciación de la demanda, la audiencia de conciliación, la resolución que admite o deniega la prueba y la sentencia . Así mismo, serán notificadas personalmente o por cédula las resoluciones que disponga el Juez o tribunal.

Artículo 174.- DE LA AUDIENCIA DE SUSTANCIACIÓN: Promovida la demanda, el Juez correrá traslado de la misma a la parte demandada por el término de seis días. Contestada la demanda, o transcurrido el plazo para el efecto, el Juez de oficio convocará a las partes a una audiencia de conciliación dentro de los seis días siguientes, bajo apercibimiento de que la incomparencia de una de las partes, sin causa justificada, no obstará la prosecución del procedimiento.Iniciada la audiencia, previamente el Juez procurará avenir a los interesados en presencia del defensor o del representante del niño o adolescente.Si no se llegase a una conciliación, las partes ofrecerán sus pruebas en la misma, y el Juez podrá :a) declarar la cuestión de puro derecho;b) abrir la causa a prueba; c) ordenar medidas de mejor proveer ; y,d) ordenar medidas cautelares de protección.El Juez podrá rechazar las pruebas que sean notoriamente impertinentes, o inconducentes al caso. Asimismo, el Juez ordenará de oficio la producción de otras pruebas que considere necesarias. Si se dictasen medidas cautelares de protección, ellas deberán estar debidamente fundadas y ser objeto de revisión periódica por parte del Juzgado.

Artículo 175.- DE LAS MEDIDAS CAUTELARES DE PROTECCIÓN: Son consideradas medidas cautelares de protección:a) la guarda o el abrigo;b) la restitución en el caso previsto en el Artículo 95 y concordantes de este Código;c) la exclusión del hogar del denunciado en casos de violencia doméstica;d) la hospitalización;e) la fijación provisoria de alimentos; y,f) las demás medidas de protección establecidas por este Código, que el Juez considere necesarias en interés superior o para la seguridad del niño o adolescente.

Artículo 176.- DEL NÚMERO DE TESTIGOS: Las partes podrán proponer hasta tres testigos, pudiéndose incluir en tal condición también a los miembros de la familia cuando, por la naturaleza del proceso, sólo los familiares y personas del entorno del hogar pueden conocer la realidad de los hechos.

Artículo 177.- DEL DILIGENCIAMIENTO DE LAS PRUEBAS: Dispuesta la apertura de la causa a prueba, el Juez ordenará el diligenciamiento de las pruebas ofrecidas y admitidas en un plazo no mayor de veinte días.

Artículo 178.- DE LA AUDIENCIA DE PRUEBAS: Las audiencias de sustanciación de pruebas serán continuas y recibidas personalmente por el Juez bajo pena de nulidad y se llevarán a cabo con la parte que compareciere por sí o por apoderado. Las pruebas serán producidas primeramente por la parte actora y luego por la parte demandada. No siendo posible producir todas las pruebas en un mismo día, el Juez puede prorrogarla para el día siguiente hábil y así sucesivamente hasta que se hayan producido íntegramente, sin necesidad de otra citación que la que se hará en el acto. Concluidas las mismas, se escucharán los alegatos de las partes por su orden. Culminados los alegatos, el Juez llamará autos para sentencia.

Artículo 179.- DE LA SENTENCIA: El Juez fijará audiencia dentro de los seis días posteriores al llamamiento de autos, oportunidad en que dará lectura a su sentencia.

Artículo 180.- DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN: Solo será apelable la sentencia definitiva dictada por el Juez.- El recurso será interpuesto dentro del tercer día de notificada la misma y será concedido al solo efecto devolutivo, salvo que se trate de una situación que altere la guarda del niño o adolescente, o que concierna a su seguridad, en cuyo caso podrá dictarse con efecto suspensivo.El recurso deberá ser fundado en el escrito de apelación, y en él se incluirán los reclamos a las pruebas ofrecidas y no admitidas.Antes de dictar sentencia, el Tribunal podrá disponer la admisión y producción de las pruebas no admitidas, así como las medidas de mejor proveer que estime convenientes.

Artículo 181.- DEL PROCEDIMIENTO EN SEGUNDA INSTANCIA: Recibido el expediente, el Tribunal de Apelaciones de la Niñez y la Adolescencia correrá traslado a la otra parte del recurso de apelación interpuesto, por el plazo de tres días. Contestado el mismo, el Tribunal fijará audiencia para la producción de las pruebas que hubiese admitido. Solo podrán ser admitidas y producidas las pruebas que hubiesen sido rechazadas en primera instancia, y el diligenciamiento de las mismas se hará conforme al procedimiento establecido en el Artículo 178 de este Código.Culminada la audiencia, el Tribunal llamará autos para resolver y dictará sentencia dentro del plazo de diez días.

Artículo 182.- DE LAS ACTUACIONES QUE COMPROMETEN INTERESES DEL NIÑO: Los jueces de otros fueros remitirán al Juzgado de la Niñez y la Adolescencia, dentro de los dos días de haberse producido, copias de las actuaciones de las que resulten comprometidos intereses del niño o adolescente.

CAPITULO II

DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL EN LA ACCIÓN DE RECONOCIMIENTO, CONTESTACIÓN O DESCONOCIMIENTO DE LA FILIACIÓN

Artículo 183.- DEL CARÁCTER SUMARIO DEL PROCEDIMIENTO: En las acciones de reconocimiento de la filiación de un niño concebido dentro del matrimonio o fuera de él, así como de contestación o desconocimiento de ella, se seguirán los trámites del proceso de conocimiento sumario previsto en el Código Procesal Civil, salvo en lo relativo a la prohibición de presentar alegatos, para lo cual se establece un plazo de seis días comunes.

Artículo 184.- DE LA PRUEBA PERICIAL DE SANGRE: La prueba pericial de sangre de ácido desoxirribonucleico (ADN) u otras pruebas científicas equivalentes serán consideradas preferencialmente.En caso de renuencia de someterse a la misma, la oposición deberá considerarse como presunción de paternidad o maternidad.El Poder Judicial arbitrará los medios necesarios para facilitar la realización de dichas pruebas y por acordada reglamentará este artículo.

CAPITULO III

DEL PROCEDIMIENTO PARA LA FIJACIÓN DE ALIMENTOS PARA EL NIÑO Y LA MUJER GRÁVIDA

Artículo 185.- DE LOS QUE PUEDEN RECLAMAR ALIMENTOS: El niño o adolescente podrá reclamar alimentos de quienes están obligados a prestarlos. Igual derecho asiste a la mujer cuando tuviera necesidad de protección económica para el hijo en gestación. Los que reclamen alimentos deberán justificar por algún medio de prueba el derecho en cuya virtud lo pidan y el monto aproximado del caudal de quien deba prestarlos.

Artículo 186.- DEL PROCEDIMIENTO: En el juicio de alimentos, el trámite se regirá por el procedimiento especial establecido en este Código, con las excepciones establecidas en este Capítulo. Durante cualquier etapa del procedimiento, el Juez podrá dictar la fijación provisoria de alimentos, para lo cual deberá oír al demandado, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 188 de este Código.

Artículo 187.- DE LOS MEDIOS DE PRUEBA: El derecho en virtud del cual se solicite alimentos, solo podrá probarse por medio de instrumento público o por absolución de posiciones del demandado. El monto del caudal del demandado podrá justificarse por toda clase de prueba, incluso por medio de testificales rendidas previamente ante el Juez.

Artículo 188.- DE LA INTERVENCIÓN DEL ALIMENTANTE: En las actuaciones de primera instancia, solicitada la fijación provisoria de alimentos, el Juez, antes de pronunciarse sobre lo solicitado, citará al alimentante una sola vez y bajo apercibimiento de tener por ciertas las afirmaciones de la parte actora. La incomparecencia del alimentante no obstará a que se dicte la medida.

Artículo 189.- DE LA FIJACIÓN DEL MONTO Y VIGENCIA DE LA PRESTACIÓN: La cantidad fijada en concepto de pensión alimentaria será abonada por mes adelantado desde la fecha de iniciación de la demanda. En caso de que hubiese demanda de filiación anterior, desde la fecha de iniciación del juicio de filiación y en el caso de aumento de la prestación, convenida extrajudicialmente, desde la fecha pactada.La misma deberá ser fijada en jornales mínimos para actividades diversas no especificadas, incrementándose automática y proporcionalmente conforme a los aumentos salariales. Podrá retenerse por asistencia alimentaria hasta el cincuenta por ciento de los ingresos del alimentante para cubrir cuotas atrasadas.Los alimentos impagos generan créditos privilegiados con relación a cualquier otro crédito general o especial. Su pago se efectuará con preferencia a cualquier otro.

Artículo 190.- DE LA IMPOSIBILIDAD DE DETERMINAR MONTO: Cuando no fuese posible acreditar los ingresos del alimentante, se tomará en cuenta su forma de vida y todas las circunstancias que sirvan para evaluar su capacidad económica. Se presumirá, sin admitir prueba en contrario, que recibe al menos el salario mínimo legal.

CAPITULO IV

DEL PROCEDIMIENTO EN CASO DE MALTRATO

Artículo 191.- DEL PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DEL MALTRATO: En caso de maltrato del niño o adolescente, recibida la denuncia por el Juzgado de la Niñez y la Adolescencia, éste deberá adoptar inmediatamente las medidas cautelares de protección al niño o adolescente previstas en este Código, sin perjuicio de las acciones penales que correspondan. La medida de abrigo será la última alternativa.

LIBRO V

DE LAS INFRACCIONES A LA LEY PENALTITULO IDE LAS DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 192.- DE LOS INFRACTORES DE LA LEY PENAL: Las disposiciones de este libro se aplicarán cuando un adolescente cometa una infracción que la legislación ordinaria castigue con una sanción penal.Para la aplicación de este Código, la condición de adolescente debe darse al tiempo de la realización del hecho, conforme a lo dispuesto en el Artículo 10 del Código Penal.

Artículo 193.- DE LA APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES GENERALES: Las disposiciones generales se aplicarán solo cuando este Código no disponga algo distinto. El Código Penal y el Código Procesal Penal tendrán carácter supletorio.

Artículo 194.- DE LA RESPONSABILIDAD PENAL: La responsabilidad penal se adquiere con la adolescencia, sin perjuicio de la irreprochabilidad sobre un hecho, emergente del desarrollo psíquico incompleto y demás causas de irreprochabilidad, previstas en el Artículo 23 y concordantes del Código Penal.Un adolescente es penalmente responsable solo cuando al realizar el hecho tenga madurez sicosocial suficiente para conocer la antijuridicidad del hecho realizado y para determinarse conforme a ese conocimiento.Con el fin de prestar la protección y el apoyo necesarios a un adolescente que en atención al párrafo anterior no sea penalmente responsable, el Juez podrá ordenar las medidas previstas en el Artículo 34 de este Código.

Artículo 195.- DE LA CLASIFICACIÓN DE LOS HECHOS ANTIJURÍDICOS: Para determinar la calidad de crimen o delito de un hecho antijurídico realizado por un adolescente, se aplica lo dispuesto en el Código Penal.

TITULO II

DE LAS SANCIONES APLICABLESCAPITULO IDEL SISTEMA DE SANCIONES

Artículo 196.- DE LAS MEDIDAS: Con ocasión de un hecho punible realizado por un adolescente, podrán ser ordenadas medidas socioeducativas.El hecho punible realizado por un adolescente será castigado con medidas correccionales o con una medida privativa de libertad, solo cuando la aplicación de medidas socioeducativas no sea suficiente.El Juez prescindirá de las medidas señaladas en el párrafo anterior cuando su aplicación, en atención a la internación del adolescente en un hospital psiquiátrico o en un establecimiento de desintoxicación, sea lo indicado.

Artículo 197.- DE LAS PENAS ADICIONALES: No se podrá imponer la publicación de la sentencia prevista en el Artículo 60 del Código Penal.

Artículo 198.- DE LAS MEDIDAS DE VIGILANCIA, DE MEJORAMIENTO Y DE SEGURIDAD: De las medidas previstas por el Derecho Penal común, podrán ser ordenadas solo:1. la internación en un hospital psiquiátrico, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 72, inciso 3° numeral 1 del Código Penal;2. la internación en un establecimiento de desintoxicación, conforme a lo establecido en el Artículo 72, inciso 3°, numeral 2 del Código Penal; y,3. la cancelación de la licencia de conducir, conforme a lo dispuesto en el Artículo 72, inciso 4°, numeral 3 del Código Penal.

Artículo 199.- DE LA COMBINACIÓN DE LAS MEDIDAS: Las medidas socioeducativas y las medidas correccionales, así como varias medidas socioeducativas y varias medidas correccionales podrán ser ordenadas en forma acumulativa.Junto con una medida privativa de libertad, podrán ser ordenadas solo imposiciones y obligaciones.

CAPITULO II

DE LAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS

Artículo 200.- DE LA NATURALEZA DE LAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS: Las medidas socioeducativas son prohibiciones y mandatos que regulan la forma de vida del adolescente con el fin de asegurar y promover su desarrollo y educación. Dichas reglas de conducta no podrán exceder los límites de la exigibilidad, conforme a la edad del adolescente. El Juez podrá ordenar:a) residir en determinados lugares;b) vivir con una determinada familia o en un determinado hogar;c) aceptar un determinado lugar de formación o de trabajo;d) realizar determinados trabajos;e) someterse al apoyo y a la supervisión de una determinada persona;f) asistir a programas educativos y de entrenamiento social;g) reparar, dentro de un plazo determinado y de acuerdo con sus posibilidades, los daños causados por el hecho punible;h) tratar de reconciliarse con la víctima;i) evitar la compañía de determinadas personas;j) abstenerse de concurrir a determinados lugares o lugares exclusivos para mayores de edad;k) asistir a cursos de conducción; y,l) someterse, con acuerdo del titular de la patria potestad o del tutor, en su caso, a un tratamiento médico social por un especialista o un programa de desintoxicación.

Artículo 201.- DE LA DURACIÓN DE LAS MEDIDAS Y DE SU APLICACIÓN: Las medidas socioeducativas se ordenarán por un tiempo determinado que no excederá de dos años de duración.El Juez podrá cambiar las medidas, eximir de ellas y prolongarlas, antes del vencimiento del plazo ordenado, hasta tres años de duración, cuando esto sea indicado por razones de la educación del adolescente.

Artículo 202.- DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y APOYO: Previo acuerdo de la Consejería Municipal por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (CODENI), el Juez también podrá decretar la orden al adolescente de aceptar las medidas previstas en el Artículo 34, párrafo segundo, incisos c) e i) de este Código.

CAPITULO III

DE LAS MEDIDAS CORRECCIONALES

Artículo 203.- DE LA NATURALEZA DE LAS MEDIDAS CORRECCIONALES: El hecho punible realizado por un adolescente será castigado con una medida correccional cuando, sin ser apropiada una medida privativa de libertad, sea necesario llamar seria e intensamente la atención del adolescente acerca de la responsabilidad por su conducta.Son medidas correccionales:a) la amonestación; y,b) la imposición de determinadas obligaciones.Las medidas correccionales no tendrán los efectos de una condena a una pena, en lo relativo a los antecedentes del afectado, sin perjuicio de la posibilidad de asentarlas en un registro destinado a recoger datos para actividades estatales, educativas y preventivas.

Artículo 204.- DE LA AMONESTACIÓN: La amonestación es la llamada de atención que el Juez dirige oralmente y en forma clara y comprensible al adolescente, con el fin de hacerle consciente de la reprochabilidad de su conducta y su obligación de acogerse a las normas de trato familiar y convivencia social.Cuando corresponda, el Juez invitará al acto a los padres, tutores o responsables y les proporcionará informaciones y sugerencias acerca de su colaboración en la prevención de futuras conductas punibles.

Artículo 205.- DE LA IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES: El Juez podrá imponer al adolescente la obligación de:a) reparar, dentro de un plazo determinado y de acuerdo con sus posibilidades, los daños causados por el hecho punible;b) pedir personalmente disculpas a la víctima;c) realizar determinados trabajos;d) prestar servicios a la comunidad; y,e) pagar una cantidad de dinero a una entidad de beneficencia.Las obligaciones no podrán exceder los límites de la exigibilidad.El Juez deberá imponer la obligación de pagar una cantidad de dinero solo cuando:a) el adolescente haya realizado una infracción leve y se pueda esperar que el pago se efectúe con medios a su propia disposición; o,b) se pretende privar al adolescente del beneficio obtenido por el hecho punible.El Juez podrá, posteriormente, modificar las obligaciones impuestas o prescindir de ellas, cuando esto sea recomendado por razones de la educación del adolescente.

CAPITULO IV

DE LA MEDIDA PRIVATIVA DE LIBERTAD

Artículo 206.- DE LA NATURALEZA DE LA MEDIDA PRIVATIVA DE LIBERTAD: La medida privativa de libertad consiste en la internación del adolescente en un establecimiento especial, destinado a fomentar su educación y su adaptación a una vida sin delinquir.La medida será decretada solo cuando:a) las medidas socioeducativas y las medidas correccionales no sean suficientes para la educación del condenado;b) la internación sea recomendable por el grado de reprochabilidad de su conducta;c) el adolescente haya reiterada y gravemente incumplido en forma reprochable medidas socioeducativas o las imposiciones ordenadas;d) anteriormente se haya intentado responder a las dificultades de adaptación social del adolescente mediante una modificación de las medidas no privativas de libertad; o,e) el adolescente haya sido apercibido judicialmente de la posibilidad de la aplicación de una medida privativa de libertad en caso de que no desistiese de su actitud.En este caso la duración de la medida privativa de libertad será de hasta un año.

Artículo 207.- DE LA DURACIÓN DE LA MEDIDA PRIVATIVA DE LIBERTAD: La medida privativa de libertad tendrá una duración mínima de seis meses y máxima de cuatro años. En caso de un hecho calificado como crimen por el Derecho Penal común, la duración máxima de la medida será de ocho años. A los efectos de la medición de la medida, no serán aplicables los marcos penales previstos en las disposiciones del Derecho Penal común.La duración de la medida será fijada en atención a la finalidad de una internación educativa en favor del condenado.

Artículo 208.- DE LA SUSPENSIÓN A PRUEBA DE LA EJECUCIÓN DE LA MEDIDA: En caso de una condena a una medida privativa de libertad de hasta un año, el Juez ordenará la suspensión de su ejecución cuando la personalidad, la conducta y las condiciones de vida del adolescente permitan esperar que éste, bajo la impresión causada por la condena y por medio de obligaciones, reglas de conducta o sujeción a un asesor de prueba pueda, aun sin privación de libertad, adecuar su conducta a las normas sociales y a una vida sin delinquir.Bajo las condiciones establecidas en el párrafo anterior, el Juez podrá suspender la ejecución de una medida privativa de libertad, cuya duración no exceda de dos años, cuando la ejecución con miras al desarrollo del adolescente no sea necesaria.La suspensión no podrá ser limitada a una parte de la medida, y a este efecto no se computará la privación de libertad compurgada en prisión preventiva u otra forma de privación de libertad.El Juez determinará un período de prueba no menor de un año, que deberá contarse desde la sentencia firme. El período de prueba podrá ser posteriormente reducido o ampliado.

Artículo 209.- DE LAS REGLAS DE CONDUCTA Y LAS IMPOSICIONES: Con el fin de ejercer una influencia educativa sobre la vida del adolescente, el Juez ordenará para la duración del período de prueba reglas de conducta. El Juez también podrá imponer obligaciones. Estas medidas podrán ser decretadas o modificadas posteriormente.Cuando el adolescente prometa respetar determinadas reglas de vida u ofrezca determinadas prestaciones destinadas a la satisfacción de la víctima o de la sociedad, el Juez podrá suspender la aplicación de reglas de conducta y de imposiciones, cuando sea de esperar el cumplimiento de la promesa.

Artículo 210.- DE LA ASESORIA DE PRUEBA: El Juez ordenará que el adolescente esté sujeto a la vigilancia y dirección de un asesor de prueba. La asesoría tendrá una duración máxima de dos años. Durante el período de prueba, la orden podrá ser repetida, sin que la duración total de la asesoría pueda exceder de dos años.El asesor de prueba prestará apoyo y cuidado al adolescente. Con acuerdo del Juez supervisará el cumplimiento de las reglas de conducta y de las imposiciones, así como de las promesas. Además presentará informe al Juez en las fechas determinadas por éste y le comunicará las violaciones graves o repetidas de las reglas de conducta, imposiciones y promesas.El asesor de pruebas será nombrado por el Juez, el cual podrá darle instrucciones para el cumplimiento de sus funciones.La asesoría será ejercida generalmente por funcionarios. Sin embargo, el Juez podrá nombrar también a representantes de entidades o personas fuera del servicio público.

Artículo 211.- DE LA REVOCACIÓN: El Juez revocará la suspensión, cuando el adolescente:a) durante el período de prueba o el lapso comprendido entre el momento en que haya quedado firme la sentencia y el de la decisión sobre la suspensión y, haya realizado un hecho punible, demostrando con ello que no ha cumplido la expectativa que fundaba la suspensión;b) infringiera grave o repetidamente reglas de conducta o se apartara del apoyo y cuidado de su asesor de prueba, dando con ello lugar a la probabilidad de que vuelva a realizar un hecho punible; o,c) incumpliera grave o repetidamente las obligaciones.El Juez prescindirá de la revocación cuando sea suficiente:a) ordenar otras reglas de conducta o imponer otras obligaciones;b) prolongar el período de prueba hasta el máximo de la condena; o,c) volver a ordenar, antes del fin del período, la sujeción a un asesor de prueba.No serán reembolsables las prestaciones efectuadas por el condenado en concepto de cumplimiento de las reglas de conducta, obligaciones o promesas.

Artículo 212.- DE LA EXTINCIÓN DE LA MEDIDA PRIVATIVA DE LIBERTAD: Transcurrido el período de prueba sin que la suspensión fuera revocada, la medida se tendrá por extinguida.

Artículo 213.- DE LA SUSPENSIÓN DE LA CONDENA A LA MEDIDA PRIVATIVA DE LIBERTAD: Cuando, agotadas las posibilidades de investigación, no conste con seguridad si el hecho punible realizado por el adolescente demuestra la existencia de tendencias nocivas, que señalan la necesidad de la medida privativa de libertad, el Juez podrá emitir un veredicto de reprochabilidad y postergar la decisión sobre la medida privativa de libertad por un período de prueba fijado por él.El período de prueba será no menor de un año y no mayor de dos años.Durante el período de prueba el adolescente será sometido a un asesor de prueba.

Artículo 214.- DE LA APLICACIÓN Y DE LA EXTINCIÓN DE LA MEDIDA: Cuando, en especial por la conducta mala del adolescente durante el período de prueba se demuestre que el hecho señalado en el veredicto sea vinculado con tendencias nocivas de tal grado que la medida sea necesaria, el Juez ordenará su aplicación para el plazo que hubiera determinado teniendo al tiempo del veredicto la seguridad sobre la existencia de estas tendencias.Cuando al final del período de prueba no se dieren los presupuestos señalados en el párrafo anterior, la medida se tendrá por extinguida.

Artículo 215.- DE LA EJECUCIÓN DE LA MEDIDA PRIVATIVA DE LIBERTAD: La medida privativa de libertad se ejecutará de acuerdo con las necesidades y posibilidades pedagógicas en regímenes cerrados o semiabiertos, procurando favorecer un tratamiento que permita al adolescente aprender a vivir en libertad sin la realización de hechos punibles. Con esta finalidad, se fomentarán los contactos del adolescente con el ámbito exterior del establecimiento y su incorporación en programas educativos y de entrenamiento social.

CAPITULO V

DE LA PLURALIDAD DE INFRACCIONES

Artículo 216.- DE LA PLURALIDAD DE HECHOS PUNIBLES: Aunque el adolescente haya realizado varios hechos punibles, el Juez los sancionará en forma unitaria, combinando, en su caso, las distintas medidas socioeducativas, correccionales o privativas de libertad procedentes, con el fin de procurar el mejor tratamiento posible. No se podrán exceder los límites máximos de la medida privativa de libertad, prevista en este Código.Cuando con anterioridad y con sentencia firme:a) haya sido emitido un veredicto de reprochabilidad; o,b) se haya decretado una medida soecioeducativa, la imposición de una obligación o una medida privativa de libertad todavía no plenamente ejecutada o de otra manera terminada, el Juez, incorporando la sentencia anterior, también determinará las medidas aplicables en forma unitaria.En caso de ser recomendable por razones educativas, el Juez podrá prescindir de incorporar en la nueva sentencia hechos punibles anteriormente juzgados. Cuando ordenara una medida privativa de libertad, podrá declarar como extintas medidas socioeducativas o correccionales previstas en la sentencia anterior.

Artículo 217.- DE LA PLURALIDAD DE HECHOS REALIZADOS COMO ADOLESCENTE Y COMO MAYOR DE EDAD: En caso de tener como objeto el mismo procedimiento varios hechos punibles que, por el tiempo de su duración, en parte pertenecerían al ámbito de aplicación de este Código, y en parte al ámbito de aplicación del Derecho Penal común, se aplicará este Código, cuando, considerando la totalidad de los hechos realizados, sean más relevantes aquellos sometidos al régimen de este Código. En caso contrario, se aplicará solo el Derecho Penal común.

CAPITULO VI

DE LA REVISIÓN Y VIGILANCIA DE LAS MEDIDAS

Artículo 218.- DE LA VIGILANCIA DE LAS MEDIDAS: El Juez Penal de Ejecución de Medidas vigilará el cumplimiento de las medidas y sus efectos para el logro de sus objetivos. Cuando sea necesario para el bien del adolescente, podrá, previo informe de expertos en la materia y en las condiciones establecidas en este Código, modificar, sustituir o revocar las medidas ordenadas.La vigilancia se ejercerá de oficio y, al menos, cada tres meses.El Juez Penal de Ejecución de Medidas actuará también a solicitud del adolescente, de su padre, madre, tutor o responsable y a solicitud del director de la institución en que el adolescente se encuentre ubicado. La repetición de una solicitud se admitirá solo cuando se alegan nuevos hechos, que la justifican.

Artículo 219.- DE LA PERSISTENCIA DE LAS MEDIDAS: Al cumplir el adolescente diez y ocho años de edad:a) una medida socioeducativa vigente será revocada, cuando no exista necesidad de su continuación por razones del cumplimiento de sus objetivos. En todos los casos, la medida socioeducativa terminará, cuando el adolescente cumpla veinte años de edad; y,b) una medida de imposición de obligaciones continuará hasta su cumplimiento total, cuando el Juez Penal de Ejecución de Medidas no la revoque por el mayor interés del adolescente.La medida privativa de libertad durará el tiempo máximo fijado en la sentencia respectiva, aunque el adolescente cumpla diez y ocho años de edad.En caso de una medida privativa de libertad, el Juez Penal de Ejecución de Medidas vigilará la posibilidad de ordenar una libertad condicional y la concederá, aplicando en lo pertinente el Artículo 51 del Código Penal.

Artículo 220.- DE LA EXTINCIÓN: Las medidas impuestas al adolescente se extinguirán:a) por llegar a su término;b) por cumplimiento;c) por fallecimiento del adolescente;d) por amnistía o por indulto; y,e) por prescripción.

Artículo 221.- DE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN: La prescripción de la acción se regirá por las reglas establecidas al efecto en el Código Penal, salvo en lo relativo a los plazos. En todos los casos, la acción prescribirá en un tiempo igual al máximo de duración de la medida privativa de libertad.

TITULO II

DEL PROCEDIMIENTO EN LA JURISDICCIÓN PENAL DE LA ADOLESCENCIACAPITULO IDE LA COMPETENCIA E INTEGRACIÓN

Artículo 222.- DE LA COMPETENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA EN LOS PROCESOS DE LA ADOLESCENCIA: La Corte Suprema de Justicia tiene competencia para:a) conocer y resolver del recurso de casación, de conformidad a lo establecido en el artículo pertinente;b) entender en las contiendas de competencia surgidas entre los órganos jurisdiccionales establecidos en este Código; y,c) los demás deberes y atribuciones que ésta u otras leyes le asignen.

Artículo 223.- DEL TRIBUNAL DE APELACIÓN PENAL DE LA ADOLESCENCIA: El Tribunal de Apelación Penal de la Adolescencia será competente para:a) conocer en segunda instancia de los recursos que se interpusiesen, conforme al Código Procesal Penal; b) resolver las recusaciones que se interpongan y las cuestiones de competencia que se presenten dentro del proceso regulado por este Código; y,c) las demás funciones que este Código u otras leyes le asignen.

Artículo 224.- DEL JUZGADO PENAL DE LA ADOLESCENCIA: El Juzgado Penal de la Adolescencia se integrará en forma unipersonal o colegiada, según se dispone en este artículo.El Juzgado Penal de la Adolescencia tiene competencia para:a) conocer en primera instancia de los hechos tipificados como delitos por la legislación penal ordinaria, atribuidas al adolescente;b) conocer en primera instancia, en forma de tribunal colegiado, de los hechos tipificados como crímenes por la legislación penal ordinaria, atribuidas al adolescente;c) procurar y sustanciar, en su caso, la conciliación; y,d) conocer de otros aspectos que este Código u otras leyes le fijen.

Artículo 225.- DE LOS REQUISITOS ESPECIALES PARA JUECES, FISCALES Y DEFENSORES PÚBLICOS: Los Jueces, Fiscales y Defensores Públicos que intervienen en procedimientos contra adolescentes deben reunir los requisitos generales para su cargo. Además, deben tener experiencia y capacidades especiales en materia de protección integral, educación y derechos humanos, especialmente de las personas privadas de libertad.

Artículo 226.- DEL JUEZ DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS: Los jueces de ejecución previstos en el Código Procesal Penal serán los encargados del cumplimiento de las medidas definitivas adoptadas por los jueces penales de la adolescencia.

Artículo 227.- DE LAS FUNCIONES DEL JUZGADO DE PAZ: El Juez de Paz será competente para entender en las cuestiones conferidas al mismo y establecidas en el Código Procesal Penal.

Artículo 228.- DEL FISCAL PENAL EN LOS PROCESOS DE LA ADOLESCENCIA: El Fiscal Penal en los procesos de la adolescencia ejercerá sus funciones de acuerdo con lo establecido en el Código Procesal Penal y la Ley Orgánica del Ministerio Público.

Artículo 229.- DEL DEFENSOR PUBLICO EN LOS PROCESOS DE LA ADOLESCENCIA: El Defensor Público deberá velar por el interés del adolescente y tendrá las funciones establecidas en este Código y en el Código de Organización Judicial.

Artículo 230.- DE LAS FUNCIONES DE LA POLICIA EN LOS PROCESOS DE LA ADOLESCENCIA: A los efectos de la aplicación de las disposiciones relativas a las infracciones a la ley penal cometidas por adolescentes, contenidas en la presente ley, la Policía Nacional deberá disponer de cuadros de personal especializado para desarrollar efectivamente los objetivos establecidos en ella.

CAPITULO II

DE LAS REGLAS ESPECIALES

Artículo 231.- DE LAS NORMAS APLICABLES: El procesamiento de un adolescente por la realización de un hecho punible será regido por disposiciones del Código Procesal Penal, en cuanto este Código no disponga algo distinto.

Artículo 232.- DE LAS MEDIDAS PROVISORIAS: Hasta que la sentencia quede firme, el Juzgad

o Penal de la Adolescencia podrá decretar medidas provisorias con el fin de promover la educación y de garantizar las prestaciones necesarias para el sustento del procesado.El Juzgado Penal de la Adolescencia podrá ordenar la internación transitoria del adolescente en un hogar adecuado, en espera de las medidas definitivas resultantes del proceso, si ello fuera recomendable para proteger al adolescente frente a influencias nocivas para su desarrollo y el peligro presente de la realización de nuevos hechos punibles.

Artículo 233.- DE LA PRISIÓN PREVENTIVA: La prisión privativa de un adolescente podrá ser decretada solo cuando con las medidas provisorias previstas en el Artículo 232, primer párrafo, de este Código no sea posible lograr su finalidad. Al considerar la proporcionalidad de la medida, se tendrá en cuenta la carga emocional que la ejecución de la misma implica para el adolescente. En caso de decretar la prisión preventiva, la orden debe manifestar expresamente las razones por las cuales otras medidas, en especial la internación transitoria en un hogar, no son suficientes y la prisión preventiva no es desproporcionada.En caso de que el adolescente no haya cumplido diez y seis años, la prisión preventiva podrá ser decretada por peligro de fuga, solo cuando éste:a) en el mismo procedimiento ya se haya fugado con anterioridad o cuando realice preparativos concretos para fugarse; o,b) no tenga arraigo.

Artículo 234.- DE LA REMISIÓN: En la etapa preparatoria, y con consentimiento del Tribunal, el Fiscal podrá prescindir de la persecución penal, cuando se den los presupuestos señalados en el Artículo 19 del Código Procesal Penal o cuando hayan sido ordenadas y ejecutadas las medidas educativas pertinentes.En las condiciones señaladas en el párrafo anterior, el Juzgado Penal de la Adolescencia podrá prescindir de la persecución penal en cualquier etapa del procedimiento.
Artículo 235.- DE LA RESERVA: Las actuaciones administrativas y judiciales serán reservadas. No se expedirán certificaciones, ni constancias de las diligencias practicadas en el procedimiento, salvo las solicitadas por las partes de acuerdo con sus derechos legales. El juicio oral, incluso la publicación de las resoluciones, no será público. Serán admitidos, junto con las partes y sus representantes legales y convencionales, si correspondiese y, en su caso, el asesor de prueba y un representante de la entidad en la cual el adolescente se halle alojado. Obrando razones especiales, el Juzgado Penal de la Adolescencia podrá admitir también otras personas.Las personas que intervengan durante el procedimiento o asistan al juicio oral guardarán reserva y discreción acerca de las investigaciones y actos realizados.

Artículo 236.- DE LA COMPROBACIÓN DE LA EDAD: Si en el transcurso del procedimiento se comprobase que la persona a quien se le atribuye un hecho punible es mayor de dieciocho años al momento de su comisión, el Juzgado Penal de la Adolescencia se declarará incompetente y remitirá los autos al Juzgado Penal que corresponda. Si fuese menor de catorce años, cesará el procedimiento y deberá informarse inmediatamente a la Consejería Municipal por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (CODENI) del municipio en que reside el niño, para su intervención.

Artículo 237.- DE LA PRORROGA ESPECIAL DE COMPETENCIA: Si la persona a quien se le imputa un hecho punible realizado durante la adolescencia, fuera procesada después de haber cumplido dieciocho años de edad, pero antes de alcanzar los veinte años de edad, se prorrogará la competencia del Juzgado Penal de la Adolescencia hasta completar el proceso, siempre que no hubiera prescripto la acción correspondiente.En el caso previsto en el párrafo anterior, si el imputado tuviese veinte años de edad o más, la competencia corresponderá al fuero penal común, siéndole aplicables las disposiciones penales generales, salvo en lo relativo a la duración de la pena, que se regirá por lo establecido en este Código.

Artículo 238.- DE LA REMISIÓN DE ANTECEDENTES A LA DEFENSORIA: El Juzgado Penal de la Adolescencia ante el cual se tramita un proceso sobre un hecho punible cometido por un adolescente, a solicitud del fiscal interviniente, cuando considere que el padre, la madre, tutores o responsables del adolescente hayan incurrido en una de las causales legales de privación o suspensión de la patria potestad o remoción de la guarda, remitirá los antecedentes al Defensor de la Niñez y la Adolescencia de la jurisdicción, para que promueva el correspondiente juicio.

Artículo 239.- DE LA RESOLUCIÓN: Sustanciado el juicio, el Juzgado Penal de la Adolescencia dictará sentencia que deberá:a) declarar absuelto al adolescente, dejar sin efecto las medidas impuestas y ordenar el archivo definitivo del expediente; o,b) condenar al adolescente e imponer las sanciones procedentes.La resolución deberá ser debidamente fundada.

Artículo 240.- DE LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN: La parte resolutiva de la sentencia se notificará personalmente a las partes en la misma audiencia, sin que ello exima al Juzgado de la fundamentación correspondiente, la que deberá constar por escrito.

Artículo 241.- DE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL PROCESO: El proceso terminará en forma anticipada:a) por las formas establecidas en el Código Procesal Penal; y,b) por la remisión. Artículo 242.- DE LA REMISIÓN: En todas las etapas procesales, el Juzgado Penal de la Adolescencia podrá examinar la posibilidad de no continuar el proceso, cuando el hecho punible estuviese sancionado en la legislación penal con pena privativa de libertad que no supere los dos años, basándose en el grado de responsabilidad, en el daño causado y en la reparación del mismo.En este caso, citará a las partes a una audiencia común y previo acuerdo con ellas, resolverá remitiendo al adolescente a programas comunitarios con el apoyo de su familia y bajo el control de la institución que los realice. Si no existiere acuerdo entre las partes, se continuará el proceso.

Artículo 243.- DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACIÓN: El recurso de apelación procederá contra las resoluciones dictadas por el Juzgado Penal de la Adolescencia de conformidad a lo establecido en el Código Procesal Penal.

Artículo 244.- DEL RECURSO DE CASACIÓN: El recurso de casación procederá, exclusivamente:a) cuando en la sentencia de condena se imponga una medida privativa de libertad mayor a tres años, y se alegue la inobservancia o errónea aplicación de un precepto constitucional; y,b) en las demás condiciones expresadas en el Código Procesal Penal.

CAPITULO II

DE LAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS

Artículo 245.- DE LOS DERECHOS EN LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS: Durante la ejecución de las medidas, el adolescente tiene derecho a:a) recibir información sobre:1. Sus derechos y obligaciones en relación a las personas o funcionarios que lo tuvieren bajo su responsabilidad;2. Las medidas y las etapas previstas para su reinserción social; y,3. El régimen interno de la institución que le resguarde, especialmente las medidas disciplinarias que puedan serle aplicadas;b) ser mantenido preferiblemente en su medio familiar y a que solo por excepción se ordene su privación de libertad, que deberá cumplirse en las condiciones más apropiadas para su formación integral;c) recibir los servicios de salud, sociales y educativos adecuados a su edad y condiciones, y a que se proporcionen por personas con la formación profesional requerida;d) comunicarse reservadamente con su defensor, el Fiscal interviniente y el Juez;e) comunicarse libremente con sus padres, tutores o responsables, y a mantener correspondencia, salvo prohibición expresa del Juez, con fundamento en el interés superior del adolescente; f) que su familia sea informada sobre los derechos que a ella le corresponden, y respecto de la situación y los derechos del adolescente;g) no ser trasladado arbitrariamente del centro donde cumple la medida privativa de libertad; el traslado sólo podrá realizarse por orden escrita del Juez de ejecución; h) no ser incomunicado en ningún caso, ni sometido a régimen de aislamiento, ni a la imposición de penas corporales; e,i) todos los demás derechos y garantías, que siendo inherentes a la dignidad humana, no se hallan expresamente enunciados.

Artículo 246.- DE LOS CENTROS DE RECLUSIÓN: En los centros no se deben admitir adolescentes, sin orden previa y escrita de la autoridad competente, y deben existir dentro de éstos las separaciones necesarias respecto de la edad, sexo y de prevenidos y condenados.

Artículo 247.- DEL FUNCIONAMIENTO: Los centros de reclusión para el adolescente deberán funcionar en locales adecuados, con personal capacitado en el área social, pedagógica y legal.La escolarización, la capacitación profesional y la recreación deben ser obligatorias en dichos centros, donde también se debe prestar especial atención al grupo familiar del adolescente, con el objeto de conservar y fomentar los vínculos familiares y su reinserción a su familia y a la sociedad.

Artículo 248.- DEL REGLAMENTO INTERNO: El reglamento interno de cada centro, debe respetar los derechos y garantías reconocidas en esta ley.Al momento del ingreso al Centro, el adolescente debe recibir copia del reglamento interno y un folleto que explique de modo claro y sencillo sus derechos y obligaciones. Si los mismos no supieren leer, se les comunicará la información de manera comprensible; se dejará constancia en el expediente de su entrega o de que se le ha brindado esta información.

TITULO III

CAPITULO ÚNICODE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y VIGENCIA

Artículo 249.- DE LAS REGLAS PARA LOS TRIBUNALES SUPERIORES: Al entrar en vigencia la presente ley, los Tribunales y la Corte Suprema de Justicia, según el caso, deberán revisar de oficio la totalidad de los procesos a su cargo, de acuerdo a las reglas siguientes:a) Los procesos instruidos o resueltos, de menores en estado de abandono material o moral, peligro o riesgo y demás actuaciones relacionados con dichos estados o cualquier otro hecho no regulado como delito o crimen, deberán ser remitidos dentro de un plazo que no exceda de treinta días a la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia;b) Los procesos en trámite, con base en hechos regulados como delito o crimen, contra adolescentes que al momento de la comisión del hecho, su edad estuviere comprendida entre los catorce y dieciocho años, continuarán tramitándose conforme a lo dispuesto en la presente ley y se resolverán de acuerdo a la misma; y si fuere el caso, se solicitará la investigación o la ampliación de ésta, a la Fiscalía General del Estado, o se citará a audiencia preparatoria para el juicio de la causa, la que deberá celebrarse en un término que no exceda de sesenta días. Los procesos concluidos respecto de estos adolescentes serán revisados cuando la medida se estuviere cumpliendo, para adecuarlas a la presente ley, dentro del término previsto para la revisión de las medidas; y,c) Los procesos penales con sentencia condenatoria ejecutoriada, y en cumplimiento de la pena, dictados por el Juzgado, serán revisados respecto de la sentencia, para aplicar las penas o medidas establecidas en la presente ley que sean más favorables al condenado.Si el proceso se encontrase en segunda instancia o en la Corte Suprema de Justicia, continuará tramitándose el recurso conforme a las disposiciones del Código Procesal Penal, aplicando la presente ley en todo lo que sea favorable al procesado.

Artículo 250.- DEL CENTRO DE ADOPCIONES: El Centro de Adopciones creado por Ley N° 1136/97 a partir de la promulgación de esta ley, pasará a depender de la Secretaría Nacional de la Niñez.

Artículo 251.- DE LA COMPETENCIA ESPECIAL PARA EL PROCEDIMIENTO: Cuando el adolescente fuese detenido en flagrancia y no existiere en el lugar dependencia del Ministerio Público, la autoridad que lo reciba deberá trasladarlo dentro de las seis horas siguientes a disposición de los jueces, quienes resolverán al momento de su disposición, si procede ordenar su libertad; si no procede, decretarán la medida provisional de privación de libertad y cumplirán lo dispuesto para su resguardo. En todo caso, el adolescente deberá permanecer en un sitio seguro e independiente de los lugares de detención para infractores sujetos a la legislación penal ordinaria.

Artículo 252.- DE LA VALIDEZ DE LOS ACTOS CUMPLIDOS: Los actos procesales cumplidos conforme a las disposiciones legales que se derogan o modifican conservarán su validez.

Artículo 253.- DE LOS JUZGADOS, TRIBUNALES Y FISCALÍAS DEL MENOR: A partir de la vigencia del presente Código, los Juzgados en lo Tutelar del Menor de Primera Instancia pasarán a ser nominados Juzgados de la Niñez y la Adolescencia y se integrarán conforme lo establecido en el Artículo 224 de este Código, el Tribunal de Apelaciones del Menor pasará a ser nominado Tribunal de Apelación de la Niñez y la Adolescencia.

Artículo 254.- DE LA INTERVENCIÓN TRANSITORIA DE LOS TRIBUNALES Y JUZGADOS ELECTORALES: Hasta tanto se implementen todos los órganos creados por este Código, y en especial la de los Artículos 160 y 161, los mismos estarán a cargo de los tribunales y juzgados electorales de la República.La Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Superior de Justicia Electoral coordinarán acciones para el cumplimiento de esta disposición.

Artículo 255.- DE LA INTERVENCIÓN TRANSITORIA DE LOS TRIBUNALES Y JUZGADOS PENALES: Hasta tanto se implementen todos los órganos creados por este Código y en especial los de los Artículos 223 y 224, los mismos estarán a cargo de los Tribunales y Juzgados en lo Penal de la República.

Artículo 256.- DE LOS ORGANISMOS EXISTENTES: Las actuaciones cumplidas por las Consejerías Municipales por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (CODENI) antes de la vigencia del presente Código conservarán su validez.A partir de la vigencia del presente Código, las Municipalidades que tengan habilitadas sus respectivas Consejerías, adecuarán las mismas a lo establecido en este Código para las Consejerías Municipales por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (CODENI).

Artículo 257.- DE LA DEROGATORIA: Deróganse la Ley N° 903 "Código del Menor", de fecha 18 de diciembre de 1981; y las disposiciones de la Sección I Del Trabajo de Menores y del Capítulo II Del Trabajo de Menores y Mujeres de la Ley Nº 213 "Código del Trabajo", de fecha 30 de octubre de 1993 modificada y ampliada por Ley Nº 496 de fecha 22 de agosto de 1995, en cuanto se opongan al presente Código; así como cualquier otra disposición contraria a este Código.

Artículo 258.- DE LA VIGENCIA: El presente Código entrará en vigencia a partir de los seis meses de su promulgación.

Artículo 259.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Aprobado el Proyecto de Ley por la Honorable Cámara de Senadores el cinco de diciembre del año dos mil, quedando sancionado el mismo por la Honorable Cámara de Diputados, el veintiocho de diciembre del año dos mil, de conformidad al artículo 207, numeral 3) de la Constitución Nacional. Objetada parcialmente por Decreto del Poder Ejecutivo N° 12086 del 6 de febrero de 2001, aceptada la objeción parcial confirmándose la sanción de la Ley en la parte no objetada por la H. Cámara de Senadores el tres de mayo de 2001 y por la H. Cámara de Diputados el 8 de mayo de 2001.Cándido Carmelo Vera Bejarano Presidente H. Cámara de Diputados Juan Roque Galeano VillalbaPresidente H. Cámara de SenadoresRosalino Andino ScavonneSecretario ParlamentarioIlda MayereregerSecretaria ParlamentariaAsunción, 30 de mayo de 2001

Téngase por Ley de la República, publíquese e insértese en el Registro Oficial.

El Presidente de la República: Luis Angel González Macchi.

Ministro de Justicia y Trabajo: Silvio Gustavo Ferreira Fernández.

http://www.derechoune.galeon.com/cvitae1210150.html